Sinaloa ¿se acabó la defensa de lo indefendible?

Antes o después todo mandatario debe enfrentar la decisión de servir a su país o favorecer a su grupo político.

Si bien la decisión correcta parece obvia, hacer lo mejor para la nación -un gobierno está obligado a respetar y hacer respetar las normas sin distingos ni privilegios-, la realidad es que es mucho más frecuente que entre políticos se protejan sin importar las consecuencias para los gobernados.

Cuando ello ocurre, el gobernante pierde legitimidad y desperdicia la gran oportunidad de elevarse como persona de Estado, como demócrata, al tiempo que debilita la confianza en las instituciones y en el país.

En lo que va del año, el gobierno de la presidenta Sheinbaum pudo haber mostrado su lealtad a México, pudo ser solidario con las víctimas de la delincuencia organizada, pudo haber puesto un alto a la narcopolítica en Sinaloa, pudo demostrar con hechos que su administración no permite nexos de nadie con la criminalidad organizada ¡y no! Por lo menos hasta la semana pasada decidió no hacerlo, decidió que era más importante proteger a su movimiento político.

Hace poco más de tres meses el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de un senador en funciones, de un alcalde en funciones y de otros altos funcionarios de la entidad que militan en Morena, por presuntos delitos de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Lo que los ciudadanos hemos podido observar desde entonces, es una serie de burlas para nuestro país y para el Departamento de Justicia de nuestro principal socio estratégico.

Primero, tras la solicitud de extradición de esos 10 políticos morenistas, el entonces gobernador Rocha apareció en el legislativo federal donde fue recibido como mártir nacional, se le brindaron todos los espaldarazos posibles al grito de “no estás solo”.

Luego llegó su solicitud de separarse del cargo; bajo el argumento de permitir las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) -mismas que servirían para desmentir cualquier tipo de acusación en su contra-, Rocha se separó de la gubernatura con la solidaridad y apoyo de su partido y la clara protección desde la presidencia de la República.

Por tres meses no supimos dónde se encontraba el gobernador con licencia y si contaba o no con servicio de protección por parte de autoridad alguna.

El último acto de esta tragicomedia ocurrió este fin de semana, el viernes el mismo Rocha anunció que regresaría a sus funciones como gobernador constitucional de Sinaloa, una decisión que parecería unipersonal y que aparentemente también tomó por sorpresa a la presidenta Sheinbaum y a las diligencias locales y nacional de su partido.

Al regresar al cargo, Rocha describió su decisión como la necesidad de cumplir con sus responsabilidades, que regresaba con la frente en alto, libre de cualquier calumnia injerencista de gobiernos extranjeros y de la ultraderecha nacional e internacional.

Este hecho generó todo tipo de respuestas, muchos entre los comunicadores afines a la autodenominada 4T empezaron por celebrar el retorno de Rocha, luego tuvieron que borrar sus publicaciones y condenar el hecho. La dirigencia partidista repudió la decisión e incluso quienes por meses repitieron “Rocha no estás solo”, se deslindaron de él.

La misma presidenta de la República se mostró molesta y lo manifestó en un duro mensaje. Sheinbaum afirmó que el oficio del servicio público debe ser guiado por el interés del pueblo y no por intereses personales.

Menos de 24 horas, después de haber regresado, Rocha acusó el golpe y volvió a solicitar licencia.

En su conferencia mañanera de este lunes la presidenta volvió a manifestar su inconformidad.

Señaló que la FGR mantiene investigaciones en contra de Rocha y los otros nueve acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que si -en palabras de Sheinbaum- “el ex gobernador o gobernador con licencia era encontrado culpable, enfrentaría las consecuencias”.

¿Acaso se acabó la protección hacia los señalados de ser parte de una estructura de narcopolítica en Sinaloa? Difícil saberlo en este momento, aunque es deseable que así sea.

Puede que la decisión -que evidentemente no fue consultada y que no evaluó el costo que conllevaría para el Gobierno Federal y para su partido- haya generado una grave irritación en la presidenta y por ello decida romper con el lastre político que dichos morenistas sinaloenses le representan, como puede que simplemente sea una reacción del momento para indicar que este tipo de situaciones no se pueden repetir sin que ella lo haya autorizado.

Para saber si la impunidad se les acabó a los sinaloenses señalados de narcopolítica, habrá que ver cómo se conduce la FGR en las próximas semanas, en torno a las supuestas investigaciones que están en curso.

Hasta el momento nada indica que verdaderamente haya una investigación seria, que se revisen las pruebas y se busque perseguir a la narcopolítica que impera en Sinaloa.

Las evidencias sobran: bastaría con investigar las denuncias de los adversarios políticos secuestrados previo a las elecciones de 2021; con leer las declaraciones del Mayo Zambada hechas en Nueva York, en esa misma corte que acusa a Rocha; con analizar el montaje que armó la fiscalía estatal entorno al homicidio de Héctor Melesio Cuén -gran adversario político del ahora gobernador con licencia-, o con tan sólo leer el estudio sobre delitos electorales, violencia electoral y violencia electoral por condición de género que elaboramos en 2021 en el Observatorio Nacional Ciudadano.

Sí, de nuevo la presidenta deberá enfrentar la decisión de si hace respetar la ley o protege a sus compañeros de partido. Lo que decida marcará el un rumbo para el país y será su más importante legado, uno de democracia y Estado de Derecho o uno de la consolidación de un México controlado por la delincuencia organizada.

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