Cuando se acuñó la frase de indignación “Fue el Estado” por los crímenes de Ayotzinapa, fue usada como consigna militante, identidad de indignación y denuncia vaga a entes abstractos, en fin, a una burbuja de esa red informal de poder a cuya sombra siempre actúan las instituciones. Pero qué o quiénes son ese Estado tan mentado, dónde habitan, cómo operan. Lo normal es dirigir el dedo contra las autoridades de gobiernos actuales o pasados. Sin embargo, la estridencia ideológica hace que el dedo acusador vaya de un lado al otro de la vasta red de oficinas y funcionarios. Tomemos el caso de Teuchitlán. Los familiares de desaparecidos descubren un campo (¿de entrenamiento, exterminio, nodo criminal, o todo eso y más? No lo sabemos). Pero en todo caso sabemos que el Estado mexicano es incapaz de proteger a la sociedad del crimen organizado, al que ha dejado crecer o cobijar y tejer con él alianzas inconfesables, aunque eso tampoco sabemos.
Mientras tanto, la concentración de poder en el Ejecutivo y el Congreso turbomorenista, el encargo de la seguridad pública a los militares, la coordinación federal a su suerte, la rendición de cuentas y el derecho a la información se fueron al diablo (con todo y sus instituciones). No pueden con el paquete y el cáncer crece. El fiscal general aseguró que eran las autoridades municipales y estatales las que primero debían encargarse del rancho Izaguirre, pero el fiscal jalisciense afirmó que la primera que conoció del lugar fue la Guardia Nacional (¡en septiembre pasado!). Un galimatías para empezar. Con la mañanera del miércoles y lo señalado en ella despunta lo siguiente: 1. El fiscal general señala a la fiscalía de Jalisco de omisiones (por lo menos) en los hechos del rancho Izaguirre; 2. la investigación será atraída por la FGR; y 3. “esto va en serio”. A diferencia de Guerrero (Ayotzinapa), el gobierno de Jalisco está en manos de un partido de oposición a Morena, así que eso de “va en serio” puede aplicarse a golpear opositores, por sus errores o sin ellos, mientras que a la Fiscalía no hay cómo hacerla rendir cuentas. Entonces, al parecer se pasa de los abrazos sin balazos a una nueva estrategia; de la tolerancia con el crimen organizado que proclamó, sostuvo, defendió y le fracasó a López Obrador a otra diferente. ¿Será para abrazarlo con mejores ropas o para combatirlo? nos preguntamos. Ya veremos.
Pero volvamos al fondo. El Estado ha perdido control de territorio, población y violencia legítima. En una palabra, soberanía. Y eso suponiendo que las altas autoridades estén del lado del orden constitucional y legal. En México el Estado es toda la Federación, desde el municipio hasta los poderes de la Unión, más los poderes informales “paraguas”. Cuando fallan las policías o la Guardia Nacional, falla el Estado, no hay excusa posible. A menos, claro, que el crimen organizado forme ya parte integral de las redes formales e informales de las que está hecho todo estado. Y esto no nos lo dicen o acaso tampoco lo saben.
Las explicaciones que panistas, priistas, morenistas o MC han dado están desacreditadas. Una y otra vez, no obstante la alternancia de partidos en el gobierno se mantiene la incapacidad de las autoridades para explicar, perseguir y controlar al crimen organizado. ¿Será también complicidad? La capacidad de los criminales para corromper o subyugar autoridades y gente común no encuentra contraparte en la respuesta del Estado del tamaño necesario, eficiente y suficiente. Hay quienes dicen que este ha sido “capturado” o que el crimen y la violencia le son “inherentes”, pero lo cierto es que, como en todo Estado, siempre existe una red de poder informal encima de su estructura formal. ¿Quiénes son esos con los que se topan autoridades del partido que sea y que ninguna puede siquiera nombrar, ya no digamos vencer? ¿Será que la colusión es ya “estructural” e irreversible? Tampoco lo sabemos y así estamos.
Investigador del IIS-UNAM. @pacovaldesu
