Al cierre de 2024 quienes resulten electos como presidenta, su gabinete y el H. Congreso de la Unión, deberán destinar al gasto en seguridad por lo menos 225 mil millones de pesos más respecto a aquellos presupuestados para el 2024.
Este dato es una de las conclusiones a las que llega el estudio “¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia”. Documento que elaboramos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) con el objetivo de ser un insumo clave para las decisiones de política pública que se deberán tomar en los próximos años.
El estudio nace de la necesidad de resolver la actual crisis de seguridad; del hecho que el actual sexenio -un año antes de que termine su periodo- ya se confirmó como el más violento de la historia, y que es evidente la incapacidad que existe por parte de nuestras instituciones de combatir los delitos y reducir la violencia.
Si bien las declaraciones triunfalistas de la administración federal repiten una y otra vez que los delitos y la violencia van a la baja, los datos oficiales demuestran que en este sexenio hemos roto los récords negativos de homicidios dolosos, desaparición de personas, extorsiones, narcomenudeo, trata de personas y aquellos delitos relacionados con la violencia de género.
Tan sólo si comparamos los primeros 59 meses de la actual administración contra el mismo periodo de las anteriores, encontramos que el homicidio doloso ha crecido 55.8% respecto al sexenio de Calderón y 14.88% respecto al de Peña.
¿Por qué llegamos a este muy lamentable escenario? Por la ausencia de una estrategia federal de combate a los delitos; la improvisación y motivación política entorno a las decisiones en materia de seguridad; los recortes presupuestales a fiscalías, policías y dependencias que colaboran en la materia.
Esto nos han llevado a un ruta de deterioro y erosión de las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia que hacen imposible recuperar el control del territorio -que hoy se encuentra mayormente en manos de los grupos criminales-, proteger a los ciudadanos y sancionar los delitos.
Es decir, el cumulo de fallas, malas decisiones y los recortes presupuestales sin sentido en materia de seguridad nos han llevado a que en 2024 el presidente López entregue instituciones mas débiles y deficientes respecto a las que recibió en 2018.
Es por ello que en el ONC nos dimos a la tarea de revisar el gasto público en seguridad y su lógica de distribución; el impacto que ha tenido desmantelar las instituciones federales de seguridad y los mecanismos de colaboración interinstitucional y los efectos que han registrado las decisiones presidenciales en torno a temas como los asesinatos de periodistas, la violencia de género, el desplazamiento forzado interno, las desaparición de personas, la atención a víctimas y el respeto a los Derechos Humanos.
Resulta incalculable el costo humano, el retroceso de libertades para las personas, la pérdida de oportunidades de desarrollo y beneficio para todos los mexicanos, derivado tanto por el desmantelamiento y deterioro institucional que el actual gobierno ha generado, como del fortalecimiento de los grupos delictivos y el incremento de la violencia.
En el estudio “¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia” logramos exhibir con claridad el daño provocado por el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia y estimar el costo económico de remontar los rezagos generados en los últimos cinco años.
Entre los hallazgos se identifican los efectos adversos derivados de la consistente intención de borrar todo aquello que se había construido en pasado, acotar la autonomía de las instituciones, centralizar las decisiones y eliminar los contrapesos.
Se demuestra cómo la ruptura de mecanismos de colaboración entre las autoridades federales y la sociedad civil organizada ha debilitado la operación de las dependencias involucradas en seguridad y justicia, mermado la transparencia e imposibilitado la rendición de cuentas.
Además, el decremento marcado del gasto en el rubro, ha hecho casi imposible la labor de las dependencias encargadas de prevenir y combatir los delitos y ha favorecido el crecimiento de la violencia, la impunidad y el control territorial por parte de la delincuencia.
En particular, este estudio logra concatenar los decrementos en el gasto público con el incremento de las pérdidas humanas derivado de la violencia y la operación criminal.
Queda claro que las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, deberán incluir en sus propuestas de campaña acciones puntuales dirigidas a la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia.
Que quien resulte electa, deberá definir procesos y recursos que permitan que las policías, fiscalías y otras dependencias de seguridad actúen eficazmente para arrebatarle el control territorial a la criminalidad; disminuir la incidencia delictiva; abatir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho.
La próxima administración federal arrancará en un contexto terrible: importantes retrocesos en seguridad, fortalecimiento de los grupos delictivos, una creciente participación de los jóvenes en la criminalidad, así como con los mayores índices de violencia e impunidad de nuestra historia.
