El pasado 10 de junio, Daniel Picazo fue privado de la vida por un grupo de pobladores de Papatlazolco, Puebla, tras ser acusado de ser un “roba chicos”.
El abogado, de 31 años, fue víctima de homicidio doloso sólo porque en días pasados se había difundido en la comunidad una alerta de supuestos secuestros de niños por parte de personas que no pertenecían a la población.
Tal mensaje llevó a que los habitantes de Papatlazolco sospechasen de Daniel -quien sólo quería visitar el sitio-, lo acusasen, golpearan y le prendieran fuego.
Ante ello, la respuesta institucional fue tardía y fallida, los pobladores impidieron actuar a las autoridades y los policías fueron incapaces de controlar la horda, imponer la ley, rescatar al joven y salvarlo. Los funcionarios pudieron acercarse a Daniel sólo cuando la comunidad lo permitió y para entonces él ya había fallecido.
Un terrible caso que nos recuerda la debilidad de nuestro Estado de Derecho, donde los delitos ocurren impunemente, las instituciones no funcionan, las comunidades someten a la autoridad y las víctimas quedan olvidadas.
Nada justifica la muerte de Daniel, sin embargo, sobran causas que la explican, la principal entre todas es la impunidad.
Un delito se comete porque se puede cometer. Esta obviedad en realidad nos recuerda que donde hay castigos seguros, las personas respetan las normas. Por lo contrario, si la posibilidad de recibir una sanción por cometer un delito es mínima, existen muchos incentivos para que cualquiera violente la ley.
En México la impunidad impera: en promedio por cada 100 delitos que se cometen, la autoridad apenas “investiga” 7, y de ellos, ni siquiera uno llega a sancionarse.
Dicho de otra manera, si en nuestro país, en vez de vivir en una sociedad donde por cada 100 delitos que se cometen, 99 quedan impunes, existiesen acciones capaces de prevenir el delito; autoridades capaces de disuadir cualquier conducta antisocial o de una pronta y efectiva reacción; si nuestros policías, ministerios públicos, fiscales fuesen capaces de investigar, cumplir con las órdenes de aprehensión, demostrar con base en evidencia la responsabilidad de un imputado; si tuviésemos jueces capaces de administrar justicia autónomamente y conforme a la ley, si el aparato del Estado velase por los intereses de las víctimas, México sería otro y las personas podríamos vivir seguras.
En este lamentable caso los pobladores de Papatlazolco actuaron como una horda barbárica, de manera sumaria y violenta mataron a un joven inocente, sin tan siquiera pensar en la existencia del aparato de justicia y las consecuencias de su actuar.
Si el rumor de un “robachicos” logró hacer mella en una comunidad es porque dichos delitos ocurren y las víctimas quedan olvidadas.
Las ejecuciones tumultuarias que se cometen en nuestro país son frecuentes porque las poblaciones se sienten abandonadas por el Estado.
De la mano de la impunidad, la debilidad institucional fue el otro factor clave para la injusta muerte de Daniel.
La pobre capacitación de los policías, el precario equipamiento, el desconocimiento de protocolos de actuación, la incapacidad de actuar como grupo entre corporaciones municipales y estatales, la insuficiencia de oficiales respecto al número de pobladores y delitos que se registran a lo largo del país impidió que Daniel fuese rescatado.
De manera similar, la incapacidad de autoridades por diseñar programas sociales efectivos que atiendan las carencias de una población e inciten el respeto de la ley, permite que las comunidades actúen por impulso y desdeñen la respuesta institucional ante un posible hecho delictivo.
A la fecha la Fiscalía Estatal reporta haber detenido a cinco personas por este delito. Un resultado muy pobre si revisamos las imágenes del linchamiento, donde se observan a muchos incitar, participar e impedir el rescate del joven; donde autoridades no supieron ejercer su función; donde hay una cadena de responsabilidades -que inicia con los mandos, los titulares de las instituciones, el alcalde, el gobernador, los diputados federales (que por segundo año eliminaron los recurso para capacitar a las policías), entre otros más- que deben asumir su corresponsabilidad por el homicidio de Daniel.
Nada permitirá que sus familiares y seres queridos recuperen al joven abogado. No obstante, la sanción de los culpables, las imputaciones y destituciones en contra de autoridades ineptas pueden mitigar el dolor de los deudos.
Aún más, dichas sanciones son necesarias si queremos que no se repitan hechos similares donde una comunidad se vuelque en la violencia, las autoridades se muestren incapaces y personas mueran sin un juicio, ni capacidad de defenderse.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano.
@frarivasCoL
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