El pasado 1 de junio se consolidó la destrucción del poder judicial autónomo e independiente de nuestro país, con ello México dejó de ser tanto una República como una democracia.
Para quienes celebran dicho retroceso social -una muy reducida minoría-, para quienes matizan el tamaño de lo ocurrido -pocos- e incluso para quienes entendemos el alcance de haber perdido la calidad democrática del país -la gran mayoría-, es importante recordar los riesgos individuales y colectivos que con ello sufriremos todos los mexicanos, los extranjeros que viven aquí, quienes decidan invertir en México y los turistas que se encuentran de paso por nuestro país.
Autores y teorías coinciden en que el elemento clave de una república es la existencia de contrapesos entre poderes; de la misma manera, el elemento clave de una democracia, es la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Cabe aclarar que este último principio es mucho más relevante del hecho que exista sufragio universal.
Asimismo, ningún autor ni alguna evidencia demuestran que una persona por el hecho de ser elegida por voto popular, se vuelva incorruptible o intachable.
Por ende, el mayor riesgo de destruir la república y la democracia es que con ello desaparece cualquier límite al poder, se permite cualquier abuso y las reglas se pueden cambiar a voluntad del régimen.
La Reforma al Poder Judicial se construyó bajo el argumento falaz que jueces, magistrados y ministros liberaban a delincuentes y servían a intereses particulares; que el voto popular acabaría con la corrupción y la colusión de los juzgadores con los delincuentes y corruptos.
Sin embargo, dicha reforma en ningún momento atendió la realidad del por qué en México más del 99% de los delitos queda impune: la enorme incapacidad institucional en materia de seguridad y procuración de justicia.
En nuestro país las policías y los integrantes de las fiscalías, están mal preparadas, mal equipadas, mal dirigidas, mal pagadas y mal tratadas. Los mejores entre sus integrantes, hacen lo que pueden con lo poco que tienen, los peores simplemente abandonan a las víctimas, se venden a los criminales, cometen errores, atropellos o delitos.
Es por eso que nuestro país tiene cárceles llenas de inocentes -y de personas que no han sido juzgadas- y calles llenas de delincuentes. Es por eso que los únicos delitos que -a veces- se sancionan son los que se detienen en flagrancia y que en muchos casos los policías y ministerios públicos que deben resolver un delito, optan por fabricar pruebas y culpables.
Claro que también en el Poder Judicial había errores, abusos y corrupción, no obstante, era la institución menos urgente de reformar.
Para los escépticos, para quienes aún insisten que antes el Poder Judicial obedecía a los poderosos y que gracias a una elección popular ya no habrá tales fallas, tomemos como ejemplo el caso de Florence Cassez.
En 2013 Suprema Corte de Justicia (SCJN) reconoció que el Estado violó consistentemente los derechos de la imputada -recordemos el montaje hecho por el entonces secretario de seguridad, Genaro García, entre otras faltas al debido proceso- y que por ello debía ser liberada.
No importó cuánto el gobierno de Calderón intentase incidir en la resolución de la SCJN, el Poder Judicial mostró su autonomía y se pegó a lo establecido en la Constitución.
En este nuevo país “no-democrático”, difícilmente veremos un caso similar, si la autoridad federal o estatal comete un atropello ¿cómo esperar que un juez, un magistrado o un ministro sea independiente y resuelva conforme a la ley? ¿Cómo esperar que un juzgador defienda los derechos de los ciudadanos y la Constitución y se oponga al Ejecutivo o al Legislativo? A mayor razón si consideramos que la reforma al Poder Judicial se diseñó de forma tal que nadie pueda ir en contra de los deseos del mandatario o del régimen en turno.
Otro buen ejemplo, es precisamente la elección del pasado domingo, pese a que se demostró que el proceso estuvo plagado de ilegalidades, acarreos, coacción y compra de votos ¿que juez o magistrado se atrevería a invalidar la elección? ¡Ninguno! Porque de no acatar las órdenes del oficialismo, correría graves riesgos -dado lo que se establece en la Reforma-.
Los efectos prácticos de todo lo anterior -que se consolida con una votación donde participó menos del 13% del padrón electoral- se empezarán a ver muy pronto.
Entre las consecuencias de que México ya no sea ni una república ni una democracia y que haya un nuevo Poder Judicial del Bienestar, veremos cómo se entorpecerán los procesos judiciales -entre la curva de aprendizaje de los neófitos, de los corruptos y de los que están absolutamente impreparados para ejercer el cargo-; cómo disminuirá la confianza de los inversionistas en el país; cómo se favorecerá un mayor control de los grupos políticos, criminales y de interés sobre los juzgadores; como será menos seguro para los turistas visitar México; cómo aumentarán los índices de impunidad; cómo se dificultará el acceso a la justicia; y que enorme gasto para las finanzas públicas implicará este nuevo Poder Judicial.
Es decir, con la Reforma al Poder Judicial los mexicanos perdimos mucho y no ganamos nada.
Ante todo ello y así como decía el famoso personaje de Chespirito “ y ahora ¿quién podrá defendernos?” Difícil saberlo en este panorama nada halagüeño, lo único seguro es que no será este nuevo Poder Judicial el que vele por nuestros derechos, esperemos que alguien tome el liderazgo e impulse una contrarreforma que reduzca los enormes efectos negativos de haber destruido los contrapesos y la igualdad frente a la ley entre los mexicanos.
Francisco Rivas
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