La información pública oficial, aquella que se construye con base en el número de investigaciones que las fiscalías del país inician, confirma que la extorsión mantiene un comportamiento al alza.
Ante ello, el gobierno federal puso en marcha una estrategia para combatirla. Ésta incluye el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la colaboración entre autoridades, reformas legales e impulso a la denuncia anónima mediante el teléfono 089.
Combatir la extorsión en nuestro país es tarea compleja, es un delito que se ejecuta de maneras tan diversas como las llamadas de engaños y amenazas, los fraudes cibernéticos, el cobro de derecho de piso y el control de los mercados lícitos -mediante la violencia-; que ocurre en las 32 entidades -incluidas aquellas donde es menos visible el problema- y que es cometida por sujetos activos tan variados como son los empleados de empresas -que afectan a sus colegas-, por criminales en lo individual, por bandas, por los grandes grupos de delincuencia organizada, por autoridades e incluso por sindicatos legalmente constituidos.
Desde el gobierno federal se hace énfasis en la importancia de denunciar y se asegura que es seguro hacerlo, que podemos acudir a una fiscalía o hacer uso del 089 -el número de denuncia anónima- con el fin de activar el aparato de seguridad y así combatir el delito.
En contraste sobran las evidencias que quien denuncia, paga en carne propia las consecuencias.
Hace un par de semanas expuse el caso de la maestra jubilada Irma Hernández, quien fue torturada y privada de la vida por la Mafia Veracruzana, uno de los tantos casos que ocurren a lo largo del país donde la autoridad supo y por algún motivo, abandonó a la víctima.
De manera similar, en los últimos días han ocurrido hechos que muestran que solos y vulnerables nos encontramos las víctimas ante los delincuentes.
En Estado de México, a una sucursal de una empresa presente en 10 entidades, se le exigió el pago semanal de dinero -derecho de piso-, si quería seguir operando. El gerente llamó al 089 y ante la nula ayuda, mandó a su abogado a la fiscalía estatal a presentar su denuncia.
Menos de dos horas después, ese mismo gerente fue “levantado” y golpeado, fue liberado por los delincuentes bajo la amenaza de que no habría “una segunda oportunidad, que la próxima vez que denunciase o se resistiese a pagar, habría consecuencias más graves”.
En respuesta, la empresa decidió cerrar la sucursal, despedir personal y evaluar si debe concluir toda su operación en la entidad.
En las carreteras federales del occidente del país, una empresa fue extorsionada por la Guardia Nacional. Tras la denuncia ante la autoridad competente, uno de sus camiones -incluido el chofer- desapareció.
La familia del chofer se apoya en un colectivo para su búsqueda, la empresa decidió prestarles todo su apoyo y -según me confió en corto- limitar la distribución, pagar la extorsión y no volver a denunciar.
Hace un par de días, en Ensenada, Baja California -un municipio considerado comúnmente como tranquilo- un joven restaurantero decidió cerrar su actividad debido al cobro de piso por parte del crimen organizado.
Mediante una denuncia pública el empresario señaló que tras 4 años de operación no estaba dispuesto a pagar; que el riesgo era muy grande para él, para su familia y para sus clientes; que en dicha situación se encontraban todos los restaurantes de la zona y que la autoridad simplemente no actúa.
El joven asegura sentir miedo de represalias por haber hecho pública su denuncia.
Los agremiados de la Cámara Lagunera de Durango -que agrupa varios sectores productivos- publicaron un comunicado donde solicitan al gobierno federal actuar en contra de la extorsión que reciben del sindicato CATEM y de la delincuencia organizada.
Aparentemente, las denuncias previas no habían derivado en una reducción del delito dado que dicho sindicato es presidido por un poderoso senador de Morena que ya en pasado había sido señalado por este tipo de prácticas.
Ante ello, los empresarios y sociedad civil que promovieron el comunicado han sufrido amenazas -localmente por parte de los directamente involucrados y a nivel nacional, por parte del senador-.
En resumen, pese a que son casos diferentes, que ocurrieron en entidades diferentes, a empresarios de sectores productivos muy diversos y donde el sujeto activo puede ser un delincuente, una autoridad o un sindicato, son casos que tienen en común sufrir graves consecuencias tras haber denunciado.
Como alguien que lleva más de 20 años trabajando en seguridad, soy un firme convencido de la importancia de la denuncia. No obstante, reconozco que al hacerlo, los riesgos aumentan.
También tengo la evidencia que llamar al 089, no es de mucha utilidad, ni siquiera en los casos menos preocupantes.
Precisamente el pasado viernes sufrí un intento de extorsión, de inmediato llamé al 089 y el servicio fue por demás frustrante: la llamada duró 52 minutos, pese a que insistí que era una denuncia anónima, me solicitaron en repetidas ocasiones mi nombre completo y dirección de casa, además, la operadora se equivocó varias veces en la transcripción de los hechos.
Es positivo que la federación haya puesto en marcha una estrategia nacional para combatir la extorsión, ahora urge que mejore sus capacidades de combate y recepción de denuncias (empezando por el 089 y las agencias de ministerios públicos del país); que vaya contra las redes de corrupción que permiten que el delito ocurra; que demuestren que nadie (ni delincuentes, ni policías ni fiscales, ni guardias nacionales, ni sindicatos o senadores de la República del oficialismo) se encuentran por encima de la ley; que las víctimas importan, que serán protegidas y obtendrán el debido acceso a la justicia.
De lo contrario, la política de combate a la extorsión está destinada al fracaso, el delito cada vez más cobrará más vidas y afectará aún más el desarrollo del país.
