México vive momentos delicados. En pocos años, por vías paralelas, se ha abandonado la construcción de instituciones civiles de seguridad pública en favor de procesos federales y locales de militarización.

Si en pasado el gran opositor a que soldados y marinos ejecutasen acciones de seguridad era el presidente López y su partido en turno (antes el PRD, luego Morena), hoy el ejecutivo federal impulsa la militarización de la seguridad pública frente a una oposición incapaz de frenarlo.

Lamentablemente todos nuestros mandatarios han propuesto medidas similares ante los retos de seguridad. Desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y ahora López, el gobierno en turno ha puesto en marcha políticas públicas que terminan por centralizar recursos humanos y materiales; debilitar las fuerzas civiles; fortalecer el poder militar.

Es decir, cada presidente, independientemente de las promesas que haya avanzado en campaña o las críticas que haya manifestado desde algún espacio de oposición, termina por darle más atribuciones al Ejército y menos a las policías -particularmente a las locales-.

Dicho de otra manera, no hay ideología, no hay consistencia, no hay rectitud; con tal de ofrecer una respuesta a la creciente violencia, la administración en turno militariza un poco más al país sin medir que con ello ha crecido el número de violaciones a derechos humanos, de desapariciones forzadas, de impunidad.

En contraste a lo esperado, la mayor presencia de efectivos del Ejército y de la Marina en las calles, no ha disminuido la incidencia delictiva, de hecho, ocurre lo mismo, a mayor presencia militar, mayor violencia.

El paulatino proceso de militarización de la seguridad pública, se aceleró en este sexenio:

1. Se creó la Guardia Nacional (GN) -que López había prometido civil con mando y estructura militar-.

2. Se impulsó una iniciativa para transferir su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) -pese a que la Constitución lo prohíbe-.

3. Se amplió el término hasta 2028 de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad -pese a que fue este gobierno el que fijó la fecha de retorno a los cuarteles de militares y marinos para 2024-.

4. Se recortaron en más del 30% los recursos para las policías estatales y se dejó en ceros los recursos para las municipales, mientras que el presupuesto del Ejército creció exponencialmente.

5. A nivel local se nombraron militares al frente de las policías estatales en más de la mitad de las entidades gobernadas por Morena y sus aliados.

En este acelerado proceso el desempeño de la oposición ha sido desde lo errático, hasta lo abiertamente entreguista.

Ante cada proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ante cada iniciativa por militarizar más al país, que ha surgido del ejecutivo federal, PAN, PRI, PRD, MC han manifestado su rechazo y han terminado por ser avasallados por Morena y sus aliados.

Varios son los casos en en los que los legisladores “súbitamente han cambiado de idea” y han dejado sus posturas y creencias por obedecer al llamado de López.

Tal es el caso del senador panista Raúl Pérez quien había prometido votar en contra de la propuesta de transferir la adscripción de la GN a la SEDENA y previo a la votación, “repentinamente”, cambió de bancada para integrarse como enlace con el sector empresarial de Morena. Obviamente su voto fue determinante para lograr la aprobación de la inconstitucional iniciativa preferente de López

De manera similar podemos ver el caso de la diputada priista Yolanda de la Torre. Pese a que de la Torre fue testigo de honor en la reforma a la Constitución de su natal Durango que reconoce el derecho a la paz de sus ciudadanos; que fuese una dura crítica de que las fuerzas armadas continuasen en labores de seguridad pública; fue quien presentó la reforma a los transitorios de la ley de la GN para mantener a Ejército y Marina hasta 2028 actuando como policías.

¿Cómo olvidar el caso de los senadores Carlos Aceves, Manuel Añorve, Eruviel Ávila, Sylvana Beltrones, Mario García, Nuvia Mayorga, Verónica Martínez, Carlos Ramírez y Mario Zamora del PRI; Antonio García y Miguel Ángel Mancera del PRD; quienes se opusieron a la iniciativa de la diputada de la Torre y pocos días después, “sorpresivamente”, cambiaron de idea y votaron en favor de la reforma?

López ya lo dijo: él cambió de idea y por ello no piensa cumplir sus promesas de campaña de 2006, 2012 y 2018 de pacificar el país mediante la construcción de instituciones civiles sólidas de seguridad, sino que apuesta por militarizar al país.

En contraste, mientras se necesitan sólidos contrapesos, parece que hay “incentivos” que empujan a que algunos integrantes de la oposición se dobleguen con extrema facilidad ante la voluntad del ejecutivo federal.

Lo cierto es que sin contrapesos la apresurada marcha hacia la militarización avanza sin freno; sin indicadores de resultados; sin transparencia ni rendición de cuentas; sin lograr mejorar las condiciones de seguridad en perjuicio de las policías locales y con un creciente riesgo para la democracia y los derechos de todos los ciudadanos.

Hace falta mucha oposición para frenar la militarización de la seguridad pública, una oposición dura como era la de López y sus hoy aliados.

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Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL