Faltan pocos días para que se evalúe si se impondrán aranceles del 25% a los productos mexicanos que se exporten a los Estados Unidos o si se mantendrá la prórroga en la implementación
La negociación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé que en unos días se evalúen las acciones que el gobierno mexicano llevaría a cabo para reducir el cruce de migrantes indocumentados y el combate al narcotráfico —particularmente el de fentanilo— hacia nuestro vecino del norte.
El problema de origen de tal acuerdo es que nunca se aclaró cuáles serían los indicadores para definir qué tan satisfactorio es el desempeño de las autoridades mexicanas en estos dos rubros.
Si bien a lo largo del último mes fue evidente el conjunto de acciones de las fuerzas federales para detener a integrantes de la delincuencia organizada, así como para inhibir los cruces de personas indocumentadas, nada garantiza que Trump se sienta satisfecho y mantenga el aplazamiento de dichos aranceles.
De hecho, el fin de semana pasado el mandatario estadounidense declaró estar insatisfecho tanto con México como con Canadá en tales acciones, sin explicar a qué se debe tal insatisfacción.
Aparentemente, las más de 600 detenciones que se han llevado a cabo en febrero en contra de integrantes de los principales grupos delictivos, no le parecen suficientes.
¿Aprovechará Trump el fin de este plazo para someter a México a su voluntad? Muy probablemente. Lo más seguro es que amenace a nuestro gobierno con tales impuestos extra, con el fin de obtener más resultado y más evidencia que en la relación entre los dos países, él manda y nosotros obedecemos.
En dicho contexto, la petición del Mayo Zambada quién solicitó —a través de los canales diplomáticos— que se le regrese a México para enfrentar a la justicia desde acá, representa un riesgo significativo: ¿cómo sería recibido en Washington que el gobierno mexicano intente interceder en favor de uno de los principales narcotraficantes de nuestro país?
El problema es que el Mayo amenazó a nuestro gobierno con afectar severamente la relación entre los dos países, de no obtener su repatriación.
¿Vale la pena arriesgar la imposición de aranceles al tratar de regresar a México al Mayo? Aparentemente no, a menos que las amenazas del narcotraficante representen un riesgo para la presidenta y su partido.
No debemos olvidar que ya es oficial que seis cárteles mexicanos han sido designados organizaciones terroristas internacionales por el Departamento de Estado, el Cártel de Sinaloa —del cual el Mayo fue uno de sus principales líderes—, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
Interceder por el Mayo significa interceder por el líder de un grupo terrorista, algo que difícilmente se puede justificar.
Un reto complejo para la presidenta quien por un lado está obligada a combatir los delitos y hacer respetar la ley, por otro mantiene una narrativa adversa a la confrontación con los criminales —la continuidad de la estrategia de abrazos, no balazos— y al sometimiento hacia Estados Unidos, al tiempo que enfrenta la presión de Washington y que debe lidiar con los efectos de la violencia en nuestro país.
Es deseable que el desempeño de nuestro gobierno federal por combatir la delincuencia sea visto con buenos ojos en Washington; que ello mantenga los aranceles conforme a los tratados comerciales y que sostenga la colaboración entre ambos países.
Esperemos que a nadie se le ocurra que es más importante pelearse con la justicia de Estados Unidos para traer al Mayo a México, en vez de mantener la paz en la relación diplomática entre ambos países.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
