El pasado 23 de septiembre el presidente López informó que se llevará a cabo una Consulta Popular con el fin de que los ciudadanos evalúen la creación y desempeño de la Guardia Nacional (GN), dónde debe quedar adscrita y si las fuerzas armadas deben retornar a los cuarteles en marzo de 2024 o proseguir en labores de seguridad hasta 2028.
Lo que el Ejecutivo Federal no explicó es que el Artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular establece que no podrán ser objeto de Consulta la seguridad nacional; la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente; entre otros derechos humanos y aspectos fundamentales del funcionamiento del Estado.
¿Qué busca en realidad el presidente? Probablemente abonar a su discurso “que el pueblo quiere que la GN sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y que las Fuerzas Armadas (FFAA) sigan en labores de seguridad hasta 2028”; descargar la responsabilidad en los poderes Legislativo y Judicial -que no pueden avalar dichas reformas-, bajo el argumento que él quiso atender la voluntad del pueblo, pero se lo impidieron; identificar qué tanta capacidad conserva de convocar a los ciudadanos de cara a las elecciones de 2023 y 2024.
De otra manera no se explica el porqué el presidente quiere tirar dinero público en un ejercicio inconstitucional.
Al ser una consulta inconstitucional el INE está impedido de llevarla a cabo. Por ello será la SEGOB la que instale 68,989 “casillas”.
¿Cuánto dinero de nuestros impuestos se tirará? ¡Mucho! Entre el tiempo y salarios de los funcionarios involucrados en este ejercicio; la impresión y distribución de las papeletas, de folletos informativos; la instalación de las “casillas”.
¿Qué mecanismos de validación tendrá? ¡Ninguno! El gobierno y sus adeptos auto certificarán de que todo se llevó a cabo con honestidad.
¿Cómo se garantizará que nuestros datos personales serán protegidos? ¡No se ha establecido un mecanismo!
¿Qué resultado se obtendrá? ¡Ninguno! O por lo menos no para modificar la norma y atender la voluntad “del pueblo bueno que participe”.
Si todo ello no fuese suficiente, el insistir en una consulta inconstitucional exhibe el desprecio por la ley del presidente y la falta de profesionalismo de él y su equipo.
Tan sólo revisemos las preguntas que serán consultadas:
1. ¿Está de acuerdo con la creación de la GN y con su desempeño hasta ahora?
2. ¿Considera que las FFAA, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?
3. ¿Cuál es tu opinión de que la GN pase a formar parte de la SEDENA o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?
Más allá los graves errores de sintaxis y contenido, debe preocupar que:
⁃ El gobierno quiera consultarle al ciudadano si está de acuerdo en la creación de una institución que está en la Constitución desde 2019.
⁃ Que dicha pregunta desestime la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad de INEGI que confirmó que 8 de cada 10 ciudadanos confían en la GN.
⁃ Que fue el Congreso de la Unión, dominado por Morena, el que propuso que las FFAA regresen a sus cuarteles en marzo de 2024 y es el PRI el que propuso la reforma a los transitorios de dicha ley, para que estos sigan hasta 2028 en labores de seguridad.
⁃ Que no existe un plan público que nos explique de manera objetiva los fines, costos y alcance de cada una las posibles respuestas.
⁃ Dado que no existe a nivel federal una Secretaría de Seguridad Pública -existe una Secretaría de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) - ¿la consulta propone la creación de una nueva secretaría, modificar la que existe o nadie sabe el nombre de la actual SSPC?
En resumen ¡todo mal!
Mientras el Presupuesto de Egresos para 2023 confirma que las policías municipales, por tercer año consecutivo, no contarán con un sólo peso para su fortalecimiento y que, en lo que va de esta administración, las policías y fiscalías estatales, la FGR, las comisiones de Derechos Humanos y el sistema penitenciario han perdido entre el 30 y el 40% de su presupuesto, el gobierno federal tira el dinero en consultas inconstitucionales.
¡Qué mal están las prioridades de este gobierno y la brújula moral del presidente! Es lamentable que en vez de llevar a cabo un ejercicio de buen gobierno, los funcionarios y nuestro mandatario intenten esta farsa para evitar responsabilizarse del fracaso en conformar la GN y en recuperar la paz.
Al presidente evidentemente ya no le importa cumplir sus promesas, a estas alturas es imposible que logre formar una GN civil, capaz, con 175 mil elementos; tampoco tiene interés en cumplir su promesa de regresar las FFAA a los cuarteles antes de la fin de su sexenio y menos aún que el homicidio doloso disminuiría en 40% respecto al sexenio de Peña -de hecho creció 60% respecto a ese sexenio y 104% respecto al de Calderón-.
Es muy lamentable que el presidente engañe impunemente a los ciudadanos; desvirtúe un mecanismo tan relevante como la Consulta Popular; tire a la basura el dinero de los mexicanos -especialmente cuando las instituciones de seguridad del país viven condiciones críticas-; que no tenga interés en cumplir sus promesas de campaña ni explicar porqué fracasó; que viole la Constitución e intente vulnerar los otros poderes del Estado.
Esta consulta, cara, peligrosa e inconstitucional, resume el actuar de un gobierno y un presidente que no parece tener escrúpulos ni respeto por la ley.
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Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
