El pasado 19 de agosto una ex secretaria de Estado y un ex procurador de la administración del presidente Peña, Rosario Robles y Jesús Murillo, acapararon la atención nacional e internacional al ser liberada del penal de Santa Marta Acatitla una, y al ingresar al Reclusorio Norte, el otro.
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la orden de aprehensión en contra del ex procurador general de la República por la tarde y la ex secretaria de Desarrollo Social fue liberada pocas horas después.
Si bien no existe conexión directa entre ambos casos y podría parecer que la privación de la libertad de Murillo y la liberación de Robles el mismo día son una mera coincidencia, es pertinente recordar la frase atribuida al presidente estadounidense Roosevelt que dice que “en política no hay coincidencias”.
Con tan solo unas horas de diferencia el ex procurador general de la República, ex senador y ex gobernador de Hidalgo fue detenido por la tarde y presentado al juez de Control del Reclusorio Norte; pocas horas después la ex secretaria de Desarrollo Social y ex secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial -y ex Jefa de Gobierno del Distrito Federal- recuperó la libertad tras haber sido encarcelada por 3 años.
La detención de Murillo no significa que sea culpable, como tampoco la liberación de Robles implica que sea inocente. Sin embargo, dada la actuación de la FGR en ambos casos, podemos deducir que el arresto de Murillo sirvió como cortina de humo ante la incapacidad y el desinterés del Estado para hacer respetar la ley.
Pocos días antes el gobierno federal se encontraba en apuros, los hechos violentos ejecutados en múltiples municipios de Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco demostraron -una vez más- el fracaso de la supuesta estrategia de seguridad del gobierno federal.
De igual manera, la FGR sabía que era imposible mantener en prisión preventiva justificada a una imputada a la que, tras 36 meses en la cárcel, no le han podido demostrar nada. Su liberación hubiese sido la nota principal en medios, que confirmaba la incapacidad de las instituciones federales por procurar justicia.
La orden de aprehensión en contra de Murillo fue una eficaz distracción. Su detención acaparó la atención, fue usada por este gobierno como una evidencia de compromiso con la justicia y el cumplimiento de la promesa de López con las víctimas del hecho de violencia más notorio de la administración de Peña.
Tan es evidente que la Fiscalía no tenía un caso armado en contra de Murillo, que el juez de Control tuvo que reprender en varias ocasiones a los representantes de la FGR por los constantes titubeos y errores en la audiencia inicial del exprocurador general de la República.
A Murillo se le imputa haber fabricado las conclusiones en el el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, haber atentado contra la procuración de justicia y torturado imputados.
El día anterior a dicha detención, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó en rueda de prensa los resultados de la Comisión de la Verdad y afirmó que la desaparición forzada de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado.
Mientras la Comisión de la Verdad investigó y llegó a la conclusión que hubo manipulación del caso y una cadena de responsabilidades -principalmente del Ejército- ¿la FGR estuvo distraída en otras cosas? ¿No colaboró? ¿No pudo armar un sólido caso contra Murillo en vez de exhibir improvisación e ignorancia?
Asimismo, si Encinas pudo afirmar que este caso es un crimen de Estado ¿por qué se emitieron órdenes de aprehensión sólo en contra Murillo y de 20 militares del batallón de Iguala y no en contra del entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos? De igual manera ¿por qué no hay órdenes de aprehensión en contra del actual secretario de la Marina Armada de México, José Ojeda, quien fungió como comandante en Guerrero al tiempo de dicho delito; del ex gobernador de Guerrero -quien fuera cercano al presidente López- Ángel Aguirre; en contra del ex secretario de Gobernación y actual senador Miguel Osorio; del ex presidente Peña y de muchos otros mandos y servidores públicos que señalaron como involucrados en alterar la verdad y violar la ley?
Probablemente porque la detención de Murillo es sólo una cortina de humo para distraer de la serie de fracasos del gobierno de López y una venganza personal en contra de quien fuese un actor clave para que Felipe Calderón en 2006 pudiese ingresar al recinto de San Lázaro y protestar como presidente de la República, en medio de las protestas de López y su partido (el PRD) que alegaban fraude electoral.
De igual manera, la actuación de la FGR en el caso de Robles es la evidencia que ésta es un instrumento político en contra de adversarios y no una institución que intenta darle acceso a la justicia a las víctimas y sancionar los ilícitos: desde la formulación del caso, hasta la prisión preventiva justificada, la FGR cometió atropellos e ilegalidades.
Robles se encontraba detenida por el caso conocido como “La Estafa Maestra”, una investigación publicada en 2017 por el portal de noticias Animal Político y la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se evidenció que varios funcionarios del gobierno de Peña participaron en el desvío de más de 400 millones de dólares mediante una red de dependencias públicas, universidades y empresas privadas.
La ex secretaria permaneció en la cárcel desde el 13 de agosto de 2019 cuando compareció voluntariamente a declarar por dicha investigación bajo el argumento que había riesgo que la ex funcionaria huyese de la justicia.
Para sostener la petición de la medida cautelar, la FGR presentó una supuesta licencia apócrifa de Robles “que había recibido de forma anónima”. La defensa siempre alegó que la imputada nunca tuvo conocimiento de dicho documento y que este fue falsificado por la misma FGR.
En 3 años la FGR nunca pudo demostrar el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública; nunca la acusó de fraude o desvío de recursos; no ejecutó otras órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados, ni tampoco investigó al ex presidente Peña, quien sería el mayor beneficiado por dicha estafa.
De nuevo, el caso contra Robles posiblemente obedece más a una venganza personal de López en contra de quien fuese señalada por ayudar a filtrar los videos que exhibieron en 2004 a René Bejarano, recibiendo fajos de efectivo en nombre del entonces jefe de gobierno del DF y hoy presidente de la República.
Probablemente en ambos casos nada sucederá: Robles permanecerá en libertad y Murillo la recuperará en unos años; la corrupción de la “Estafa Maestra” y del caso de los normalistas de Ayotzinapa quedarán en la absoluta impunidad. El gran ganador será el ex presidente Peña, quien quedará libre de toda responsabilidad.
Dicho sea de paso, si hoy sabemos de la Estafa Maestra es gracias a esos medios de comunicación que el presidente y sus seguidores acusan de haber callado en pasado y ser parte de los conservadores del “PRIAN”.
En resumen, la detención de Murillo y la liberación de Robles no son actos de justicia, son evidencias de que la FGR actúa políticamente para atender los intereses del presidente y no para permitirle el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas.
¡Qué peligro para todos que la FGR sea una institución inepta y corrupta, instrumento de un presidente con sed de venganza!
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