El miércoles 30 de noviembre en el Observatorio Nacional Ciudadano presentamos el estudio La Extorsión Bajo el Caleidoscopio: muchas modalidades y pocas políticas públicas, una investigación profunda que busca describir los distintos fenómenos delictivos, la respuesta institucional y ofrecer posibles soluciones.
Concluir esta investigación fue un gran reto, por un lado las víctimas temen compartir su vivencia; por otro los servidores públicos se apegan a la narrativa institucional y rara vez dicen la verdad acerca de lo que sí y no funciona. Aún más debido a que muchas instituciones de seguridad y justicia no respondieron nuestras preguntas mediante los mecanismos de transparencia establecidos en la ley.
De las 24 fiscalías y 25 secretarías de las que se obtuvo respuesta sólo Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, entregaron información completa.
La única autoridad federal que contestó -de manera incompleta- fue la UIF y de 4 estados fue imposible recabar información: Chihuahua, Colima, Querétaro y Tlaxcala.
¿Qué encontramos en nuestra investigación?
1. Si bien la extorsión es un delito que afecta a toda la sociedad, las víctimas tienen miedo de denunciar.
2. Existe una diversidad creciente de modalidades, la más común es vía telefónica, la que más pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas es la extorsión presencial.
3. Repercute en la competitividad, en el acceso a los bienes y servicios de los consumidores, es decir en el bolsillo de todos los ciudadanos.
4. La extorsión es ejecutada por individuos, pequeñas bandas, delincuencia organizada, como autoridades, sindicatos y comunidades enteras.
5. Es un delito donde la impunidad es de casi el 100% de los casos. Ello se debe a la ausencia de estrategias diferenciadas para cada manifestación del delito; la falta de compromiso de muchas autoridades; malos procesos para captar las denuncias; una muy pobre respuesta institucional; ausencia de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas.
Todo ello explica por qué la extorsión crece año con año. Según datos oficiales, 2021 fue el año con la mayor tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de este delito y en los primeros 10 meses de 2022 ha seguido aumentando en 18.72%.
Con base al número de denuncias y víctimas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el segundo peor año de la historia del país en materia de extorsión fue 2019; el tercero 2020; el cuarto 2018 y quinto 2015. De mantenerse la actual tendencia, una vez que termine 2022, los peores 4 años en materia de extorsión serán los de la actual administración del presidente López.
Desde un enfoque de victimización, encontramos una diferencia notable entre los datos oficiales que publica el SESNSP y los hallazgos que arroja la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad de INEGI.
INEGI señala que en 2021 se cometieron 4,910,206 extorsiones y que de estas se denunciaron 246,138. De estos INEGI afirma que sólo en 128,976 casos se inició una carpeta de investigación.
Sin embargo, al comparar las denuncias estimadas por INEGI con las reportadas por el SESNSP, encontramos una diferencia abismal, el Secretariado reportó para 2021 sólo 8,828.
Indudablemente ambas son fuentes diferentes, con metodologías diferentes, no obstante, debe preocupar que los ciudadanos indiquen haber sido víctimas de más de 4 millones de extorsiones y que las fiscalías del país sólo reporten 9 mil carpetas de investigación.
Además, INEGI exhibe nulos resultados en su combate: sólo en el 3% de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez; en apenas el 0.3% de los casos se logró la recuperación de los bienes y que en ninguno de los casos hubo reparación del daño.
Estas deficiencias derivan de un tipo penal obsoleto -a nivel federal fue creado en 1984 y desde entonces no se ha perfeccionado- y de una pobre respuesta institucional.
Las autoridades estatales se limitan a campañas informativas o registro de números telefónicos desde donde se cometen las extorsiones.
A nivel federal no se percibe alguna estrategia; ninguna política anticorrupción que inhiba que las mismas fuerzas federales cometan extorsiones; ninguna reforma que fortalezca los procedimientos financieros y evite que los extorsionadores usen al sistema bancario impunemente.
Muy pocas entidades han generado mecanismos para proteger al denunciante; actúan de oficio ante la noticia delictiva y son contados los casos de golpes a bandas completas.
En la mayoría de los casos la autoridad se activa sólo después de la denuncia formal; rara vez existen mecanismos para que una víctima pueda darle seguimiento a su denuncia y se logran muy pocas detenciones.
En el peor escenario, las mismas autoridades disuaden la denuncia, revictimizan a quien denuncia o incluso ejecutan ellos mismos la extorsión.
Algunos servidores públicos nos compartieron extraoficialmente que en su fiscalía existe la instrucción de no iniciar acción alguna tras una denuncia de extorsión, ni reportarla en las estadísticas oficiales.
Mientras el delito sigue creciendo, los ciudadanos seguimos recibiendo llamadas de amenaza; de quien se hace pasar por un empleado de banco y termina por robarnos nuestro capital; nos siguen robando las cuentas de WhatsApp o de redes sociales para engañar a nuestros contactos.
De igual forma el sector empresarial del país sufre cada vez más la imposición de proveedores; la prohibición de producir, vender o transportar cierto producto o siendo obligado a pagar “derecho de piso”.
Con el estudio La Extorsión Bajo el Caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas buscamos proponer algunas acciones puntuales:
1. Reformar el marco normativo e impulsar una ley general que identifique la realidad actual de este delito;
2. Implementar algunas de las acciones exitosas que se han llevado a cabo tanto en nuestro país, como en el mundo.
3. Capacitar en el tema a las autoridades.
4. Destinar los recursos necesarios para que fiscalías y secretarías de seguridad puedan atender a las víctimas y combatir el delito.
5. Robustecer el sistema financiero para evitar que los delincuentes sigan usándolo impunemente.
Los mexicanos pagamos el costo económico y humano de la extorsión. Su incidencia explica en parte la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones que vivimos en México.
Si no se atiende con urgencia la extorsión, la delincuencia seguirá aumentando su poder y los ciudadanos empeorando nuestra calidad de vida, por ello debemos cerrar filas entre autoridades, sector productivo y ciudadanos para arrebatarle a los delincuentes este mercado criminal que tantos recursos y poder les genera.
@frarivasCoL
