Todo indica que los mexicanos seremos testigos de largas precampañas y campañas rumbo a la Presidencia de la República que elegiremos en 2024. Leyes y reglamentos a un lado, las mayores fuerzas políticas han adelantado sus procesos de selección interna. Por una parte, alargar los tiempos electorales tendrá consecuencias negativas como elevar los gastos en precampañas y campañas sin que esto se traduzca en mejores mecanismos de fiscalización del INE y el TEPJF, o siquiera en mayor transparencia sobre el origen de esos recursos. Por otra parte, también generaría efectos positivos ya que al dedicar más tiempo a estos procesos la ciudadanía podría adquirir mayor información sobre las personas, sus propuestas, las plataformas de sus partidos o coaliciones y podría contrastarlos en los debates y foros de discusión.
Si bien existen numerosos temas en la agenda pública de México, al menos tres son trascendentes para el presente y futuro del país: combate a la corrupción, seguridad y justicia. A pesar de que en cada campaña escuchamos incontables discursos y propuestas, la realidad es que ha incrementado la crueldad con la que actúan los cárteles de la droga y grupos del crimen organizado, la extorsión se apropia de una mayor parte del territorio, más comunidades son desplazadas, la justicia es más lejana y opaca —tanto del lado de las fiscalías como de los poderes judiciales locales y federal— y la corrupción se percibe más frecuente. Nadie se hace responsable y todos reparten culpas.
Si sólo pudiera elegir uno de estos temas para preguntar a los futuros candidatos y candidatas, me centraría en sus propuestas para erradicar la corrupción porque si nuestras autoridades fueran honestas y honradas es muy probable que la justicia funcionaría mejor, los criminales no disfrutarían de la impunidad que han gozado durante décadas e incluso mejorarían nuestra competitividad y las condiciones de bienestar para las familias mexicanas.
Americas Society/Council of the Americas publicó la edición 2023 del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que analiza la capacidad de 15 países —que representan el 96% del PIB de América Latina— para detectar, sancionar y prevenir la corrupción. México fue ubicado en el lugar 12 con 3.87 de 10 puntos, sólo por encima de Guatemala, Bolivia y Venezuela. El Índice CCC estudia la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, entre otras variables. Por su parte, Transparency International en su Índice de Percepción de la Corrupción 2022 coloca a nuestro país en la posición 126 entre 180 países evaluados ya que obtiene únicamente 31 de 100 puntos.
El diagnóstico es claro, pero las soluciones son complejas; requieren tanto instituciones sólidas como voluntad política: ni funcionó el Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por el expresidente Peña Nieto —que aún hereda la “estafa maestra”, Pemex, entre muchas otras—, ni ha funcionado el voluntarismo del presidente López Obrador —donde no se han sancionado la corrupción en Segalmex ni el espionaje con Pegasus—. Ni antes ni ahora vemos a las fiscalías sancionando a los corruptos, obteniendo la reparación del daño o castigando a quienes abusan del poder y el presupuesto público.
Tal vez el primer paso está en nuestras manos; seamos los ciudadanos quienes pongamos el ejemplo en 2024: que ningún voto esté a la venta, que ningún chantaje quede sin denuncia y que ningún corrupto vuelva a llegar al servicio público.