Es criticable que el procedimiento interno del Frente Amplio por México (FAM) se interrumpiera antes de la consulta en papeleta. A pesar de ello, aún truncado, el proceso fue un éxito: asumió las demandas de la sociedad civil demócrata y actuante, exhibió a los aspirantes y culminó con la selección de Xóchitl Gálvez, una candidata competitiva, autodefinida socialdemócrata y surgida de las filas de nuevos políticos vinculados tanto a los partidos como a las organizaciones sociales.
Todos los precandidatos lo insinuaron en los foros, pero Beatriz Paredes lo puso en blanco y negro: “Andrés Manuel López Obrador es un accidente histórico por los errores que cometimos […] porque no tuvimos la capacidad […] de resolver la problemática de los marginados, ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero sobre todo gobernar bien y con un compromiso con la justicia y la modernidad”.
Esta afirmación contiene en una nuez el universo de las fallas de Estado en que incurrieron los gobiernos de la transición democrática y que animaron la llegada al poder de ese “accidente histórico” que es el partido de la restauración autoritaria disfrazado de “transformación”. Digamos, matizando de paso, que las restauraciones autoritarias en México no son accidentes históricos, sino ciclos recurrentes, de los cuales el PRI fue uno de ellos. No obstante, la definición vale.
Este mea culpa puede servir de base para el programa de gobierno de coalición del FAM, a condición de que se adopte con seriedad. Hay que enfatizar que se trata de partidos y organizaciones sociales que buscan gobernar en coalición a partir de 2024 y cuentan a su favor con la insatisfacción política que se ha amplificado y alcanzado a muchos de quienes en 2018 decidieron apoyar la restauración creyendo que era lo contrario.
El FAM deberá formular un proyecto que amalgame las principales ideas propuestas por sus cuatro factores (tres partidos y las organizaciones civiles) con el balance de los errores y omisiones de los gobiernos anteriores y, desde luego, en oposición a la devastación de la democracia iniciada por la 4T.
Vida social y pública pareja, digna, es la base. El cumplimiento en la práctica de los derechos humanos es el fundamento de la nivelación del piso, no las dádivas de la 4T. Los preceptos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que forman el cuerpo central del régimen internacional de los derechos humanos son la mejor herramienta para hacer del gobierno de coalición una verdadera ruptura con el pasado. Son la esencia de los acuerdos suscritos por México con la comunidad internacional, pero que lo han sido sobre todo de jure: un paño para lavar la cara del Estado mexicano.
Cumplir cuesta. Implementar una política de Estado, constituyente y constitucional, basada en los derechos humanos es el proyecto político más avanzado que la humanidad tiene en el momento actual. Resume la acumulación de democracia con igualdad política y social que a México le urge, que la transición política no ha cumplido y que hoy se hace exigencia en la conciencia de multitudes. Plenas libertades políticas más cero pobreza y reducción radical de la desigualdad serían la consecuencia de ese cumplimiento.
La democracia es la reunión de los principios de inclusión igualitaria en las decisiones sin menoscabo de los derechos personales. La decepción con la política y la democracia puede ser revertida si las políticas de gobierno se alinean con los derechos humanos y se disponen la administración y las políticas públicas a darles cumplimiento. Ningún partido ha intentado esa combinación indispensable. Es tiempo de atreverse, para civilizar la economía, abrir las avenidas de la inclusión social y descartar el autoritarismo como opción de gobierno. Es la agenda socialdemócrata de nuevo cuño. Se antoja imposible, pero de no intentarlo, la alternativa es el abismo de la destrucción y la restauración de las peores prácticas de poder que el país ha conocido, ese “accidente” originado en “errores” que casi nos han costado la transición a la democracia.
