El pasado sábado 24 de junio en Ciudad de México 250,000 personas salimos a celebrar el día del orgullo de la comunidad LGBTQ+. Una marcha donde hubo todo tipo de manifestaciones y participantes y que se llevó a cabo con respeto y sin incidentes de violencia.
Quienes crecimos en un México donde la homosexualidad era considerada tabú y sus sinónimos vernáculos eran la mayor ofensa que alguien pudiese usar; donde muchos crecimos con miedo y vergüenza de quienes somos, ver familias heterosexuales con niños, acompañar a personas de la comunidad, es conmovedor.
Participar en una marcha alegre, que busca visibilizar a la comunidad, mandar el mensaje que en esta sociedad cabemos todos y que todos merecemos respeto, nos permite suponer que en nuestro país la discriminación ya se superó.
¿Esa es una conclusión acertada? ¿Podemos afirmar que México es un país seguro para la comunidad? Indudablemente no.
Si bien es importante reconocer los avances sociales que se han logrado en las últimas décadas -la plena igualdad de derechos de todas las personas que contraen matrimonio en todo el país; la inclusión en documentos oficiales de la identidad no binaria; el desarrollo de protocolos para la comunidad LGBTQ+ en caso de ser víctimas del delito-, también es relevante señalar que quienes integramos la comunidad LGBTQ+ aún sufrimos discriminación, ataques de odio y revictimización.
Organizaciones civiles, medios de comunicación y algunas dependencias de gobierno, hemos dado a conocer los ataques que parejas de la comunidad han sufrido por el simple hecho de tomarse la mano; hemos evidenciado la falta de interés y corrupción de las autoridades por verificar la legalidad de las bebidas alcohólicas que se venden en los antros y denunciado los maltratos, discriminación y violencia en contra de las personas trans.
La ausencia de datos oficiales desagregados que permitan conocer el tamaño del problema, que caractericen a las víctimas, identifiquen patrones criminales y deriven en inteligencia para la prevención, es la evidencia del desconocimiento que existe en torno a los problemas delictivos que sufre la comunidad LGBTQ+.
Por ejemplo, en el Observatorio Nacional Ciudadano, hemos atendido casos de violencia y robo ocurridos a quienes hicieron uso de aplicaciones para conocer personas; una vez consumado el hecho, las víctimas abandonan el seguimiento a sus denuncias debido al desinterés por investigar el hecho, así como a las burlas y revictimización de las autoridades.
En otros casos hemos asistido psicológica y legalmente a mujeres trans que habían sido víctimas de violación y al intentar denunciar, habían sido aún más maltratadas por las autoridades.
Es fundamental que existan protocolos para la comunidad LGBTQ+ en caso de ser víctimas del delito, el problema es que se desconozcan, no se implementen y no existan programas efectivos que capaciten y sensibilicen a los funcionarios.
Debo aclarar que dichas fallas son estructurales y trascienden los problemas de la comunidad LGBTQ+. Lamentablemente en México el acceso a la justicia para cualquier víctima depende de la red de contactos que tenga, del conocimiento de sus derechos, de su etnia, del color de su piel y en gran parte, de la buena o mala voluntad de quien nos atienden en el ministerio público.
La realidad es que a nivel nacional las fiscalías se encuentran colapsadas: en promedio, por cada agente del ministerio público hay más de 300 casos que investigar; las agencias carecen de tecnología, materiales de trabajo, instalaciones, mobiliario -e incluso baños que funcionen-; en muchas ocasiones el personal ministerial debe llevar su propia computadora, papel, e insumos para poder trabajar; el personal trabaja horas excesivas, rara vez se les autorizan vacaciones, carecen de prestaciones y tienen sueldos absolutamente injustos respecto a las responsabilidades y cargas de trabajo que tienen.
Todo ello explica en parte por qué las personas -independientemente de la comunidad, sexo, nivel socioeconómico al que pertenecemos-, por lo general no recibimos buen trato del personal de las fiscalías, ni obtenemos acceso a la justicia. No obstante, eso es sólo una parte del problema, donde la otra simplemente es por discriminación y falta de programas que concienticen a la sociedad acerca del respeto que todos nos debemos.
Es emocionante ver que cada vez es más fácil que las personas puedan vivir libremente su orientación erótico-afectiva; que existan ejemplos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, secretarios de Estado, legisladores, altos funcionarios, embajadores, empresarios, artistas que son respetados y exitosos, independientemente de ser parte de la comunidad LGBTQ+.
Sin embargo, no debemos olvidar que no es lo mismo vivir fuera del closet siendo estudiante universitario en alguna urbe, que trabajando en el campo o viviendo en una comunidad marginada con altos índices delictivos.
Los mexicanos deberíamos poder salir a la calle orgullosos de quienes somos, sin temor a ser discriminados, maltratados o violentados los 365 días del año y no solamente un sábado de junio.
Que el color y la alegría de la marcha no nos haga olvidar que aún falta mucho camino para que todos podamos vivir libremente quienes somos; que aún hay tantas personas que no pueden vivir su verdad por temor y que una parte de la comunidad LGBTQ+ diariamente es víctima de discriminación, abandono institucional y violencia.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
