El gobierno capitalino cumple dos años desde el inicio de su administración. Como es obligado se requiere una reflexión de cómo va y qué podemos ver en el panorama en materia de seguridad y justicia.
¿Qué nos dicen los datos oficiales de incidencia delictiva? En este año, debido principalmente al confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19, los números de 2020 son sustancialmente mejores que los de 2019 y 2018.
En los primeros 10 meses del año las víctimas de homicidio doloso en la Ciudad de México disminuyeron 17%, las de secuestro 67% y las de extorsión 61%; asimismo, los robos con violencia 36%, los robos de vehículo 23%, el robo a casa habitación 39%, el robo a negocio un 30%, el robo a transeúnte 40%, el robo en transporte público 54%, la trata de personas 39%, el narcomenudeo 6% y las lesiones dolosas 31%, si comparamos con el mismo periodo de 2019.
En contraste, las víctimas de feminicidio crecieron 19%, las de homicidio culposo 5%, las carpetas de investigación por violación 5% y la violencia familiar 6%.
Analizado de otra manera, la ausencia de personas en las calles ayudó a que los delitos comunes bajasen, sin embargo, propició el crecimiento de los delitos de género y en contra del núcleo familiar.
Cabe subrayar que en la capital del país la violencia familiar se encuentra en su máximo histórico y que la tendencia de feminicidios, violaciones y trata de persona es al alza.
Ello hace urgente repensar la estrategia de detección temprana, auxilio, acompañamiento y protección de las víctimas por estos delitos. Así como mejorar la investigación de presuntos culpables con la debida sanción, las políticas de seguridad, justicia, sociales, económicas, educativas, de salud con visión de género.
Lamentablemente las mujeres, niñas, niños, adultos mayores y poblaciones en situación vulnerable están en peligro en la capital y la situación sigue empeorando.
En el espectro contrario, es relevante decir que en los dos años de la actual administración ha habido aciertos que han ayudado a disminuir la incidencia de la mayor parte de delitos: la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública; el proceso de transformación de la procuraduría en Fiscalía General de Justicia (FGJ); los nombramientos de los titulares de la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); el reconocimiento —negado por administraciones anteriores— de la presencia de grupos de delincuencia organizada operando en la capital y su respectiva política de combate; la mejora en los sistemas de investigación de homicidios que lleva a cabo la FGJ; así como la apertura que la SSC y la FGJ tienen con víctimas, colectivos, organizaciones civiles, academia y expertos.
Estos aciertos permiten ver que la tendencia en homicidios dolosos, en homicidios culposos, lesiones dolosas, en secuestros, extorsiones, en los varios tipos de robos y en narcomenudeo haya ido a la baja incluso desde antes del actual confinamiento.
Aspectos positivos para el gobierno capitalino que contrastan con la ausencia de resultados de la Federación y el empeoramiento de la seguridad en el agregado nacional.
Sin embargo, con miras al 2021 un año de elecciones —donde seguramente habrá nuevos retos que enfrentar en seguridad y justicia—; un año en el contexto de una profunda crisis económica —derivada de una terrible pandemia y un gobierno federal que ya en 2019 había llevado al país a una situación de crisis—; un año de graves recortes presupuestales impuestos por la federación —para mantener proyectos indeseables como Dos Bocas o Santa Lucía—; el gobierno capitalino deberá tomar complejas e impopulares acciones si quiere continuar con la reducción de delitos y violencia.
No es de olvidar que la capital sigue siendo la ciudad con la mayor proporción de robos a transeúnte y en transporte público; la segunda en robo a negocio y la tercera en robo con violencia y trata de personas del país y que la violencia de género sigue empeorando.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
@frarivasONC
