El Presidente de la República envió un paquete de reformas constitucionales al Congreso de la Unión. Algunas de estas iniciativas serán rehenes de los tiempos electorales, otras alcanzarán cierto análisis técnico y debate parlamentario para ser aprobadas.
Uno de los temas más apremiantes para los mexicanos es la salud, basta recordar que 50.4 millones de los nuestros no tienen acceso a estos servicios. Seguramente esta condición motivó al Presidente a emprender numerosas reformas al sistema de salud. La última iniciativa busca reformar el artículo 4º de la Constitución para que el Estado garantice “atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho…”.
Celebro la voluntad política del Presidente para fortalecer este derecho en nuestra Carta Magna; contar con su determinación y la voluntad del Legislativo, resulta un primer paso que nos brindaría a todos la valiosa posibilidad de exigir su cumplimiento incluso a través de un mandato judicial.
Por mi historia como legisladora y por los conocimientos obtenidos al liderar un esfuerzo global de salud, considero importante adicionar elementos a la iniciativa presidencial a fin de sentar las bases para un sistema de salud al servicio de la gente.
El primero es garantizar la cobertura. El acceso a los servicios de salud debe estar al alcance de todos y en el lugar que más convenga al usuario —concepto en el que coincido con Xavier Tello—, ya sea a través de sinergias con el sector privado (como ocurre en Colombia, Brasil o incluso Dinamarca) o en una onerosa construcción de clínicas y hospitales públicos comunitarios que cuenten con personal capacitado y confiable para la población; sólo así las personas más marginadas podrán acceder a servicios de salud.
El segundo es la incorporación en el texto del compromiso con la calidad en todos los servicios de salud. Calidad desde las consultas médicas hasta los tratamientos, medicamentos, etc. Mucho se ha debatido en México sobre las normas oficiales. ¿Cómo garantizar que los mexicanos tengamos acceso a la dinámica innovación que se genera en materia de salud? ¿Cómo distinguir entre un medicamento de calidad y uno de poca efectividad?
México también requiere, en tercero, proteger al personal de salud. Además de que necesitamos más personal, el Estado debe velar por todos los profesionales —en los sectores público y privado— que cuidan de nuestra salud en cada una de las etapas de atención, comenzando por una mejora salarial que refleje, no sólo su nivel profesional, sino también el riesgo y dedicación que ponen al atender a la población.
Considerando que los mexicanos nos enfermamos —y morimos— por causas en su mayoría prevenibles (75.2% de las personas mayores a 20 años presentan sobrepeso y obesidad, el 18.4% diabetes, y el 29.4% hipertensión arterial) es indispensable incluir la responsabilidad de implementar políticas de prevención, vacunación y diagnóstico oportuno a través del sector salud (e incluso del educativo).
Insisto en la urgencia de contar con un modelo de atención primaria a la salud que coloque a las personas y sus necesidades —en especial a las mujeres y niñas que continúan marginadas— al centro de las decisiones. Un modelo cercano a las comunidades, con plena capacidad de diagnóstico y respuesta para brindar servicios y tratamientos oportunos y de calidad.
Ojalá esta reforma sea utilizada como una gran oportunidad para diseñar políticas de salud al servicio de la gente y no de las burocracias.