¿La violencia que vivimos en nuestro país es resultado de una cultura que posiciona a sicarios, narcotraficantes, corruptos y criminales como héroes sociales? ¿Debemos prohibir toda manifestación cultural que abona a dicha narrativa? ¿Al censurar libros, series, películas, canciones de esa naturaleza, prevenimos que más jóvenes se sumen a actividades ilícitas?
Tales cuestionamientos han sido parte de una discusión que lleva años entre aquellos que consideran que ese tipo de expresiones abonan a un ambiente de violencia e ilegalidad y aquellos que consideran que restringir su difusión es una censura a la libre expresión.
Recordemos que entre las muchas voces que se han pronunciado en favor de las restricciones se encuentran académicos, activistas, políticos y autoridades, tal y como en su momento lo hizo el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, quien en reiteradas ocasiones se pronunció en contra de los narcocorridos y narcoseries y propuso sustituirlos con contenidos que abonasen a la idea de que los policías son héroes y los delincuentes enemigos de la sociedad.
Tras el escándalo social que suscitaron los elogios y proyección de imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un evento en la Universidad de Guadalajara (UdG) por parte del grupo Los Alegres del Barranco, el debate ha revivido y esta vez parece que habrá más acciones concretas derivado de ello.
En los estados de Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro y en los municipios de Cancún y Tijuana, se ha prohibido o cuando menos restringido, la música con narcocontenido y apología del delito. Las multas más altas llegan a un millón trescientos mil pesos y las detenciones hasta por 36 horas.
En un país con niveles de impunidad de casi el 100% ¿funcionarán tales sanciones para inhibir la difusión mediante la música de la narcocultura? Lo dudo. Sin embargo, vale la pena analizar la experiencia internacional para evitar los errores y maximizar la probabilidad de éxito.
En la experiencia italiana hay un caso de fracaso y uno de éxito: la prohibición constitucional de usar símbolos que hagan apología del régimen fascista vs la Cultura de la Legalidad.
En la Constitución de 1948, que dio vida a la República Italiana, quedó expresamente prohibido usar símbolos fascistas en reuniones públicas o privadas; la asociación en grupos con ideología fascista; saludos o música con dicho contenido.
Pese a que tal prohibición se llevó incluso a los programas educativos, nada impidió que en 2022 miles de italianos celebraran los 80 años de La Marcia su Roma (el momento en que Mussolini tomó el poder) o que hoy su primer ministro sea una mujer de extrema derecha que abraza los valores fascistas. En resumen, la prohibición fracasó.
En contraste, aproximadamente en 1992 inició un gran movimiento social en contra de la Mafia y en favor de una Cultura de la Legalidad. En dicho ejercicio social los sectores sociales y las instituciones se alinearon para mandar el mensaje que la mejor forma de vivir en sociedad era mediante el respeto de la ley.
Tal movimiento todavía mantiene un apoyo natural de la mayoría del colectivo social y ha sido determinante en que Palermo pasase de ser en 30 años la ciudad más violenta del mundo, a una donde por año ocurren menos de 20 homicidios dolosos. Es decir, un caso de éxito.
¿Qué diferenció ambos casos? La consistencia en la aplicación y la experiencia cotidiana de las personas.
Mientras la norma antifascista rara vez era aplicada estrictamente, fue impuesta sin ser aceptada y no logró mostrar beneficios concretos para una parte importante de la sociedad; el movimiento en favor de una Cultura de la Legalidad trascendió el cambio de narrativa en torno a la Mafia e incluyó acciones específicas para castigar a quien infringiese la ley, así como una serie de beneficios directos e indirectos, para quienes la respetaban.
Regresando al caso mexicano ¿aunado a las sanciones por narcocorridos, habrá un ejercicio más profundo para castigar a los delincuentes? ¿Se romperá la cadena de corrupción y colusión entre autoridades y criminales? ¿Los ciudadanos honestos que denuncien un ilícito serán protegidos? ¿Quienes paguen en tiempo y forma sus impuestos, recibirán cada vez mayores descuentos? Si ello no se contempla en tal plan para reducir la aceptación social que tienen los delincuentes, resulta inútil y demagógico prohibir los narcocorridos.
Si el conjunto de nuestras autoridades —empezando por el partido oficialista— verdaderamente quiere influir en la cultura y generar un rechazo a la conducta ilegal, debe perseguir y castigar el delito, aplicar sin distingos la ley, rechazar todo guiño de una autoridad a los grupos criminales.
Por ejemplo, si la presidenta y su partido de verdad están comprometidos con el rechazo a la narcocultura debe reconocer que los encuentros del expresidente López Obrador con la madre del Chapo Guzmán representan un duro golpe a la legalidad de nuestro país, una traición a México y a las tantas víctimas de la violencia criminal, si no lo hacen, significa que son hipócritas y que cualquier prohibición a la cultura del narco será inútil.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
