¿Cómo se define si una persona es víctima de homicidio doloso en nuestro país? En México, una persona es considerada víctima de homicidio doloso cuando ha sido privada de la vida de manera intencional. El Código Penal Federal y los códigos penales estatales establecen dicha clasificación si (1) quien cometió el delito actuó con la intención de matar o (2) si pese a que el sujeto activo sabía que sus actos podía causar la muerte de otro, los ejecutó -esto último se conoce como dolo eventual-.
Para ello, las fiscalías analizan el tipo de arma que se usó; las heridas sufridas; cómo ocurrió el delito; los testimonios y pruebas forenses que existan.
Con base en lo anterior, una persona que fue privada de su libertad, violentada, exhibida -usada como ejemplo para quienes pensasen en resistir a pagar derecho de piso-, debería ser considerada una víctima de homicidio doloso.
Sin embargo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, evidentemente opina de otra manera. Ante el caso de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista, quien tras haber sido extorsionada por la Mafia Veracruzana, fue privada de su libertad, violentada y encontrada sin vida, la mandataria se resistió a definirla como víctima de homicidio doloso, alegando que el reporte de un médico general -que carece de la especialidad forense-, señala un paro cardiaco, como causa de muerte.
Evidentemente Nahle desconoce el código penal de la entidad que gobierna, donde los “cómo ocurrió el hecho” ayudan a definir la intencionalidad en dicho homicidio.
El hecho es lamentable por donde se le vea, en Veracruz (i) hay una delincuencia capaz de operar en la impunidad, que puede privar de la libertad a quien quiera, en plena vía pública, en pleno día, para luego violentarle y privarla de la vida; (ii) una sociedad donde quien se atreva a resistirse a los criminales, pagará terribles consecuencias; (iii) autoridades que conocieron el hecho y fueron incapaces de salvar a una mujer trabajadora; (iv) una mandataria que minimiza los hechos y públicamente vulnera los derechos de la víctima.
Tocará esperar un tiempo para saber finalmente cómo fue clasificado este hecho, si se registra como un homicidio doloso, como un homicidio culposo -aquel que ocurre por negligencia, imprudencia o impericia y que carece de una intencionalidad- o simplemente como la muerte de alguien por un hecho natural.
Dicho sea de paso, lo sabremos si es que -malamente- no reservan la información por algún motivo.
Casos como estos no son nuevos y sí son comunes, pese a lo que establece la norma, en muchos casos las fiscalías siguen registrando los delitos de una manera discrecional y errónea ya sea por falta de capacitación del personal, por deficiencias en la investigación o por el mero interés de manipular la estadística pública.
Recordemos que los registros oficiales de carpetas de investigación son uno de los principales indicadores con los que se evalúan las políticas de seguridad. Es decir, si la estadística delictiva baja, aparentemente las cosas van bien.
En México, cuando hace poco más de 20 años la incidencia delictiva, la violencia y la inseguridad que vivimos los ciudadanos, se volvió un problema, se requirió construir una base estadística de delitos que permitiese entender el rumbo del país y que es la que aún se usa.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), colaboramos con las autoridades desde su creación. Por años capacitamos, ayudamos a implementar y evaluamos el desempeño institucional, en torno a la construcción de dicha herramienta. Ello, nos permitió entender sus limitaciones y sugerir soluciones.
Pese a resistencias y deficiencias, puedo afirmar que por años existieron suficientes elementos para afirmar que habían progresos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Progresos que se han ido perdiendo.
Precisamente, con base en esa misma experiencia, puedo afirmar que desde hace 7 años sobran evidencias de retrocesos y deficiencias en torno a los datos oficiales que publica el gobierno.
Como ya comenté, al ser un indicador clave para evaluar los resultados de las políticas de seguridad, el número de homicidios, feminicidios, secuestros o extorsiones -por citar sólo algunos de los delitos con mayor impacto social- importa.
De tal suerte que un gobierno tiene incentivos para reducir los delitos, sea como sea, incluso si ello implica registrar mal o de plano no registrar, ciertos delitos.
En el ONC hemos señalado como la estadística de homicidios, secuestros, feminicidios, extorsiones -entre otras- no representa la realidad que se vive en el país, hemos denunciado cómo algunas fiscalías rechazan atender a las víctimas y no inician carpetas de investigación, pese a sus denuncias.
Algo que representa tanto un delito, como una traición a las víctimas, un engaño a la ciudadanía en general y produce insumos falsos para tomar decisiones.
Por ejemplo, actualmente se habla a nivel nacional de una reducción sostenida de la estadística oficial de delitos, particularmente de homicidios y secuestros -pese a que sobran evidencias de subregistros de éstos- y por ende las políticas de seguridad siguen la lógica de resultados positivos, más que de atender los verdaderos retos en materia de incidencia delictiva.
Tal lógica equivale a querer ir en una dirección y tomar como referencia un mapa equivocado, un mapa que nos llevará a una dirección diferente a la que queríamos llegar.
El caso de Irma, un secuestro que se vuelve un homicidio, nos recuerda que, pese a las declaraciones triunfalistas de muchas autoridades de afirman que la seguridad va mejorando, los mexicanos vivimos todos los días con el riesgo de ser víctimas de la delincuencia.
En conclusión, sí, sí importa como se clasifica un delito, le importa a los deudos de Irma, le importa a la sociedad veracruzana, nos importa a todos los mexicanos y también le debería importar a los gobiernos, si verdad quieren servir al pueblo que gobiernan.
