Este jueves 23 de octubre en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentaremos el análisis de qué ocurrió en materia de seguridad en el primer año de la actual administración federal.
Entre los hallazgos, destacamos el aumento significativo de operativos, detenciones, aseguramientos y decomisos, así como la reducción de la incidencia de casi todos los delitos.
El principal logro del gobierno de la presidenta Sheinbaum es indudablemente el haber combatido el así llamado “huachicol fiscal”, un delito que generó el fortalecimiento de redes criminales y representó un daño al erario por centenares de miles de millones de pesos.
Según la estadística oficial en el periodo octubre 2024-septiembre 2025 el homicidio doloso disminuyó 14.5%; el feminicidio 16.8%; el secuestro 17.6% y los diferentes tipos de robos entre el 3.4% y el 19.4%.
En contraste, la desaparición de personas creció 17.2%; la extorsión 5.3% y el narcomenudeo 10.8%.
De estos últimos delitos, sobresale la puesta en marcha de una estrategia integral de combate a la extorsión, que incluyen reformas normativas, construcción de capacidades institucionales y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, así como la protección de víctimas y denunciantes.
Lamentablemente, los efectos de dicha política pública aún tardan en cristalizarse, la extorsión sigue siendo un delito de altísima incidencia, que afecta el patrimonio de millones de mexicanos, la producción, innovación, la competitividad, el costo de la vida, al tiempo que genera graves situaciones de violencia.
Un claro ejemplo es lo ocurrido el pasado lunes en Michoacán con el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
Bernardo había denunciado en reiteradas ocasiones la situación que se vive respecto a la extorsión presencial en el campo mexicano, pese a las denuncias, el delito sigue consumándose y cobra vidas diariamente como fue en su caso.
De manera similar, pese a las declaraciones oficiales que celebran mejoras sustantivas respecto a la ocurrencia de hechos violentos, el crecimiento del 17.2% de las desapariciones de personas en el periodo octubre 2024 a septiembre 2025, es un fuerte llamado de atención al gobierno federal.
De hecho, cabe preguntarse qué tanto la reducción de homicidios dolosos es efecto de una buena estrategia de seguridad o se debe a que los gobiernos de todo el país no buscan suficientemente a los desparecidos, que en muchas ocasiones ya fueron privados de la vida.
Es urgente que la administración de la presidenta Sheinbaum haga su parte en la búsqueda de personas desaparecidas, colabore con los colectivos y rinda cuentas, si quiere evitar que su sexenio sea el de mayor ocurrencia de este delito. Recordemos que de mantenerse la actual tendencia, 2025 cerrará como el peor año en materia de desaparición de personas de la historia del país.
En el análisis que presentamos también se identifican algunos focos rojos como el de Sinaloa, Colima, Guanajuato y Morelos entidades que preocupan por sus altos índices de violencia y aquellas entidades con los mejores números de incidencia delictiva.
Entre las recomendaciones con las que cierra el documento, se señala las necesidad de crecer la inversión en materia de seguridad y justicia con el fin de aumentar los efectivos que integran el estado de fuerza de policías, fiscalías y sistema penitenciario -tanto local como federal-, capacitarles y equiparlos.
Ya en 2024 en el ONC publicamos un estudio que estima que para que el Estado Mexicano pueda fortalecer sus instituciones a nivel del reto que enfrenta, el Ejecutivo y el Legislativo deberían crecer las aportaciones federales en el orden de los 225 mil millones de pesos por año (aquí el documento https://onc.org.mx/public/onc_site/uploads/comunicados/transformacion-o-retroceso/estudio.pdf)
Otra recomendación se centra en señalar el debilitamiento de la calidad de la estadística delictiva. Desde hace 5 años han surgido importantes inconsistencias en torno a registros como el homicidio doloso, el homicidio culposo, los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, los de secuestro y los de delitos que atentan contra la libertad personal.
Por ello y dada la importancia de dichos registros, se sugiere que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleve a cabo una revisión de la metodología y consistencia con las que se construyen las bases estadísticas por parte de las fiscalías de todo el país alimentan.
En resumen, el primer año de implementación de la estrategia de seguridad del gobierno federal se ha caracterizado por un significativo aumento de operativos, detenciones, aseguramientos y decomisos; por la puesta en marcha de acciones específicas para reducir los delitos y por un sólido liderazgo del gabinete de seguridad.
Dichos avances, si bien importantes, requieren completarse con estrategias que atiendan la prevención de delitos que siguen creciendo, que pongan al centro a las víctimas y que sirvan para recuperar la seguridad en todo el territorio nacional.
