El discurso totalizante del populismo es en realidad un discurso excluyente. Es el polo opuesto del pluralismo democrático. Lo que no cabe en el libreto de la fuerza dominante no debe tener relevancia pública, aunque provenga del pueblo. Ese paradigma lo impuso AMLO durante su mandato. No sabemos qué modalidad tendrá esta característica del hegemonismo en el futuro cercano, pero hay intenciones ya formuladas. El armado del autoritarismo no ha concluido. Se desplaza a todo vapor en el mundo y en el caso de nuestro país la próxima pieza puede ser el cierre jurídico al pluralismo político.
En el grupo de iniciativas que AMLO envió al Congreso el pasado 5 de febrero está una —al parecer dormida— que propone la desdemocratización política y electoral. Ya traducida la exposición de motivos, el argumento que se esgrime se reduce a dos frases de sabiduría vulgar: “el sistema electoral actual es muy caro” y “si el pueblo ya está representado en el partido mayoritario no hace falta ningún otro”. La reforma se proponía: mermar las capacidades de los órganos electorales para la organización electoral y educación cívica, los partidos recibirían financiamiento público únicamente durante las campañas electorales y desaparecerían los legisladores de representación proporcional. Implícitamente en la iniciativa se da por hecho que el control electoral pasa a formar parte de las facultades no explícitas del partido en el gobierno. La sobrevivencia de únicamente los diputados (300) y senadores (64) de mayoría relativa nos regresaría al paradigma que se buscó dejar atrás con la adopción de las instituciones democráticas: el ganador se lleva todo y el perdedor lo pierde todo (aunque obtenga el 49 porciento de los votos). Se establecería, así, un sistema parecido, aunque no igual, al que gobernó a México entre 1920 y 1997. Para ilustrar el caso va un ejemplo. Si en los trescientos distritos electorales del país compiten candidatos de cinco partidos, el candidato que obtuviera la quinta parte más uno de los votos sería triunfador. Si esta posibilidad lógica se diera en todos los distritos, el resultado sería la conformación de las cámaras del Congreso con representantes de un solo partido que obtenga el veinte por ciento más uno del electorado, quedando fuera la voluntad del ochenta por ciento restante de los ciudadanos votantes. Esto se evitó con la cuña que se introdujo desde 1978 para que por medio de listas regionales entraran al Congreso representantes de partidos con base relevante, pero sin mayoría relativa.
Esta iniciativa de reforma constitucional está pensada como otro pilar más de la autocracia en proceso de edificación. Sería ya jurídicamente un régimen de partido dominante con una oposición convertida en un coro de voces situado al fondo del escenario y sin incidencia en el rumbo del país. Si esta reforma se concretara avanzaríamos un paso más en dirección opuesta a lo que exigiría un verdadero pluralismo, a saber, un cambio completo hacia la asignación de la misma proporción de asientos que de votos recibidos. Cámaras monocolores, partidos que no compiten y elecciones sin equidad. Ese es el panorama que ofrece ese proyecto de reforma.
El proyecto no llegó a término en la Legislatura pasada y fue desechado. Según versiones de prensa, no gustó mucho a los aliados de Morena porque podría eliminarlos del mapa. También se dice que fue a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum que lo sepultaron para que ella elabore su propia iniciativa en la materia. Hasta ahora no hay noticias públicas de que se cocine otro proyecto en el mismo sentido que el de AMLO o si, por el contrario, se respetaría el pluralismo político y la integridad electoral ya mermada desde la cúspide. Sin embargo, en la recientemente creada Comisión de Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados se mueven los lápices para escribir un nuevo proyecto. No hay ninguna razón para pensar que podría ser diferente del presentado por Obrador ni que estaría libre de su influencia para imponer la línea.
Investigador del IIS-UNAM.
@pacovaldesu
