Tras 6 años de puertas cerradas, el gobierno federal volvió a recibir a las víctimas de la violencia.
En abierto contraste con su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a recibir, escuchar y dar respuesta a los colectivos de búsqueda de desaparecidos y sus legítimas demandas de justicia.
El reclamo más consistente es la falta de acciones de las fiscalías y comisiones de búsqueda; el desinterés y negligencia de la comisionada nacional de Derechos Humanos y la constante revictimización que sufren del conjunto de autoridades locales y federales -quienes han descalificado una y otra vez a madres, padres, hijos, parejas, hermanos, de las decenas de miles de desaparecidos de los últimos siete años-.
Un significativo paso adelante -respecto a los tantos que se dieron hacia atrás en el gobierno del expresidente López- en términos de mensaje social, que no obstante, sigue siendo por demás insuficiente.
Es muy positivo que Rodríguez reciba a los colectivos que buscan a los desaparecidos, lamentablemente dudo que con ello se resuelvan sus justas peticiones y se logre que en nuestro país haya más seguridad, más capacidad y empatía por parte de las autoridades de todos los niveles cuando atienden a víctimas y se destituya a la negligente titular en la CNDH.
Más allá de la disposición de sostener reuniones con las víctimas indirectas de desaparición y la aparente genuina voluntad en atender sus solicitudes, la realidad es que para que el gobierno federal pueda cumplir con los acuerdos de dichos encuentros y para que se logre menos violencia y delincuencia en el país, mucho debe cambiar.
Desde empezar por duplicar los recursos destinados a la integración, formación, profesionalización de las autoridades de seguridad y justicia; la adquisición y aplicación de herramientas tecnológicas; la incorporación de procesos y mecanismos de rendición de cuentas para el uso y desempeño de los recursos públicos; hasta la reincorporación de sistemas que permitan la transparencia y el acompañamiento de la sociedad civil en todos los procesos.
Aunado a ello, el factor político es un lastre que no permite avanzar. Nada apunta a que la mayoría de los legisladores estén dispuestos a destituir y nombrar un nuevo titular en la CNDH ni a mostrar respeto por el dolor de las víctimas en nuestro país.
Dicho de otra manera, si se busca que las reuniones entre víctimas indirectas de desaparición y autoridades federales sean efectivas, se requiere destinar más recursos económicos al tema, alinear a las diferentes autoridades, limpiar instituciones, fortalecer capacidades, establecer procesos, garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Tal diagnóstico no se trata de mero pesimismo, sino de años de investigación que hemos llevado a cabo en el Observatorio Nacional Ciudadano, que nos ha llevado a concluir que si no se inicia por duplicar el gasto en seguridad -con una lógica creciente en los años-, cualquier acuerdo se vuelve demagogia y nada se puede hacer; que si no hay un buen uso de recursos por parte de las autoridades, el dinero se tira a la basura y que se debe sancionar legalmente a aquellos personajes políticos que privilegian a sus intereses personales por encima del bienestar de la población.
Para muestra un botón: pese el compromiso de Sheinbaum por atender dicha crisis, los legisladores de su partido han sido totalmente negligentes, ya que nada indica que se discutirá en el presente periodo legislativo la propuesta de reforma que envió la presidenta en materia de desaparición de personas.
La crisis de desaparición en nuestro país no podrá mitigarse si no hay una profunda inversión en seguridad, un serio trabajo para capacitar y sensibilizar a las autoridades y cambios profundos en cómo reaccionan los políticos a las demandas ciudadanas.
Pensemos tan sólo que si en 2015 se registraban 14 desapariciones diarias y en 2019 subió a 17, en 2025 el promedio diario de desaparecidos es de 47.
Si no se aprovecha esta coyuntura, el número de víctimas seguirá creciendo y dicha crisis quedará como el lamentable legado de este gobierno.
Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano