Comienzo una nueva etapa en mi vida. Después de más de 2 décadas en el servicio público, en 2021 decidí hacer una pausa: no reelegirme como legisladora ni asumir alguna responsabilidad gubernamental. Desde entonces me desempeño como consultora para empresas, además de mantener mi amor al servicio público en responsabilidades globales como la alianza internacional UHC2030 y en mi calidad de Presidenta Honoraria de la Unión Interparlamentaria.
Esta semana inicié una nueva responsabilidad como integrante del consejo de administración de una empresa; disfruté el ambiente de trabajo, la precisión en los procesos de planeación, la posibilidad de aprender nuevos temas y la claridad para evaluar los resultados. De esa primera reunión me quedo con una lección: hay mucho que podrían aprender los políticos de los empresarios y viceversa.
En México no contamos con una política industrial incluyente. El gobierno establece sus objetivos y proyectos, mientras la iniciativa privada define sus propias metas. Esto no sucede en todos los países: en el mundo árabe los gobiernos trazan la ruta de largo plazo y los actores privados son parte medular de su implementación. En naciones más cercanas como Brasil, el comercio exterior está estrechamente relacionado con su estrategia diplomática. Para aprovechar las oportunidades globales necesitamos procesos nacionales de planeación gubernamental más profesionales, incluyentes y de largo plazo.
Nuestra política exterior requiere estrategia y rumbo. México ha aprovechado las ventajas de la relación comercial con Estados Unidos pero no así el resto de los tratados comerciales, ni ha iniciado negociaciones que nos permitan avanzar gradualmente hacia una verdadera diversificación. Al no haber una estrategia conjunta, las agrupaciones gremiales desconfían de las negociaciones gubernamentales en los tratados porque no se sienten representados ni defendidos por sus gobiernos, en lugar de concebirlos como oportunidades de expansión de beneficios.
El legislativo mexicano también tiene enorme responsabilidad que no ha asumido a cabalidad: compete a los legisladores diseñar los marcos regulatorios y presupuestales que mejoren la calidad de vida de las familias. El diálogo entre el Poder Legislativo y el sector privado debería ser una práctica constante, dinámica y transparente. Los marcos regulatorios tienen el poder de potenciar o destruir industrias enteras, de generar o devastar empleos, de fomentar la innovación o estancar el desarrollo; y los diseños fiscales y presupuestales son el instrumento de política pública más importante del país que termina aprobándose en las noches, entre poca información y muy reducidos márgenes de negociación.
Del lado del sector privado, aún falta aprender sobre los procesos de inclusión de las mujeres en la vida política. Las empresas deben aprender de las lecciones del sector público estableciendo mecanismos de capacitación, procesos e infraestructura, e incluso valorar la aplicación de cuotas de género voluntarias. Hace 20 años muchos lo discutían en la Cámara de Diputados, hoy nadie cuestiona la paridad en la integración del Legislativo. Un proceso adaptado debiera seguirse en el sector privado.
También resulta indispensable una mayor participación de la iniciativa privada en los procesos legislativos, ejecutivos y judiciales para conocerlos mejor e influir de forma más asertiva en la toma de decisiones y lograr sinergias. Estoy segura de que todos queremos un México con mejores condiciones de bienestar, tal vez lo primero que debemos hacer sea construir los puentes de diálogo e intercambiar las mejores prácticas.
