La semana pasada la presidenta Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados los Proyectos de Decreto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública con las cuales se busca fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y reformar las bases normativas de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Tales reformas mandan una clara señal que el Estado ha finalmente retomado su compromiso por combatir los delitos y poner orden en aquellos mecanismos de coordinación que fueron creados para que las diversas instituciones se articulen adecuadamente y que el sexenio pasado carecían de lógica, de peso o simplemente dejaron de funcionar.
Parece muy positivo que el gobierno de la presidenta Sheimbaum ponga énfasis en la necesidad de construir instituciones a partir de las competencias humanas, las capacidades tecnológicas y operativas, así como la justicia salarial y prestaciones de los integrantes de las policías de todo el país.
También se debe considerar un paso adelante que se den atribuciones claras de investigación e inteligencia a los cuerpos de seguridad; que se busque contar con registros confiables de nuestras policías o incluso de quién posee cierta línea de celular.
Sin embargo, que ambos decretos se construyan bajo una retórica ideológica, que no se busque aprender de los aciertos y errores del pasado y que se omita incluir un mecanismo claro para que tales decretos se ejecuten adecuadamente, puede inhibir los efectos positivos de dichos proyectos de decreto.
Manipular la estadística para decir que los sexenios 2006-2012 y 2012-2018 fueron un fracaso y el sexenio 2018-2024 un éxito, no sólo es mentir, es peligroso. Impide discriminar entre cuáles acciones fueron eficaces y cuáles no.
Que se contemple mejor el estado de fuerza actual, reducir las deficiencias y disparidades salariales, es una señal muy positiva que debería ser prioridad. No obstante, que el actual presupuesto destinado a la seguridad sea un 36% menor al del año pasado, que se omita reconocer que en los últimos seis años las policías y fiscalías estatales perdieron entre el 30 y el 40% de sus recursos y que las policías municipales llevan 5 años sin dinero para su fortalecimiento, significa no querer realmente resolver el problema.
Proponer un registro de números celulares sin considerar los errores cometidos cuando dicha acción se intentó llevar a cabo en los sexenios de Calderón y Peña -y que fue un rotundo fracaso- nos puede llevar a un dispendio de recursos, una falta de resultados y un riesgo para la ciudadanía en general, a mayor razón ahora que no se cuenta con un garante de la protección de datos personales como era el INAI.
Impulsar un modelo policial guiado por la inteligencia, que se articule con el ministerio público y permita un sistema de investigación e inteligencia, donde se contempla el uso recursos tecnológicos, es un gran acierto.
Para que ello funcione adecuadamente se debe revisar los aciertos y errores de los planes de formación y profesionalización, los perfiles de ingreso, los mecanismos de articulación, así como aquellos que se cometieron en la implementación de Plataforma México.
Otro gran acierto que se plasma en los decretos es subrayar la naturaleza civil de los cuerpos de seguridad y justicia -pese a que nivel federal se haya militarizado por completo la seguridad pública-.
Seguramente dichos proyectos serán aprobados de manera fast-track sin cambiar ni una sola coma, como ocurre en el México de la 4T.
En este caso en particular, estos dos decretos podrían ser clave para atender la crisis de violencia del país, reducir los delitos, abatir la impunidad, dar certeza jurídica a los ciudadanos y garantizar un desempeño institucional en apego a los Derechos Humanos.
Dos decretos que pueden ser muy efectivos si incluyen la capacidad de revisar el pasado de manera objetiva, aprender de los errores, maximizar los aciertos, hacer la inversión económica necesaria, gastar bien y rendirle cuentas a la sociedad.
De lo contrario serán dos decretos más, que se vuelvan letra muerta, que se parecen mucho a otros publicados en pasado y que tampoco lograron plenamente sus resultados.
