Recientemente un joven mexicano, expatriado, quien me atendió en un restaurante y que llamaremos Carlos para fines de esta historia, me contó que lleva 5 años en Europa, que tenía un negocio en Matehuala -San Luís Potosí- pero que cuando le empezó a ir bien, “la mañana” lo levantó, golpeó y obligó a pagar derecho de piso.
Carlos comentó: “…preferí rematar todo y salirme del país con lo poco que me quedaba, tenía mucho miedo… Hoy soy mesero aquí, ya no soy empresario, soy empleado, gano mucho menos de lo que ganaba en México, pero por lo menos vivo tranquilo”.
Esta historia -que él me autorizó a escribir- es similar a la de muchos mexicanos que se ven obligados a cerrar actividades comerciales, despedir empleados, afectar la competitividad de su comunidad y cambiar de residencia, debido a la delincuencia.
Es un hecho que la criminalidad controla un porcentaje muy importante del territorio nacional -se calcula que entre el 40 y el 60%-, en dichas zonas ocurren impunemente la mayoría de los delitos.
Entre éstos, la extorsión se ha convertido en una gran fuente de ingresos y poder.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad de INEGI, en México ocurren por año cerca de 5 millones de extorsiones, de las cuales el 90% aproximadamente son telefónicas y el 10% son presenciales.
La extorsión presencial es uno de los delitos que más pone en peligro a los ciudadanos y que más debilita la gobernabilidad del país. Para que se pueda llevar a cabo requiere de una estructura compleja que incluye la participación de personas comunes y autoridades.
Las víctimas más golpeadas por el cobro de derecho de piso y otras formas de extorsión presencial, son las pequeñas y medianas actividades comerciales.
Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) más del 25% de sus agremiados pagan extorsión. Los montos oscilan entre los 500 y los 1,000 pesos a la semana para las pequeñas actividades, mientras que las más grandes llegan a pagar entre 8 y 12 mil pesos.
Esos montos se vuelven un impuesto cada vez más difícil de sostener hasta el momento en que ya no se puede o ya no se quiere pagar.
Lamentablemente, quienes intentan resistirse enfrentan terribles consecuencias. En su caso, Carlos corrió con suerte, los golpes lo atemorizaron pero no dejaron consecuencias físicas permanentes y así logró migrar, trabajar y sostener a su familia.
Sin embargo, para muchos migrar no es posible, deben seguir cautivos de la delincuencia o pagar con su integridad física o su vida, el oponerse a la imposición criminal.
Exactamente eso fue lo que le sucedió esta misma semana a Irma Hernández, una maestra jubilada de Veracruz, quien conducía un taxi para complementar sus ingresos y que murió tras ser violentada por la Mafia Veracruzana.
Irma fue privada ilegalmente de la libertad el 18 de julio, en pleno día, en plena vía pública, frente a sus colegas, para mandar un mensaje claro y contundente a quienes pensasen en resistirse a pagar cuota.
El mensaje fue aún más explícito cuando días después circuló un video donde Irma se encuentra hincada, rodeada por sus agresores, mientras da el siguiente mensaje: “Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejó el taxi 554. Compañeros taxistas con la Mafia Veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser y dejen de andar de "enwilados" con los charos que sólo nos extorsionan o van a terminar como yo”.
Irma fue encontrada sin vida días después debido a la violencia que la Mafia Veracruzana ejerció sobre ella.
Existen decenas de miles de historias como las de Irma, tan sólo un par de meses antes conocimos el caso de Isidro Medina en Tabasco, personas que pagaron en carne propia la falla de un Estado de Derecho débil, donde la impunidad y las malas políticas públicas, hicieron prosperar a los delincuentes.
Por eso, parece positivo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hayan llevado a cabo en 14 municipios de la entidad el Operativo Liberación que permitió la detención de 8 integrantes de la Familia Michoacana, dedicadas a extorsionar a comerciantes.
El Operativo Liberación es una acción exitosa, enmarcada en la Estrategia Nacional contra la Extorsión que recientemente anunció la presidenta de la República.
En particular, parece positivo que esta primera acción contundente se haya llevado a cabo para combatir el cobro de derecho de piso y el control delictivo de los mercados lícitos.
Si bien la extorsión telefónica genera miedo y afecta el patrimonio de millones de mexicanos, la extorsión presencial además de ello, cobra vidas.
Ahora queda esperar que operativos similares se lleven a cabo en todo el país, que no queden sólo en detenciones, sino que garanticen la sanción de los delincuentes y el acceso a la justicia para las víctimas.
Insisto, urge que operativos exitosos como Liberación se reproduzcan rápidamente a lo largo del territorio nacional para evitar casos como los de Irma e Isidro, a quienes la extorsión les costó la vida o como el de Carlos, que fue expulsado de su propio país, porque el Estado había decidido tolerar la delincuencia y abandonar a la población.
