El mes patrio inició muy mal para todos los mexicanos, en una semana el Poder Judicial y el Poder Legislativo demostraron su falta de independencia y su sumisión a la voluntad del presidente.
La ausencia de una resolución sobre la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la aprobación de la reforma que termina de militarizar la seguridad del país -y que es a todas luces inconstitucional- por parte del H. Congreso de la Unión, nos demuestra el riesgo de un Ejecutivo capaz de violar sistemáticamente los derechos de las personas, los otros poderes e incluso la Constitución.
En marzo 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra las reformas legislativas (impulsadas por el gobierno de López y aprobadas por las cámaras de mayoría Morenista) que establecieron la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar. Un año y medio después, la discusión llegó al pleno de la SCJN.
Evidentemente al presidente no le gustó que la mayoría de los ministros considerasen pronunciarse en favor de la inconstitucionalidad de dicha medida, el viernes 2 aprovechó su conferencia mañanera para criticar a los ministros que él mismo propuso - Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos y Loretta Ortiz - por no trabajar en favor de la Cuarta Transformación -que en la práctica significa atender la voluntad del mandatario-, afirmó que de derogar la figura los haría responsables de liberar a los delincuentes reclusos y del consecuente aumento de la violencia.
No conforme, López dijo que dada su decepción por los ministros, evaluaba eliminar la actual SCJN y proponer una nueva, así como se hizo en el sexenio de Zedillo.
No sorprende que los ministros nombrados por el presidente cambiasen postura y defendiesen la permanencia de la medida cautelar; tampoco sorprende que el ministro ponente Luís María Aguilar, optase por retirar su proyecto bajo el argumento que presentaría una nueva propuesta “que intente plasmar las posturas de sus pares”.
Si bien aplazar el dictamen puede parecer poco significativo, en realidad es un duro golpe para la justicia en nuestro país.
Es importante recordar que la prisión preventiva oficiosa se utiliza como mecanismo para detener a un imputado sin necesidad de aportar una carga probatoria. Dicho de manera coloquial, primero detengo y luego investigo.
Reenviar a una futura discusión la constitucionalidad de dicha medida cautelar nos pone a todos los mexicanos en grave riesgo de ser detenidos sin que exista una investigación previa en nuestra contra, que seamos encarcelados y debamos enfrentar el proceso desde un penal. Asimismo, mantiene a personas detenidas sin un juicio, en un contexto de sobresaturación del sistema penitenciario.
Bien dice el dicho, “no es lo mismo ser borracho que cantinero”, en 2008 el gobierno del expresidente Calderón impulsó la figura del Arraigo -que es exactamente lo mismo que la prisión preventiva oficiosa- y López y sus aliados criticaron duramente la medida, esa misma que hoy desde el gobierno defienden.
Ya es costumbre que el presidente López copie de Calderón sus acciones en materia de seguridad y justicia, copió el arraigo y copió la militarización como respuesta a los retos en materia de incidencia delictiva y violencia.
En campaña López prometió entregar el país con una Guardia Nacional (GN) civil, de élite y conformada por 175 mil elementos, ya como gobierno optó por una institución dirigida por militares, estructurada por militares, en la que los civiles han sido relegados y en la que se simuló el carácter civil sólo porque normativamente la Guardia -aún- pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El 31 de agosto, el presidente López, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente para transferir la GN a la Secretaría denla Defensa Nacional ( SEDENA ). Con ello, cierra definitivamente la puerta a la vía civil en materia de seguridad, fortalece a las fuerzas armadas en recursos y personal, le permite a la SEDENA seguir en las calles -a través de la GN-, garantiza la opacidad del uso de recursos, dificulta el seguimiento a cualquier caso de violación de derechos humanos y promueve una arquitectura institucional sumamente disfuncional.
Pese a los graves errores de diseño de la propuesta, la madrugada del 2 de septiembre, la Cámara de Diputados la aprobó de manera fast track sin modificación alguna y la turnó al Senado para su “discusión” y aprobación.
Las dudas de algunos senadores de Morena, quienes reconocieron que dicha reforma viola varios artículos de la Constitución -el senador Monreal incluso dijo que “cualquier estudiante de primer semestre de Derecho sabe que la medida es inconstitucional”-, molestaron al presidente que de nuevo aprovechó su micrófono matutino para criticar y amenazar a quienes se oponen a su capricho.
López amenazó con exhibir como traidores de la patria a cualquier legislador que se opusiese a la reforma e insistió que serían ellos los responsables del fracaso de su gobierno en materia de seguridad.
Ante todo ello, no sorprende que la propuesta se aprobase en lo general por 70 senadores de Morena y sus aliados -mientras que 51 legisladores de oposición votaron en contra y Monreal se abstuvo- a menos de 48 horas de haber recibido la propuesta.
La reforma es inconstitucional porque contraviene el Artículo 21 de la Carta Magna que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. El presidente no tiene las atribuciones necesarias para ello decretar el cambio de adscripción de la GN, por ello la vía indicada era impulsar una reforma constitucional.
El presidente envió dicha iniciativa porque está consciente que su gobierno fracasó en reclutar al personal y en construir una institución sólida e independiente. Sin ella en 2024 la GN contará poco más de 20 mil elementos, mal capacitados, mal dirigidos, sin protocolos de actuación, mientras los otros 100 mil elementos que hoy la conforman, deberán regresar a la SEDENA.
Es lamentable escuchar a un presidente admitir que presionó a los ministros para que resolviesen en su favor.
Es lamentable escuchar a López admitir que desde un principio se diseñó a la GN para ser absorbida por SEDENA y que el carácter civil que prometió, nunca buscó cumplirlo.
Es lamentable que quien por más de 12 años criticó la violación a los derechos humanos y la militarización del país, ahora lo defienda y amenace a quien se opone.
Es lamentable que los poderes Judicial y Legislativo se dobleguen con tanta facilidad a la voluntad del Ejecutivo y con ello pongan en riesgo la democracia y gobernabilidad del país.
Qué pésima semana para México, para los Derechos Humanos, para el Estado de Derecho, es decir, para todos los mexicanos.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@frarivasCoL