“El fiscal no ha cometido delitos graves”, declaró el presidente López en la mañanera del pasado miércoles 6 de julio después de que se filtraran los audios de una llamada entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz y el padre del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.
En dichos audios queda de manifiesto cómo el fiscal amenaza e instruye al señor Lozoya sobre qué debe hacer la defensa en el juicio de su hijo acusado de peculado por el caso Odebrecht.
Nada nuevo, hace tan sólo 3 meses ya se había hecho pública otra conversación telefónica, en la que el fiscal, en un claro abuso de sus funciones, reclamó al ministro Pérez Dayán por no haber acatado su solicitud en relación al caso de Alejandra Cuevas.
Ante tal hecho, el presidente manifestó su confianza en Gertz, a quien llamó “hombre honesto”; también en esta ocasión el presidente se puso de parte del fiscal, confirmó que este seguiría en el cargo e insistió que no habría alguna investigación:
“… no es denunciar por denunciar, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie. El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal.”
¿Se equivocó el presidente en cómo articuló su respuesta, lo traicionó el subconsciente o es una forma para presionar a Gertz a dimitir voluntariamente del cargo? Más allá de la especulación, sorprende el respaldo de López ante las constantes fallas del titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde su llegada, el primer fiscal general en la historia de nuestro país se ha distinguido por un manejo cuestionable de la institución. Los casos que se filtraron -el de Emilio Lozoya y el de Alejandra Cuevas- son sólo una muestra de cómo la FGR ha cometido errores, abusos y ha actuado por intereses personales del fiscal y políticos de la actual administración.
Si analizamos el caso Lozoya, imputado por corrupción en Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, podemos observar que la FGR ha tenido un trato preferencial para el ex titular de Pemex, al tiempo que las constantes fallas en el armado de la carpeta de investigación han hecho caer una a una las imputaciones.
Prácticamente sólo queda pendiente que Lozoya pague la reparación del daño para que pueda recuperar su libertad y con ello, el gran caso de corrupción de este sexenio quede en nada.
El otro caso que se filtró, el de Alejandra Cuevas y Laura Morán, es derivado de un problema familiar del fiscal quien en 2015 interpuso una denuncia en contra de Cuevas y Morán por supuestamente ocasionar la muerte de su hermano, Federico Gertz, como efecto de descuidos.
Cabe mencionar que Morán por 50 años fue pareja del occiso y Cuevas su hijastra.
La detención de Cuevas se ejecutó ilegalmente, la prisión preventiva nunca se justificó y la imputada recuperó su libertad después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara el caso.
Tan sólo estos casos deberían poner en discusión la permanencia del fiscal al frente de la FGR. Sin embargo, estos sólo son una muestra de cómo el fiscal una y otra vez ha puesto intereses particulares por encima de la persecución de la justicia. Estos son otros ejemplos:
1. Puso en marcha una contrarreforma en materia de justicia penal que echa para atrás una parte importante de las garantías logradas con el Sistema Adversarial -un ejemplo es que revive el uso casi indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa-.
2. Acusó a 31 ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por delincuencia organizada y lavado de dinero. En este caso debemos recordar que dichos científicos se habían pronunciado meses antes en contra la admisión de Gertz al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el nivel III por no cumplir los requisitos y haber cometido plagios. Finalmente la SCJN desestimó el caso.
3. Ha mantenido las imputaciones en contra de la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ex jefa del gobierno capitalino Rosario Robles, por desviar 5,000 millones de pesos. En este caso ninguno de los privilegios que se le dieron a Lozoya se le han permitido a quien entregara en el 2000 la jefatura de gobierno al hoy presidente López.
4. Acusó al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca de delincuencia organizada, sin poder probar su acusación al poder legislativo, que mantuvo el fuero en favor de Cabeza de Vaca.
5. Durante las elecciones de 2021 la FGR dio a conocer que estaba investigando a los candidatos en Nuevo León de Movimiento Ciudadano, Samuel García -actual gobernador- y del PRI, Adrián de la Garza, por posibles delitos electorales, misma investigación de la que nunca se volvió a hablar.
6. Exoneró con una “investigación exprés” al general Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos por varios cargos de narcotráfico.
Los más recientes y polémicos casos son en contra del expresidente Peña y del actual presidente del PRI y ex gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno.
En el caso del expresidente la FGR inició una carpeta de investigación por movimientos bancarios internacionales en 2019 que ascienden a 26 millones de pesos.
Si bien el presidente López prometió en campaña investigar los actos de corrupción de los ex mandatarios, sorprende que sea hasta ahora que inician una carpeta en contra de Peña, por un movimiento financiero proporcionalmente poco relevante y no lo hayan involucrado en los hechos que llevaron a la detención de Lozoya y Robles.
Por lo que se refiere a la supuesta investigación de la FGR en contra de Alito, la única evidencia fue un tuit publicado en la cuenta oficial del gobierno de México, que luego fue borrado.
El lamentable desempeño de Gertz como titular de la FGR no se limita a abusos y violación de la norma, el pésimo desempeño de la fiscalía incluye la caída de investigaciones, decomisos, aseguramientos, sentencias condenatorias; la disminución de capturas; así como la descarada protección de familiares del presidente, funcionarios de esta administración y aliados políticos, casos que exploraré en mi artículo de la próxima semana.
En resumen, al presidente no le parece grave que el fiscal general de la República haya incurrido en una serie de violaciones a la norma, al debido proceso y a los Derechos Humanos de los imputados. Probablemente López los reconoce como delitos, pero no como delitos graves.
En otro sexenio un fiscal con este desempeño se hubiera visto obligado a renunciar, en esta administración Gertz goza de toda la impunidad que le otorga la protección del presidente ¿será entonces que parte de esos delitos que tan fácil comete el fiscal son ordenados por el mismo López?
@frarrivasCoL
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