El pasado viernes 4 de agosto, el presidente de la República, volvió a presumir supuestas disminuciones de delitos.
Como es su costumbre, habló de reducciones que no corresponden a la realidad porque (1) las comparativas con datos oficiales no muestran lo que el mandatario afirma y (2) la calidad de la estadística oficial ha empeorado sustancialmente.
El presidente miente cuando afirma que vamos bien, la realidad es que la política de seguridad tiene resultados desastrosos y este sexenio ya es el más violento de la historia. Entre los delitos que más han crecido en este sexenio están todos aquellos que se cometen por razón de género.
En por eso que nos debe preocupar que el presidente hable de reducción de la violencia en contra las mujeres cuando, según la Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU), 7 de cada 10 mujeres viven sintiéndose inseguras y a nivel nacional se registran oficialmente al día más de 2 víctimas de feminicidio; 10 mujeres víctimas de homicidio doloso; 8 de desaparición; 198 de lesiones dolosas; 806 en casos de violencia familiar y 67 de violaciones.
Para poner en contexto la gravedad de estos números debemos recordar que en México los registros oficiales de incidencia delictiva corresponden apenas al 6% del total de delitos que ocurren y que, aún con tal cifra negra, tan sólo en enero de 2023 los casos letales en contra de las mujeres rebasaron el total de homicidios dolosos (incluyendo los de hombres, de mujeres y los feminicidios) ocurridos en un país como Italia en todo el 2022.
Ante la falta de resultados en la reducción de los delitos, resulta particularmente importante las aportaciones que provienen de los colectivos de víctimas, de las organizaciones civiles y de los centros de investigación, esfuerzos objetivos por evaluar dónde estamos y hacia dónde deberíamos dirigir los esfuerzos institucionales para combatir la violencia.
Un claro ejemplo es el Reporte Oficial del Primer Foro Nacional sobre Feminicidios que presentó el pasado martes 2 de agosto el Instituto México del Woodrow Wilson Center.
El Reporte recopiló la información y diagnóstico de diversos actores sociales e incluyó un análisis de las reformas legislativas y de implementación de políticas públicas para erradicar el feminicidio.
Entre los hallazgos más relevantes se destaca la importancia de homologar el tipo penal y las penas para sancionar el feminicidio; la creación de un sistema de protección para mujeres víctimas de violencia; incluir en este delito las agresiones con ácido; permitir que los menores de edad denuncien a sus agresores sin la necesidad de aprobación de un adulto; que se prohíban los matrimonios infantiles -aún en las comunidades que se rigen por usos y costumbres-; así como la creación de unidades especializadas en investigar y combatir dicho delito.
En el Observatorio Nacional Ciudadano, coincidimos plenamente con dichos hallazgos y por ello insistimos que para que dichas reformas sean exitosas se deben acompañar de programas de detección temprana de la violencia en contra de niñas y mujeres, al tiempo en que se destinen los recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para que las policías y fiscalías de todo el país puedan perseguir los delitos.
Por lo general el agresor de una niña, de una mujer, suele ser alguien cercano -la pareja, un familiar o alguien conocido-, es decir, rara vez el hecho fatal ocurre repentinamente y lo ejecuta un desconocido. Por ende, sí es posible detectar tempranamente signos y síntomas de la violencia que, si son frenados a tiempo, pueden salvar vidas.
Ello implica sumar esfuerzos entre los sectores educativo, social, de salud y el productivo para identificar a una mujer violentada y brindarle el apoyo necesario.
Asímismo, se debe atender la capacidad institucional para investigar y sancionar los feminicidios consumados.
Indudablemente en muchas fiscalías existen intereses perversos por ocultar este fenómeno delictivo. Sin embargo, en muchos casos los malos registros -feminicidios que se clasifican como homicidios dolosos-, se deben a la incapacidad de investigar una muerte violenta de mujer bajo los protocolos de feminicidio.
Una incapacidad que se deriva tanto de cargas de trabajo imposibles de cumplir para los ministerios públicos, los peritos y los policías de investigación, como de la falta de insumos para investigar los delitos.
El Reporte Oficial del Primer Foro Nacional sobre Feminicidios debe ser leído, entendido y usado como recurso para legislar e implementar políticas públicas efectivas de reducción a la violencia letal en contra de las mujeres.
No importa cuantas veces el presidente insista en lo bien que vamos en materia de seguridad, mientras una mujer, una niña vivan con miedo y sufran alguna forma de violencia, no podemos celebrar algún triunfo.
A mayor razón cuando los datos oficiales exhiben que diariamente 12 mujeres son víctimas letales de una muerte violenta; que 67 son violadas, que 1000 sufren violencia física y que la impunidad por dichos delitos es superior al 93%.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
