El presidente López quiere resolver de la manera más rápida el lío que él mismo creó cuando decidió crear la Guardia Nacional (GN). Para ello está dispuesto a usar reformas legales que son inconstitucionales, mecanismos coercitivos en contra del Poder Legislativo y el Poder Judicial, o llevar a cabo concursos de popularidad que no son vinculantes por ley.
En los últimos meses el presidente comenzó a hablar de un proyecto para transferir definitivamente la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mediante una modificación a las leyes reglamentarias de la Guardia y de la Administración Pública Federal.
Los resultados de la elección de 2021, en las que el presidente perdió la mayoría absoluta que necesitaba para modificar la Constitución, le impidieron el camino necesario -la reforma constitucional- y lo llevaron a presentar el pasado 31 de agosto una iniciativa preferente para consumar dicho cambio.
La iniciativa del presidente fue aprobada en menos de una semana por ambas cámaras. Sin embargo, dado que López sabe que esta reforma va en contra de lo establecido en la Constitución -la oposición y diversos actores informamos que interpondremos una controversia constitucional para frenar dicha violación a la Carta Magna-, echó mano del chantaje para doblegar al corrupto dirigente del PRI, quien usó a una diputada para que presentase una reforma a los transitorios de la ley de la GN, para que el Ejército prosiga en labores de seguridad hasta 2028.
Dicha iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados más no en el Senado. Al no conseguir los votos suficientes, los senadores morenistas rechazaron votar la iniciativa, propusieron regresarla a comisiones, con la esperanza que el secretario de Gobernación, los titulares de las secretarías involucradas -quienes comparecerán el 18 de octubre en el Senado-, Morena y el mismo presidente, dobleguen a cinco legisladores de oposición, los necesarios para aprobar dicha reforma.
Evidentemente al presidente le molestó su fracaso, primero exhibió en la mañanera a los senadores que votaron contra dicha propuesta y este viernes 23 de septiembre propuso llevar la discusión a Consulta Popular.
¿Por qué el mandatario desgasta su capital político en el intento de militarizar definitivamente la seguridad? Porque en campaña López prometió que al finalizar su sexenio México tendría en la GN un cuerpo civil, de élite, impoluto, capaz, sólido, efectivo, respetuoso de los derechos humanos y con 175 mil elementos.
Para lograrlo, nos pidió a todos los mexicanos algunos sacrificios: desaparecer a la Policía Federal (PF) e incorporar los mejores elementos a la GN; tomar prestados elementos de la SEDENA y de la Secretaría de la Marina, mientras se construía la institución; mantener en labores de seguridad a las fuerzas armadas hasta 2024 e invertir una enorme cantidad de dinero -de nuestros impuestos- para desarrollar un sólido sistema de formación y actuación para la GN con el fin de garantizar la disminución de delitos, evitar cualquier violación a los derechos humanos y permitir el retorno de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
A menos de dos años del final de su administración, López sabe que fracasó rotundamente. Pese a haber hecho un enorme dispendio de recursos, la GN no cuenta con los elementos prometidos -en marzo de 2024 los militares y marinos deberán regresar a sus instituciones de adscripción por lo que la Guardia se quedará con apenas 20 mil elementos, la mitad del tamaño de la extinta PF y apenas el 12% de los que nos prometió-, ni con la capacitación, ni los protocolos de actuación, ni los mecanismos de supervisión.
Además, la GN se ha demostrado sumamente ineficaz para reducir delitos, detener delincuentes, salvar vidas o tan sólo lograr asegurar drogas, armas o efectivo de los criminales. En contraste, sus integrantes han sido detenidos en flagrancia de cometer delitos y -según datos de la CNDH- han cometido más violaciones a los derechos humanos en tres años, que la PF en nueve.
Dado que en dos años será imposible que López cumpla su promesa, intenta y seguirá intentando por todos los medios -ilegales e inconstitucionales-, salvar la cara mediante la adscripción de la GN al Ejército y con la ayuda de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028.
Lamentablemente esta propuesta representa un riesgo para la gobernabilidad del país, para los derechos individuales y colectivos, inhibe la construcción de instituciones civiles sólidas de seguridad, nos cuesta muy caro, entorpece la transparencia y rendición de cuentas, fomenta la corrupción y debilita los otros poderes del Estado.
¿López admitirá que lo que intenta es ilegal y tendrá efectos negativos para el país? Lo dudo.
Seguramente intentará someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no resuelva la inconstitucionalidad de la reforma de la GN; extorsionará a legisladores para que le permitan mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028 y llevará a cabo una especie de Consulta Popular que sabe que es inconstitucional.
Recordemos que el artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución, prohíbe realizar consultas populares sobre “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Eso explica por qué López avisó que lo hará “por su cuenta”, sin el INE, ya que la ley no lo permite.
Triste escenario para el país: en 45 meses de esta administración ya se rebasaron el total de homicidios ocurridos tanto en el sexenio de Calderón, como el de Peña; se consumó una profunda destrucción institucional, la GN fracasó y el presidente ha violado sistemáticamente la ley.
Todo ello nos permite suponer que las cosas empeorarán cada vez más, y que el próximo gobierno tendrá la titánica tarea de reconstruir el país, sus instituciones y la idea de respeto a ley.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@frarivasCoL
