Según datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el pasado domingo 1 de mayo, en el país se cometieron 112 homicidios dolosos, uno de los días más violentos de este sexenio.
Ciento doce víctimas directas y muchos centenares más de víctimas indirectas, que difícilmente obtendrán el debido acceso a la justicia y alguna reparación del daño.
México es un país cada día más violento, corrupto y donde cada vez es más evidente el control de la delincuencia.
Ante la ausencia de una clara reacción al delito, el actual gobierno se justifica tras una supuesta estrategia de “abrazos y no balazos” que supone atender las causas que inducen a alguien a cometer un ilícito, en vez de intentar sancionar los delitos cometidos.
Dicha retórica suena bien, muy probablemente la mayoría de personas validaría el esfuerzo por concentrarse en evitar que ocurran los delitos.
Sin embargo, dicha narrativa no tiene sustento en la realidad, el gobierno del presidente López llama programas de prevención del delito y la violencia a meras transferencias directas de dinero que, según el mismo gobierno, llegan aproximadamente a 30 millones de mexicanos.
Lo cierto es que en el país los delitos cada día crecen más y no hay evidencia que los miles de millones de pesos que este gobierno reparte hayan surtido un efecto en mejorar las condiciones de seguridad.
Ello se debe a que el principal incentivo para que alguien cometa un crimen es la facilidad con la que éste se puede cometer, las enormes ganancias que produce, la remota posibilidad de ser sancionado, es decir, la imperante impunidad que vivimos en nuestro país.
Por ello, no importa cuantos miles de millones de pesos distribuya el gobierno federal, sin un esfuerzo por castigar los ilícitos, con una Fiscalía General de la República que se dedica sólo a vendettas personales, sin una colaboración entre autoridades, la violencia cada día empeorará.
La impunidad que vivimos en nuestro país es el resultado de varios factores:
⁃ un mal diseño institucional.
⁃ marcos normativos ineficientes.
⁃ ausencia de una estrategia nacional y sus correspondientes locales para combatir el delito.
⁃ la insuficiencia de recursos humanos, de profesionalización efectiva, de tecnología, de equipamiento.
⁃ la falta de mecanismos de evaluación objetiva y supervisión de los servidores públicos.
⁃ la inexperiencia e improvisación de muchos funcionarios que deberían guiar las instituciones de seguridad y justicia.
⁃ las amenazas de los grupos de delincuencia organizada.
⁃ la corrupción.
A nivel nacional no existe un plan para solventar dichas fallas. No hay estrategia; no hay colaboración entre federación, estados y municipios; gastamos menos que nunca en materia de seguridad; se han debilitado cada vez más las capacidades institucionales; los titulares de la SSPC han sido neófitos e ignorantes en materia y es probada la corrupción del Fiscal General y su desinterés por perseguir delitos que no hayan sido fabricados por la misma FGR -por ende no se combate a la delincuencia organizada, como tampoco a la corrupción-.
En ese sentido, los aislados esfuerzos locales deben ser reconocidos e intentar hacer de ellos modelos para ser replicados a nivel nacional.
Uno de los esfuerzos más efectivos es el que se lleva a cabo en Ciudad de México. Con la implementación de la Estrategia contra los homicidios dolosos la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) ha logrado resultados tangibles en tiempos relativamente breves
Dicho esfuerzo nació de la apertura de la FGJ con la Fundación Naumann, la Embajada Francesa y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) que donamos nuestra experiencia para rediseñar el sistema con el que se investigan los homicidios dolosos, desarrollamos indicadores, capacitación y sistemas de acompañamiento para las Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP).
Dicha estrategia comenzó a rendir rápidamente frutos. A 25 meses del inicio de su implementación, la investigación inmediata de los homicidios ha permitido la aprehensión de 386 presuntos homicidas.
El modelo ha evolucionado para evitar el congelamiento de las investigaciones. Se han creado «comandancias» territoriales para perfeccionar y dar continuidad a las investigaciones iniciadas en las UCP, apenas unos minutos después de ocurridos los hechos.
Entre el 3 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2021, las UCP iniciaron 1,247 carpetas de investigación por homicidio doloso y lograron judicializar el 23% de ese total. Este esfuerzo permitió crear por primera vez una línea base para medir con claridad los avances subsecuentes de este proyecto.
Entre los principales resultados debemos destacar que el 47% de las judicializaciones se logró sin tener a la vista al sospechoso, es decir, derivado de una investigación -en oposición a los casos donde se detiene a un presunto responsable en flagrancia del delito-.
Ello es posible gracias a la ciencia de peritos, la investigación de campo y gabinete de los Policías de Investigación (PDI) y la habilidad jurídica de los Ministerios Públicos (MP).
No debe sorprender que en Ciudad de México la tasa de víctimas por homicidio doloso disminuyó 37% en el primer trimestre de 2022, respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, los homicidios dolosos bajaron en 14 de las 16 alcaldías.
Este proyecto ha madurado gracias al compromiso y entusiasmo del personal sustantivo. Sin embargo, la persistente escasez de suministros materiales para realizar sus labores es un desafío inocultable, que puede comprometer el éxito de tan loable proyecto.
La FGJ ha dado un importante paso hacia adelante para disminuir los homicidios. Pese a ello, hay varios temas que deben ser atendidos con urgencia si se busca fortalecer dicha Estrategia.
Entre ellos la adopción de una métrica de desempeño que permita relacionar el esfuerzo invertido versus los logros judiciales obtenidos (sentencias) o resolver los déficits administrativos relacionados con los insumos materiales para el pleno funcionamientos de las UCP -como el combustible de las patrullas y la provisión de armas de fuego para los policías de investigación-.
Mientras en la capital del país hay una estrategia tangible para disminuir la violencia, abatir la impunidad, permitir el acceso a justicia las víctimas, en este mismo periodo atestiguamos las fallas de la Comisión de Búsqueda en Nuevo León, donde fue encontrada sin vida de la joven Debanhi, en un lugar donde ya se habían llevado a cabo diligencias.
Asimismo, pudimos ver cómo un elemento de la Guardia Nacional, quien incumplió cualquier tipo de protocolo, disparó contra estudiantes, mató al joven Ángel Yael e hirió gravemente a Alejandra, presuntamente por no haber seguido las instrucciones que les dio el uniformado, tan sólo por citar alguna de las graves fallas que hemos vivido en pocos días.
Es urgente resolver la crisis de violencia que diariamente nos aqueja, que a nivel nacional ha significado 117 mil homicidios en lo que va del sexenio, de los cuales una mínima parte se esclareció y en los que casi nunca se sancionó a los homicidas.
La Estrategia contra los homicidios dolosos implementada en la capital del país es un modelo que puede ser replicado y que ofrecemos gratuitamente desde el ONC a toda autoridad que asuma el compromiso por combatir la violencia.
¡Lástima que ni la federación, ni la mayoría de los gobiernos locales estén dispuestos a abrirse, colaborar con la sociedad civil y mejorar el desempeño de sus funcionarios!
@frarivasCoL
