El gobierno de la República insiste en que vamos muy bien en reducir la violencia ¿es cierto? y, de serlo ¿es logro de la actual administración federal?
No y no, pero vamos por partes: el homicidio doloso es el indicador principal con el que se mide la violencia; con base en ello y a la luz de la estadística oficial, parece que la violencia vaya a la baja. No obstante, eso no es suficiente para decir que efectivamente México es un país menos violento.
Según la información pública oficial, en los primeros 9 meses del año se registraron 24,062 víctimas de homicidio doloso, 9% menos respecto al mismo periodo de 2021. Dicha disminución es parte de un comportamiento a la baja, donde de 2019 a 2020 la tasa de víctimas de homicidio doloso se redujo 1.2% y de 2020 a 2021 4.3%.
Sin embargo, es importante aclarar que dichas disminuciones se dan en un contexto de grave crisis de violencia, que a estas alturas del sexenio ya se superó el total de homicidios que en el sexenio de Calderón y que estamos próximos a superar los de Peña. También se debe señalar que, de los 5 años más violentos de la historia de nuestro país, este sexenio tiene el primero, segundo y cuarto lugares.
Asimismo, en nuestro contexto, es imperativo analizar el amplio espectro de delitos que exhiben la violencia tales como el feminicidio, las privaciones ilegales de la libertad, la extorsión, las desapariciones, las lesiones dolosas, las violaciones, la violencia familiar, la trata de personas, el narcomenudeo.
Todos estos delitos llegaron en 2021 a su máximo histórico y en 2022 siguen en aumento ―sólo el feminicidio reporta disminuciones este año comparado con el pasado―.
Por lo que refiere a las personas desaparecidas, el terrible récord no se limita a lo registrado en 2021, sino a todo lo ocurrido en la actual administración. Del 1 de diciembre de 2018 al 7 de noviembre de 2022 se reportaron 37,248 personas desaparecidas, el doble que en el mismo periodo del sexenio de Peña y casi el triple que en el de Calderón.
Por ello, ante la afirmación “vamos bien”, debemos empezar por reconocer la disminución de víctimas de homicidio doloso, al tiempo que debemos subrayar que no, no vamos bien.
Ahora ¿la disminución de homicidios es mérito de la actual administración? tampoco. No existe evidencia de algún operativo, política pública preventiva, reactiva o coercitiva impulsada desde la federación que explique dichas bajas.
Desde el inicio de esta administración se han llevado a cabo sólo dos acciones de manera consistente: (1) aumentar la presencia de las fuerzas federales en el territorio y (2) repartir más dinero “de apoyos sociales” bajo el argumento que así se evita la participación de las personas en la delincuencia.
(1) Para poder determinar que la mayor presencia de Guardia Nacional, Ejército y Marina en los estados ha sido efectiva, deberíamos ver claramente que a mayor presencia federal, menos homicidios y más detenciones, más sentencias condenatorias y más decomisos de bienes o productos ilícitos (armas, dinero, droga, piratería y contrabando).
Si analizamos el mapa nacional, no hay evidencia que mayor presencia de fuerzas federales genere mejores resultados.
Por ejemplo, en entidades como Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas, donde hay una muy baja presencia federal, los homicidios se redujeron sustancialmente, mientras que en Colima, donde dicha presencia creció exponencialmente, el homicidio aumentó más del 61%.
(2) Tampoco parece que más presencia federal logre disminuir la capacidad de los grupos delictivos. Según la información pública oficial, las detenciones, sanciones y decomisos, han caído entre un 60 y un 80% comparado con el sexenio pasado.
De manera similar, no existe evidencia que las transferencias directas -etiquetadas como programas sociales-, tengan efecto en reducir la violencia. Si se busca identificar una relación entre patrones delictivos, perfiles victimarios, distribución de recursos federales, no hay forma de demostrar que el dinero que el gobierno reparte haya ayudado a que disminuyan los delitos, particularmente del homicidio.
En resumen, no vamos bien, la disminución de homicidio no es evidencia suficiente para afirmar que en México haya menos violencia y tampoco podemos afirmar que la baja en homicidios dolosos sea resultado de la política federal de seguridad.
De cara a las elecciones de 2023 y 2024, los mexicanos debemos exigir planes claros, indicadores objetivos que permitan evaluar el desempeño de una administración, reconocer logros y pedir cuentas antes los fracasos.
De lo contrario las víctimas de la violencia seguirán creciendo mientras las administraciones sigan en una lógica de retórica oficial sin sustento.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
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