Hace cuatro años, en noviembre de 2021, siendo el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tomé una de las decisiones más trascendentales en mi vida profesional. Tras varias reuniones infructuosas con el titular de la institución, en las que le manifesté mi desacuerdo con las reformas que le realizó al reglamento interior en agosto de ese año y advertido de mi renuncia en caso de no dar marcha atrás a las mismas, envié, como último recurso, un comunicado a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, recién instalada en octubre de 2021.
En este documento, solicité a esa Comisión que su órgano técnico de apoyo, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), en el marco de sus atribuciones, emitiera una opinión respecto a la pertinencia de las reformas. Estas modificaciones eliminaron contrapesos institucionales fundamentales: desaparecieron el Consejo de Dirección -órgano de análisis, consulta y acuerdos- y la Unidad de Auditoría Interna que verificaba que las atribuciones de la ASF se ejercieran conforme a la normatividad aplicable. Además, se eliminaron las atribuciones de las áreas auditoras para elaborar los dictámenes técnicos base de las denuncias penales, concentrando esa facultad exclusivamente en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigaciones (AESII), un área no auditora que hoy decide qué asunto se solventa, se denuncia o se retrasa a conveniencia. Con ello, el titular de la ASF eliminó cualquier posible presión de los titulares de las áreas auditoras para presentar las denuncias procedentes.
Hasta ese momento, la Auditoría Especial a mi cargo había dado origen a 136 denuncias penales por casi 20 mil millones de pesos. Entre ellas, casos emblemáticos como la compra de las plantas chatarra de Agronitrogenados y de Fertinal, el socavón en el “Paso Exprés” de la autopista México-Acapulco, cuatro del caso Odebrecht y 30 del esquema conocido como “Estafa Maestra”. No es difícil imaginar que estas acciones generaron molestias entre quienes se vieron afectados. Por eso sostengo que el objetivo de las reformas fue claro: sacar de la jugada a las áreas auditoras y concentrar el poder de decisión en el titular de la ASF.
La respuesta de la Comisión de Vigilancia obedeció más a razones políticas que técnicas. Sin solicitar la opinión de la UEC, le otorgó un voto de confianza al Auditor Superior. Las reformas permanecieron, en detrimento de los objetivos institucionales, y yo decidí no continuar bajo las nuevas reglas.
Hoy, cuatro años después, es posible evaluar las consecuencias de esas decisiones. A partir de información que es pública disponible en el “Sistema de Consulta” y en el “Informe Semestral” que la ASF presenta a la Cámara de Diputados -el último con corte al 30 de septiembre de 2025- se puede trazar una línea clara entre la concentración de atribuciones y el debilitamiento del proceso sancionador.
El Sistema de Consulta muestra 9,244 asuntos correspondientes a la fiscalización de los años 2016 a 2023 en la etapa de investigación, que son asuntos que no fueron aclarados por los entes fiscalizados. De éstos, solo 1,841 han sido presentados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Es decir, apenas el 20% de estos asuntos han sido canalizados para buscar una sanción administrativa y recuperación económica.
Por su parte, el último “Informe Semestral” solo le reporta a la Cámara de Diputados asuntos de los años 2019 a 2023, omitiendo los de los años 2016 a 2018 que suman 5,157 casos. De estos, únicamente 1,829 se han presentado al TFJA, por lo que hay 3,328 casos pendientes de una resolución final. ¿Por qué ocultar información de asuntos que siguen en proceso, mostrando un número menor a los reales? Cabe advertir que este informe, regulado en la Ley de Fiscalización, se presenta incompleto.
Más grave aún: asuntos del año 2016, el Sistema de Consulta reporta 1,612 en etapa de investigación. De ellos, solo 487 han sido presentados ante el TFJA. Es decir, 1,125 asuntos permanecen sin resolución o sin haber sido enviados al tribunal. Muchos, puedo asegurarlo, están prescritos.
De la fiscalización realizada a los años 2019 a 2022, se han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción 27 denuncias. Por lo que se refiere a asuntos presentados al TFJA solo son 12. En total se han promovido 39 acciones que buscan algún tipo de sanción de un total de 5,513 asuntos observados con alguna posible irregularidad que suman 127,528 millones de pesos. Solo el 0.70% de las acciones buscan algún tipo de sanción.
Qué volumen de trabajo tan colosal heredará quien asuma la titularidad de la ASF a partir de marzo del próximo año. Los datos que aquí le presento no tendrán variaciones significativas.
Desde hace ya mucho tiempo he venido señalando que la AESII, bajo el control del titular de la ASF, es un “embudo” que impide el proceso ágil de los asuntos bajo su responsabilidad -pueden pasar años sin que a un asunto se le dé seguimiento en la etapa de investigación -. Es un “cuarto oscuro” porque los resultados de su trabajo no son públicos, por lo tanto, usted y yo no podemos conocer con qué elementos se aclaró un determinado asunto y es el cuarto desde donde pende la espada de Damocles sobre la cabeza de los entes fiscalizados y se administra la impunidad. No sé si la gran cantidad de asuntos que presentan un importante rezago en su atención deriva de ineficiencia o bien, es una estrategia política valiosa a la hora de buscar una reelección.
Experto en fiscalización.
X: @gldubernard