Si el próximo gobierno federal de verdad intentara atender tal crisis, necesitaría dejar de lado la actual narrativa; debería romper con la inercia de acciones de esta administración; se vería obligado a implementar un proyecto que logre reconstruir las instituciones y a destinar los recursos económicos necesarios para lograrlo.
El monto de por lo menos 225 mil millones de pesos más para 2025, respecto al presupuesto de 2024, es una estimación muy conservadora.
Si bien parece una cifra enorme un incremento presupuestal de casi el 70% de un año a otro, el costo de no destinarlo a mejorar las instituciones de seguridad es por mucho más elevado.
Es importante aclarar que tal monto sólo permitiría regresar al nivel de funcionamiento y calidad institucional que los mexicanos teníamos en noviembre de 2018. No obstante, garantizar 225 mil millones de pesos más al presupuesto para la seguridad, sería un buen primer paso para construir las instituciones que el país necesita.
¿Cómo se obtendrá dicho aumento? ¿De dónde saldrán esos 225 mil millones de pesos más que se necesitan para crecer el gasto en seguridad entre 2024 y 2025? ¡Difícil saberlo!
Debemos recordar que con el fin de mantener la distribución de dinero público, los programas sociales, las obras insignia de este gobierno y la operación de Pemex, la administración del presidente López debilitó las finanzas públicas.
El gobierno federal echó mano tanto de sus recursos y bienes -el Fondo Estabilizador, las reservas, los fideicomisos y la venta de propiedades del Estado-, como del incrementó a máximos históricos de la deuda pública.
De tal suerte que nuestra nueva mandataria deberá contemplar la reconfiguración del gasto, recortes presupuestales a diversos programas de gobierno; crecer aún más la deuda pública del país y/o aumentar los impuestos.
Decida como decida, queda claro que al final el desmantelamiento y deterioro institucional que produjo el gobierno de López nos ha costado muy caro y seguirá afectando los bolsillos de los mexicanos.
Claramente los 225 mil millones de pesos que en el ONC estimamos necesarios agregar al gasto público en seguridad a partir el ejercicio presupuestal 2025, podrían parecer demasiados.
Sin embargo, si comparamos dicha inversión y su posible efecto benéfico en la reducción de los índices delictivos, con los costos y efectos de otras decisiones del administración federal, podemos entender la importancia de invertir en seguridad, respecto a desperdiciar el dinero de los mexicanos en los caprichos y ocurrencias del presidente López.
Por ejemplo, los 225 mil millones de pesos más que necesitaremos para la seguridad en 2025 son un 20% menos de los 280 mil millones de pesos que el gobierno federal gastó en cancelar el aeropuerto de Texcoco. Son equivalentes a la suma total de los 100 mil millones de pesos que costó reconfigurar el aeropuerto militar de Santa Lucía, para transformarlo en el AIFA, más los 40 mil millones de pesos anuales que nos costará subsidiar su operación desde su inauguración en 2022 hasta 2024.
Esos 225 mil millones de pesos son apenas el 40% de los 362 mil millones pesos que el gobierno de López contempla gastar para poder concluir los trabajos del Tren Maya y tan sólo la quinta parte del billón 28 mil 415 millones de pesos que nos costaron a todos los mexicanos las pérdidas que Pemex acumuló entre enero de 2019 y septiembre de 2023.
Indudablemente destinar 70% más al gasto público respecto a 2024, para la operación de las instituciones de seguridad y justicia, es un reto. Requerirá de decisiones impopulares para quien sea electa presidenta el próxima año.
De nuevo, debemos insistir en que de mantener la misma ruta, la misma lógica y cantidad de gasto en seguridad, seguirá recrudeciéndose la ya gravísima crisis de violencia e impunidad y el próximo gobierno estará destinado al fracaso.
Ya vimos los efectos de un gobierno que soslaya su responsabilidad, desmantela instituciones, debilita el gasto, protege a los delincuentes, revictimiza a las víctimas y dirige una campaña en contra de periodistas y activistas: esa administración termina por pasar a la historia como el peor gobierno en materia de seguridad y justicia.
Tal es el legado de la administración de López, un gobierno que fracasó en proteger a los mexicanos, un gobierno que heredará a la próxima administración las peores condiciones de incidencia delictiva y violencia que podamos recordar.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
