A nivel nacional, en el primer trimestre de este año se iniciaron 1995 carpetas de investigación por extorsión, lo que representa una cada 65 minutos.
De manera similar ocurrió en 2020, cuando la autoridad inició una investigación cada 66 minutos, con un total de 7960.
La extorsión, desde la práctica de registro e investigación por parte de la autoridad, es un delito que incluye las amenazas, los engaños, los secuestros virtuales, delitos que suceden principalmente por vía telefónica y el denominado derecho de piso, que es la extorsión que ocurre de manera presencial y que afecta principalmente a las actividades productivas.
Pese a que sociedad civil, cámaras empresariales y académicos hemos solicitado se desagregue la información para poder distinguir una modalidad de extorsión de otra -y así poder desarrollar estrategias diferenciadas para prevenir, perseguir y sancionar el delito-, hasta el momento el conjunto de autoridades ha hecho oídos sordos a dicha solicitud.
De tal suerte que es imposible saber con exactitud cuántas carpetas de investigación se inician día a día en las procuradurías y fiscalías de todo el país por cada una de las modalidades incluidas en el tipo penal, menos aún conocer el porcentaje de casos donde la víctima accede a la justicia, recibe alguna reparación del daño y qué porcentaje de delincuentes recibe una sanción.
El dato que nos da un norte sobre la naturaleza de este delito, lo ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que refiere a través de su encuesta de victimización que el 90% de los casos corresponde a la categoría de engaños y amenazas telefónicas y el 10% a la extorsión presencial.
Asimismo, el INEGI estima que la cifra negra de este delito, es decir, los casos no denunciados o no investigados por este delito, es del 98.9%. Dicho de otra manera, por cada 100 extorsiones que se cometen, la autoridad desconoce 99 y apenas 1 sí se “investiga”.
Si tomamos en cuenta este dato, significa que cada 6 minutos en el país ocurre una extorsión y el número total de ellas en tan sólo los primeros tres meses de este año ronda las 20 mil.
Al analizar el comportamiento histórico de este delito podemos ver que 2013 y 2019 se encuentran empatados como los años con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes, inmediatamente seguidas por el 2020.
Estos datos harían suponer que federación y estados han puesto la extorsión al centro de sus preocupaciones y han desarrollado una estrategia puntual que permita velar por el bienestar de los mexicanos, prevenir y perseguir el delito, sancionar a los delincuentes.
Sin embargo, nada más alejado de la realidad, las entidades no cuentan con la capacidad para captar los delitos e investigarlos y por ello en muchos casos apuestan a disuadir la denuncia, en registrarla bajo otra modalidad o simplemente en dejarla como una carpeta más de investigación que duerme el sueño de los justos en alguna agencia del ministerio público del país.
De manera similar, tanto la federación como las entidades repiten una y otra vez campañas de comunicación dirigidas al ciudadano, que obtienen resultados marginales durante e inmediatamente después de la transmisión pública de dichos mensajes, pero que en el mediano-largo plazo pierden de efectividad.
Peor aún, a nivel nacional se proponen reformas normativas que esconden obscuros intereses y ponen en riesgo la privacidad y el derecho a la identidad de los ciudadanos. Estas políticas públicas fueron impulsadas por el gobierno de Calderón hace una década y hoy -copiando a sus antecesores, pero redoblando riesgos de violación de derechos humanos- el gobierno y el partido de López, replican las acciones.
En 2010 el gobierno federal impulsó la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) bajo el argumento de combatir los delitos que ocurren a través de este medio.
Como de costumbre en nuestro país la política pública fue puesta en marcha sin los recursos necesarios para que pudiese funcionar, resultó en un cúmulo de molestias para los usuarios y, tras ampliar los tiempos fatales, finalmente quedó sin efectos porque no había forma de hacerla cumplir.
La semana pasada los legisladores de MORENA impulsaron la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM) bajo el mismo argumento que hiciese Calderón y el PAN en su momento: combatir la extorsión y los delitos que se cometen a través de la telefonía móvil.
Si el RENAUT tuvo problemas de diseño e implementación, con el PNUTM se agudizarían los problemas porque:
(1) pone en riesgo a las personas dado que incluye el registro de los datos biométricos de los usuarios a través de mecanismos ambiguos de registro y conservación;
(2) asume como prueba en contra del dueño de la línea si ésta llega a ser parte de una investigación criminal;
(3) olvida que en nuestro país, según estimaciones de INEGI ocurren más de un millón de robos al mes y en ellos la víctima es casi siempre privada de su celular;
(4) en nuestro país las plataformas de denuncia virtual no siempre funcionan bien, que los robos con violencia deben ser ratificados ante el ministerio público, que los tiempos de denuncia actuales oscilan entre los 40 minutos en las entidades más efectivas (como Guanajuato) y en más de 4 horas en la mayor parte del país. Ello es efecto del exceso de cargas de trabajo y aumentar el número de denuncias con los actuales recursos derivaría en un mayor problema de rezago en la atención de denuncias;
(5) la población en general desconoce derechos y obligaciones;
(6) de ser víctima de robo de celular y éste sea usado para delinquir, las personas deberán acudir a servicios profesionales privados para defenderse ya que la autoridad ministerial no cuenta con un número suficiente de defensores de oficio;
(7) en México sobran casos de venta de bases de información personal y una base de datos que incluya datos biométricos pone en serio riesgo de robo de identidad a los usuarios;
(8) el comercio de celulares ocurre tanto en mercados formales como informales, donde un mismo aparato y línea pudo haber pasado por varios propietarios;
(9) los delincuentes no irán a registrar sus datos, simplemente necesitarán aumentar el número de robos de celulares.
Todo ello además resulta innecesario si la autoridad cumpliese con investigar el delito, perseguir a los delincuentes, dar de baja los números que en reiteradas ocasiones son denunciados por este y otros delitos y cumplir con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente desde enero de 2009.
Si como lo ha hecho público la misma Secretaría de Gobernación, más de la mitad de las llamadas de extorsión provienen de los penales del país ¿para qué necesitan un registro de datos que pone en riesgo la seguridad e identidad de los ciudadanos en vez de impedir la entrada de celulares, su uso por delincuentes y bloquear la señal que sale de los centros penitenciarios ya a cargo de las autoridades de todo el país?
Tan sólo cumpliendo con su trabajo y lo que les obliga la ley, la autoridad podría reducir en más del 50% las extorsiones, así como fraudes, secuestros, trata y tráfico de personas, narcotráfico, corrupción entre muchos otros delitos.
¿Para qué los senadores y diputados de MORENA quieren los datos biométricos de los ciudadanos, poner en riesgo la identidad de usuarios, generar molestias innecesarias a personas e instituciones cuando no cuentan con un plan ni los recursos para hacer cumplir la ley? Aún más ¿Para qué impulsar una ley que seguramente resultará inconstitucional bajo el argumento que quieren combatir los delitos cuando ya cuentan con un marco normativo y los insumos para combatirlos y no lo hacen?
La historia atribuye al filosofo latino Seneca la frase “errare humanum est, sed perseverare diabolicum” ¿Por qué MORENA quiere copiar los errores de Calderón y Peña? ¿Por qué apostar a campañas, políticas y normas que se han demostrado un fracaso en vez de apegarse a la ley?
Esperemos que López recapacite y vea que esta medida es un refrito del pasado que fracasó y que de nuevo habrá de fracasar con efectos más graves y exponiendo a quién sabe qué fraudes y de qué naturaleza a los ciudadanos. De lo contrario tendríamos que preguntarnos si es precisamente esto lo que MORENA busca, hacer vulnerable al fraude a los mexicanos.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
