Toda decisión y acción que se planea o ejecuta desde el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial debería poder ser reconducida a un por qué, cómo y para qué se tomó, qué implicó, cuánto costó y qué efectos tuvo.
En nuestro país las instituciones rara vez permiten tal ejercicio, si bien México ha avanzado mucho en sistemas de transparencia, la rendición de cuentas sigue siendo una mera aspiración.
Esto es particularmente observable en las Fuerzas Armadas (FFAA) que, al amparo de las normas que reconocen la necesidad de resguardar cierta información por motivos de seguridad nacional -y su personal está sujeto a un código de justicia militar-, niegan sistemáticamente explicar sus acciones, dar a conocer sus programas, el tamaño institucional, el uso de recursos o la impartición de justicia.
Indudablemente ciertos procesos de toma de decisiones y contenido de las estrategias de las FFAA deben permanecer confidenciales para no poner en riesgo vidas o efectividad de las estrategias.
Sin embargo, dado que la SEDENA desarrolla cada vez más acciones que no están relacionadas con la seguridad nacional, debería ser más abierta a los procesos de transparencia y rendición de cuentas, tanto a nivel institucional, como en lo individual por parte de sus funcionarios.
Es decir, en la medida en que el Ejército distribuye útiles escolares, administra vacunas, construye infraestructura civil, ejecuta acciones de seguridad pública, intenta emprender en la aeronáutica comercial, debería comportarse como una institución civil dispuesta al escrutinio público y no sólo como una institución acuartelada que actúa sólo ante desastres naturales y protección del territorio nacional.
En los hechos, ocurre exactamente lo contrario, la secrecía de las FFAA abarca el gasto público, el desempeño institucional, la corrección de rumbo ante ilegalidades y errores.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) publicamos el estudio Gasto Público en Seguridad 2019-2021, en el que analizamos la distribución y uso de las aportaciones federales para la seguridad y justicia; entre las conclusiones señalamos que las FFAA reciben más de la mitad de todo el dinero destinado a fortalecer la seguridad y justicia en el país sin explicar la lógica de uso, desempeño y resultados de cada programa presupuestal.
Es decir, el Ejército recibe más dinero que la Guardia Nacional, la Marina, la FGR, las fiscalías, policías estatales y municipales, el sistema penitenciario y las comisiones de derechos humanos juntos, sin reportar más resultados que dichas instituciones.
De manera similar, en el estudio Tres Años Sin Gobernabilidad, Resultados Ni Rumbo Fijo En Seguridad, exhibimos la ausencia de respuestas y/o explicaciones de por qué, en la medida que aumentó la presencia territorial y participación del Ejército en labores de seguridad pública, cayeron las detenciones, aseguramientos, decomisos y destrucción de armas, drogas, efectivo, piratería y contrabando -acciones de su plena competencia-; aumentó la letalidad por confrontaciones con presuntos grupos delictivos; aumentaron las desapariciones forzadas y las violaciones a derechos humanos.
De hecho, tan sólo en el primer semestre de 2022 se registraron más de mil denuncias en contra del Ejército por violación a derechos humanos -y otras tantas de la Guardia Nacional- sin que podamos conocer qué sucedió después, si hubo investigaciones, acceso a la justicia para las víctimas y sanciones aplicadas a su personal.
Tampoco sabemos qué medidas se tomaron tras el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, en el hecho conocido como el “Culiacanazo” ocurrido en octubre de 2019; si hubo sanciones para los soldados que huyeron de grupos delictivos en Nueva Italia, en mayo de este año o si hubo transformación institucional, investigación de posible complicidad, separaciones del cargo para los responsables de la ciberseguridad de la SEDENA tras el hackeo efectuado por los hacktivistas denominados Guacamaya el pasado 19 de septiembre.
Aún más, desconocemos si se pusieron en marcha investigaciones independientes y objetivas sobre el contenido de los 6 terabytes de información revelada por Guacamaya que exhiben graves faltas y violaciones a la ley; corrupción institucional; colusión con delincuencia organizada; espionaje a civiles de tinte político.
Ante cada falla, cada fracaso, cada grave error de las FFAA, el presidente López ha salido a justificarlas y defenderlas; ha aumentarles recursos y poder; a permitir la impunidad y continuidad de su titular, el general Luis Cresencio.
Precisamente este último puso en evidencia quién manda en el país: él. Ante la solicitud de la Cámara de Diputados que el secretario Sandoval, compareciese para explicar por qué la SEDENA fracasó en proteger su ciberseguridad, Cresencio decidió no acudir a la reunión y obligó a que sean los legisladores quienes se desplacen servilmente a la SEDENA si quieren hablar con él.
Las FFAA cuentan con un gran prestigio y apoyo social, 9 de cada 10 mexicanos confían en ellas, pese a que en la medida en que su labor se ha hecho más pública, sus fallas han sido más evidentes.
Es importante ser claro, indudablemente la gran mayoría de soldados son patriotas honestos dispuestos a luchar por el bien de nuestro país, pese a ello, no hay persona ni institución incorruptible que resista todo el poder, ningún contrapeso o consecuencia ante su actuar.
Es de vital importancia que las instituciones sean transparentes y rindan cuentas; que sea posible entender si existen esfuerzos por corregir sus fallas; si sus funcionarios y titulares se someten a los contrapesos institucionales.
¡Pésimo mensaje que Cresencio doblegue al legislativo en su labor sustantiva de vigilar el desempeño del Ejecutivo! ¡Pésimo mensaje que ante fallas, posible corrupción, violación de la ley el presidente proteja a Cresencio en lo individual y al Ejército en general sin mandar una clara señal que en México nadie está por encima de la ley!
Todas estas señales apuntan a pactos en lo privado, a tolerancia de corrupción e ilegalidad, a impunidad para algunos, y representan un riesgo real para la democracia en México.
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Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
