Contrariamente a las afirmaciones del oficialismo, la relación entre el gobierno mexicano y la administración Trump —particularmente en materia de seguridad—, es muy complicada.
La supuesta buena colaboración entre ambos gobiernos exhibe fuertes contradicciones tanto en declaraciones, como en hechos concretos.
En estos primeros meses del gobierno Trump hemos escuchado a las autoridades estadounidenses elogiar a la presidenta Sheinbaum, al tiempo que han declarado que México está bajo el control de la delincuencia organizada, que ella está confundida y tiene miedo de enfrentar a los cárteles.
De manera similar, los funcionarios de ambas naciones afirman que hay buena coordinación entre ellos, mientras es evidente que las autoridades estadounidenses desconfían de las mexicanas.
Por ejemplo, establecen acuerdos con delincuentes mexicanos, extraditados por nuestro gobierno, sin informar a alguna autoridad de este lado de la frontera; revocaron la visa a la gobernadora de Baja California sin aparentemente haber dado explicación a la titular del Ejecutivo Federal —que es de su mismo partido, que funge como la actual presidenta de la Conago y que gobierna una de las entidades fronterizas—; publicaron una foto sobre un supuesto operativo en conjunto entre las fuerzas armadas de ambas naciones, en nuestro territorio, pese a que la presidenta desmintió tal suceso.
Y aún más, nombran a un embajador con altas credenciales militares y de inteligencia.
Es decir, ante el triunfalismo en torno a las acciones de combate a los delitos de nuestras autoridades, Estados Unidos mantiene un tono crítico y una evidente desconfianza en nuestras instituciones.
De tal suerte que el gobierno Trump se ha vuelto el mayor contrapeso en materia de seguridad para el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Tras la victoria en las urnas del presidente López Obrador en 2018, la oposición perdió su capacidad de llamar a cuentas al ejecutivo y poco a poco el contrapeso que ejercíamos tanto los medios de comunicación como el activismo social se vio mermado entre amenazas, persecución, cierre de espacios y abierta censura por parte del oficialismo.
Por ello entre 2018 y 2024 se pudo vulnerar a las instituciones —se desapareció a Policía Federal, se violaron los derechos laborales de sus integrantes, se rasurò el gasto destinado a todo el aparato de seguridad de justicia— y llegar a niveles récord de violencia, sin algún costo político para el gobierno de la República.
Ni las casi 200 mil víctimas de homicidio doloso ni las casi 60 mil de desaparición, fueron suficientes para generar un movimiento social y político capaz de exigir explicaciones reales y sensatas ante tal desastre.
En pocas palabras, por seis años, el expresidente López no tuvo contrapeso alguno y eso facilitó que entregase el país en mucho peores condiciones de como lo recibió.
A diferencia de su antecesor, Sheinbaum en estos meses ha tenido que enfrentar un verdadero adversario político capaz de ser su contrapeso, un adversario que ha podido fácilmente incidir en cómo se ejecuta la política de seguridad del país; capaz de obligar a nuestras autoridades a dejar atrás la desastrosa política de “abrazos, no balazos”, capaz de impulsar una agenda en donde es imposible negar que en México se produce fentanilo; una política que ya no protege a los delincuentes —o por lo menos eso parece— como hizo en su sexenio López; una política que en 4 meses ha permitido más detenciones, decomisos y aseguramientos, que en los 6 años anteriores.
Debido a las amenazas de aplicar aranceles si no se reduce el trasiego de fentanilo a su país, la presencia de Trump se convirtió en el contrapeso natural ante el triunfalismo y la autocomplacencia del gobierno de la morenista.
Si su regreso a la Casa Blanca ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta nuestra economía y posible desarrollo, en seguridad —hasta el momento— parece que tendrá resultados positivos porque ninguna autoridad puede gobernar con autoritarismo y sin crítica y obtener buenos resultados. Para que una administración sea efectiva, se necesita que alguien lo llame a cuentas y de ser necesario, le exija cambiar el rumbo de sus acciones.
Esperemos que ese poder que ha ejercido la Casa Blanca permita el resurgimiento de los contrapesos sociales y políticos de este lado de la frontera. Con ello el gobierno en turno y los futuros se verán obligados a cumplir con su función de entregar un país en mejor situación de como lo recibieron y no se dedicarán solamente a acumular poder riquezas y corrupción.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano