En México es frecuente que un fraude —un engaño que alguien ejecuta con el fin de que una víctima entregue voluntariamente dinero o bienes—, pueda escalar a una extorsión, es decir en una amenaza para doblegar la voluntad de una víctima, a un hecho violento como lesiones dolosas, violaciones, abuso sexual, secuestro, desaparición de personas u homicidio.
Ese es el caso de Fernando, un niño de 5 años que vivía en Los Reyes La Paz, Estado de México, quien fue víctima de homicidio doloso como represalia ante una deuda de mil pesos, que la familia no pudo pagar.
El pasado 28 de julio los acreedores de dicha deuda secuestraron a Fernando debido a que su madre no había pagado. Tras la privación ilegal de la libertad del menor, la madre acudió varias veces al domicilio de los prestamistas a solicitarles que le entregasen a su hijo.
Dado que la mamá de Fernando seguía sin poder, el menor siguió secuestrado, hasta que la madre ya no supo de él.
Por ello, acudió a las autoridades locales, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y el 4 de agosto, solicitó ayuda a la policía municipal, quienes finalmente ingresaron al domicilio de los delincuentes y encontraron el cadáver del menor.
A Fernando lo mataron porque su familia no pudo pagar mil pesos. Para los delincuentes la vida de Fernando valía menos de dicho monto.
Lamentablemente, casos como el de Fernando ocurren a diario a lo largo del país.
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por año se denuncian más de 7 millones de fraudes —entre telefónicos, cibernéticos y presenciales—. De ellos, en 2024 se iniciaron 113,826 carpetas de investigación.
De manera similar, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), cada año ocurren cerca de 5 millones de extorsiones, de éstas, sólo en 10 mil casos se inicia una carpeta de investigación.
Tales índices de impunidad explican por qué año con año crecen los engaños, las amenazas y la violencia.
Fenómenos como los “montadeudas” o como el “gota a gota” ocurren a la luz del día, en el pleno conocimiento de ciudadanos y autoridades, sin acciones proactivas del Estado.
Los delincuentes aprovechan la necesidad de las personas de obtener dinero rápido, sin garantías ni avales, donde aparentemente se contrata su devolución en pequeñas cuotas.
Los intereses impagables hacen que la deuda sea cada vez más difícil de pagar. Una vez que el deudor se vuelve moroso, inician las vejaciones, las amenazas, la pérdida de bienes o incluso las represalias físicas.
Es así que una persona pasa de ser víctima de un fraude, a ser víctima de extorsión, a poner en riesgo su vida.
¿Qué nos debería enseñar el caso de Fernando? Primero que la necesidad económica de los mexicanos está lejos de haberse resuelto, a pesar de la amplia distribución de “programas sociales”; que el acceso al dinero —los préstamos— es caro y complicado; que existen una serie de vacíos legales que permiten la operación de seudoempresas e individuos en el sector financiero; que faltan mecanismos de denuncia anónima que lleven a la captura de los delincuentes; que la respuesta institucional es lenta y con ello se pierden vidas.
Si la mamá de Fernando no hubiese tenido una necesidad económica, él seguiría con vida. Si ella hubiese podido contar con el apoyo de una institución bancaria, en vez de necesitar acudir a prestamistas para resolver su problema económico, Fernando seguiría con vida.
Es fácil suponer que los homicidas de Fernando no era la primera vez que prestaban dinero y extorsionaban a sus víctimas, si es así ¿por qué nadie los denunció antes? ¿Por qué no había una actuación de las autoridades en contra de este fenómeno?
Ante el hecho consumado, ante el secuestro de Fernando, si la madre hubiese acudido inmediatamente con la autoridad y ellos actuado con celeridad, el menor hoy no se habría sumado a las 413 menores de edad, víctimas de homicidio doloso, que se registraron tan sólo en el primer semestre de 2025.
Dicho de otra manera:
- Urgen acciones preventivas y proactivas que limiten la actividad de seudoempresas e individuos dedicados a prestar dinero con intereses leoninos.
- Se debe impulsar una campaña de sensibilización acerca de los riesgos que implica acudir a este tipo de esquemas de financiamiento.
- Se necesita fomentar mecanismos de acceso a préstamos más económicos, fáciles y rápidos en instituciones bancarias confiables.
- Se debe construir una mayor confianza en las instituciones de seguridad y justicia. Dado que subsisten las fallas, la revictimización, el maltrato, la negligencia y la corrupción en las policías y fiscalías de todo el país, resulta poco probable que cualquier víctima de engaños, amenazas y violencia, acuda a interponer una denuncia.
- Es fundamental crecer el número de policías, peritos, ministerios públicos y fiscales, a lo largo del país. Se requiere pagarles mejor, capacitarles, dotarles de recursos y supervisarlos para garantizar una respuesta más rápida ante las denuncias de un delito. Sin ello, las instituciones de seguridad y justicia harán lo poco que pueden y no lo que se necesita.
Por mil pesos le arrebataron la vida a Fernando. Como sociedad nos debe avergonzar que la vida de alguien valga unos cuantos pesos —a mayor razón cuando hablamos de una cifra relativamente tan pequeña— y que quienes vivimos en este país —menores de edad y adultos— estemos en riesgo constante de ser víctimas de la violencia criminal que desde hace décadas azota a México.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano