El presidente que encarnó la esperanza de millones de mexicanos; que prometió acabar con abrazos la violencia del país; que prometió acabar con la impunidad y corrupción, sacar al ejército de las calles, atender las causas que permitieron que el país sufriese los peores índices delictivos de su historia, dos años y medio después no tiene ningún éxito que reportar.
Si comparamos los primeros 28 meses de su administración contra el mismo periodo de Calderón y Peña podemos observar que, según datos oficiales, el homicidio doloso es respectivamente 118.47% y 68.70% mayor.
Dicho de otra manera, este es el peor y más violento arranque de una administración federal del México moderno.
Ante ello, la muy desgastada excusa que “el presidente heredó un desastre y todo es culpa de los conservadores que gobernaron antes” ya no funciona:
1. Porque ya pasó mucho tiempo desde que inició esta administración y tanto los datos oficiales que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como los datos que publica diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, exhiben que el homicidio va al alza.
2. Porque lo mismo le sucedió a sus antecesores (Calderón heredó una violencia creciente del periodo de gobierno de Fox y Peña los entonces mayores niveles de violencia de Calderón).
3. Porque aún si comparamos los últimos 28 meses del gobierno de Peña contra los primeros del gobierno de López los casos de homicidio dolosos son 9.43% mayores en esta administración.
Es decir, ya no es posible culpar al pasado dado que el país cada vez es más violento.
Entre los muchos otros fracasos en materia, destacan la incapacidad de combatir corrupción e impunidad y rendirles cuentas a la sociedad. Hoy se persiguen menos delitos y se obtienen menos sentencias condenatorias que en otras administraciones; aumentaron los casos donde la información en materia de gasto en seguridad es reservada y las asignaciones directas.
De igual forma la promesa de sacar al ejército de las calles no sólo no se cumplió sino que el ejército hoy controla toda la política de seguridad.
Cuando este gobierno eliminó la única institución civil a nivel federal de seguridad dejó en mano a los militares, los recursos, la formación y supervisión de la Guardia Nacional, así como el desplazamiento territorial y la definición de prioridades de las fuerzas federales.
Dicho protagonismo del ejército, lejos de reducir la violencia, la ha recrudecido, ha dificultado el acceso a la justicia para las víctimas, ha producido un aumentos en los casos de violaciones a derechos humanos y de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas federales.
Vivimos la peor crisis económica y de desempleo de la historia del país, ello jugará un rol importante en el aumento de la delincuencia.
En la medida en que los ciudadanos regresemos a nuestras actividades normales, muchos desempleados y muchos ciudadanos abandonados por verdaderas políticas sociales de prevención, optarán pos sumarse a la delincuencia.
Lamentablemente carecemos de planes que inhiban esta situación. Los “programas sociales”, que López califica de preventivos, carecen de las características y diseño de planes de prevención.
Asimismo, estas asignaciones de recursos se otorgan a poblaciones que son electoralmente apetecibles, mas no a aquellas con problemas situacionales que favorecen que los ciudadanos incursionen en la delincuencia.
Además, los recortes presupuestales promovidos por el gobierno federal y el congreso liderado por Morena, que se aplicaron a todo el aparato de seguridad y justicia del país, provocaron la desaparición de fondos de formación para las policías locales, la reducción de recursos para prevención del delito, procuración de justicia, sistema penitenciario, derechos humanos. Todo ello hace imposible transferir algo de corresponsabilidad por este desastre a estados y municipios.
Vamos mal, muy mal en seguridad. El respiro que nos dio la disminución de delitos comunes, resultado de la falta de gente en las calles, está llegando a su fin.
Los descensos de robos, secuestros y extorsiones celebrados por el presidente, su gabinete, sus voceros y sus huestes, como un indudable resultado de las políticas en seguridad de esta administración, se han terminado y poco a poco la violencia e inseguridad están retornando a los máximos niveles de la historia del país.
El gobierno federal, al intentar pasar como propios los descensos de incidencia delictiva -que en realidad fueron efecto de la pandemia- y al mutilar el aparato de seguridad tanto federal como local, se puso a sí mismo en un grave aprieto: ya no hay cómo culpar al pasado que los delitos que bajaron en el último año, ahora suban.
El gobierno federal no aprovechó el respiro que la pandemia le dio en materia de seguridad ni para elaborar un verdadero plan de combate a delitos y violencia, ni generó las condiciones para fortalecer las instituciones, ni creó alianzas estrategias locales o internacionales para ayudar en la materia.
En oposición, durante la pandemia desarticuló las instituciones encargadas de combatir los delitos, usó al Congreso para pasar reformas que carecen de criterios técnicos y hacen más fácil la comisión de delitos; promovió a secretarios y titulares de instituciones federales que obedecen ciegamente a ocurrencias y errores del presidente y no son capaces de guiar al Ejecutivo federal; eliminó los canales de comunicación con sociedad civil y expertos que podríamos ayudar.
En cuatro semanas los mexicanos saldremos a votar, espero que los resultados de esta elección permitan la creación de aquellos contrapesos, -inexistentes en este momento- que frenen tantos errores.
De la misma manera, espero que el fracaso de este gobierno en materia de seguridad y justicia produzca una justa sanción en las urnas para López y MORENA y ello impulse tanto en el presidente como en su partido el abandono de excusas y ocurrencias que tanto daño le han hecho a nuestro país.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
