El Poder Legislativo aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución, en materia de Protección a la Salud, con lo cual queda prohibida la importación, elaboración y venta de vapeadores, cigarrillos y dispositivos electrónicos, así como todos sus insumos. En dicha reforma también se prohibe elaborar, distribuir o vender fentanilo con propósitos ilícitos.
Más allá del hecho que sorprenda que en una misma iniciativa se haya puesto la prohibición de producción y venta de insumos para vapear con la de fentanilo -una de las drogas ilícitas más adictivas y dañinas que existen- es importante considerar el impacto que tiene prohibir en lugar de atender el consumo con un enfoque de salud pública, dirigido a la reducción de su uso; prohibir en vez de regular; prohibir y al mismo tiempo permitir su venta en la absoluta impunidad.
Cuando se prohíbe un bien de alto consumo, se produce un vacío en el mercado; el usuario rara vez decidirá dejar de consumir por lo que buscará como obtener tal producto.
Desde la antigüedad alguien -la delincuencia- ha aprovechado la prohibición, la restricción y la penalización con altos aranceles de productos que los consumidores buscan adquirir mediante la oferta en los mercados negros.
Mercados que debilitan el Estado de Derecho, que enriquecen a la delincuencia y que ponen en riesgo al consumidor. En un mercado negro no hay control de calidad ni se consideran los daños a la salud, al medio ambiente o a la sociedad.
Los cigarrillos electrónicos y vapeadores son productos de largo consumo tanto en nuestro país como en el resto del mundo. En otros países se ha optado por vigilar cómo se producen con el fin de garantizar el menor daño posible para la salud de los usuarios.
Se han aprovechado los impuestos derivados de la venta de tales productos para atender las necesidades del Estado y sus gobernados, en lugar de prohibir y favorecer el mercadonegro.
En México desde 2020 se prohibió su importación y se mantuvo legal la venta de lo producido en nuestro país. En 2022 se publicó un decreto que prohibía toda circulación y comercialización de dicho tipo de productos.
Sin embargo, nada de ello frenó la venta de esos dispositivos: en las calles de la ciudad, restaurantes, antros e incluso en comercios formales establecidos, se ha podido adquirirlos.
Pese a las prohibiciones, no ha habido autoridad que haga respetar la norma o que tan sólo vigile la calidad de dichos productos.
Dado que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó como inconstitucional tal prohibición, el Poder Legislativo se dio a la tarea de modificar la Constitución y hacer ilegal la venta de cigarrillos electrónicos, vapeadpres y sus insumos.
¿De verdad era tarea urgente restringir dichos productos? Lo dudo. En nuestro país paralelamente a la venta de drogas, al tráfico y la trata de personas, se comercian impunemente productos piratas como útiles escolares, juguetes, bebidas alcohólicas, medicamentos, productos de belleza, fertilizantes, plaguicidas, semillas bebidas, alimentos, productos de limpieza, cigarros que dañan profundamente la salud de los mexicanos.
Aún cuando la autoridad sabe dónde se producen, cómo entran ilegalmente al país, quién y dónde los venden, qué tanto afectan desde la salud, el comercio, hasta la competitividad; nada se hace por frenar tales mercados negros.
La reforma constitucional en cuestión, en el contexto actual, llevará o a un dispendio enorme de recursos para combatir tal ilícito o -como es más probable- aumentará la impunidad y el poder de los delincuentes.
Qué diferente hubiera sido poner regulaciones específicas, impuestos, controles para garantizar que el producto tuviese la calidad que tiene en Estados Unidos o Europa, con e fin de reducir su consumo y aprovechar los recursos extras para el erario.
Cabe mencionar que es completamente otra tesitura la prohibición relacionada con el fentanilo, si bien es una prohibición lógica desde todo punto de vista de legislación internacional, en México es una norma que principalmente pone en riesgo a los usuarios más que combatir a los productores y distribuidores.
En un contexto en donde se aprobaron reformas para revivir la prisión preventiva oficiosa; donde se modificó la ley de amparo; donde los recortes presupuestales para las policías y fiscalías, han debilitado su capacitación y desempeño; donde la comisionada nacional de derechos humanos es inepta y sumisa al poder; donde se puso en marcha la desaparición del Poder Judicial profesional, para sustituirlo por uno sometido al Ejecutivo, los consumidores de fentanilo corren el riesgo de ser tratados como delincuentes, encarcelados sin un juicio y abandonados a un sistema penitenciario corrupto, en lugar de ser atendidos como usuarios de una sustancia dañina para la salud.
El populismo penal, aquel donde se aumentan prohibiciones y penas no produce resultados positivos para una sociedad. La reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución probablemente generará más delitos, más violaciones a derechos humanos, aumento del poder de la delincuencia y debilitamiento del Estado de Derecho.
Efectos negativos que serán un terrible legado del actual Poder Legislativo.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL