La frontera sur de los Estados Unidos (EEUU) está en crisis, según lo que declaró Donald Trump al rendir protesta como 47° presidente de dicha nación.
Por ello, impulsará un paquete de órdenes ejecutivas respecto a la frontera con México y los flujos migratorios.
Tales medidas buscan detener las entradas ilegales de personas; regresar a millones de extranjeros indocumentados a sus países de origen; reinstalar el programa “Permanece en México”; militarizar la frontera sur; aplicar la ley de enemigos extranjeros -para combatir pandillas y grupos criminales- y designar a los grupos de delincuencia organizada como organizaciones terroristas.
El mandatario estadounidense también presentó su agenda en materia de economia, comercio, libertad de expresión, políticas sociales, fuerzas armadas y nacionalismo.
Una parte importante de tales órdenes ejecutivas impactarán en lo que ocurre en nuestro país sea porque obligarán al gobierno mexicano a actuar conforme a lo que pida Washington o porque pagaremos las consecuencias de no hacerlo.
Recordemos que desde su campaña Trump avisó -o mejor dicho, amenazó- que usaría todos los recursos disponibles para implementar su agenda, misma que arranca mediante este paquete de órdenes ejecutivas.
Todo apunta a que aquella parte de la opinión pública que pensó que el gobierno 2.0 del republicano sería más sensato se equivocó.
Desde ya, se nota un discurso mucho más agresivo respecto al de 2016, un mayor conocimiento del funcionamiento de la maquinaria política de Washington -que en su momento frenó muchas de sus propuestas- y menos qué perder.
Para Trump, México es el enemigo señalado, el enemigo que -por ignorancia- aglutina los temores y rencores de una parte importante de su sociedad.
Le tocará a la administración de la presidenta Sheinbaun, encontrar un fórmula para enfrentar los embates del gobierno de Trump, evitar las sanciones comerciales, manejar los nacionalismo, los discursos “anti imperialista”, las críticas al débil Estado de Derecho y a la violencia que impera de nuestro país.
En particular, en materia de seguridad, los dos temas difíciles para el gobierno de Sheinbaun serán frenar los flujos migratorios y el trasiego de drogas hacia los EEUU, ambos negocios controlados por la delincuencia organizada -que ahora el gobierno norteamericano, considerará terroristas-.
El presidente de los EEUU, así como amenazó, usará el tema comercial-arancelario y las amenazas de operativos militares estadounidenses en nuestro territorio, para obligar a nuestro gobierno a actuar de tal o cual forma y en México contamos con muy pocos mecanismos para defendernos.
Por un lado no hay evidencia real que en nuestro país estemos recuperando el territorio de manos de la delincuencia organizada, que se haya debilitado su operación, que se hayan erradicado las redes de corrupción que les permiten operar y se haya frenado su capacidad de comerciar internacionalmente con drogas y con el flujo y la trata de personas.
Por el otro, la arrolladora victoria de Morena en las elecciones de 2024, el sometimiento del poder judicial, juegan el contra del gobierno de Sheinbaun. Nuestra presidenta difícilmente podrá negarse a impulsar tal o cual medida, dado que nuestro país ella controla todo y no tiene contrapesos.
Si en pasado nuestro Ejecutivo Federal podía argumentar frenos por parte del Legislativo y el Judicial para negarse a implementar ciertas medidas solicitada por los EEUU, hoy ya no puede. Sheinbaun cuanta con el poder para concretar cualquier reforma -incluso aquellas que vayan en contra de nuestros propios intereses- que le imponga el gobierno de Trump.
El Gobierno Federal ha insistido que cuenta con un plan y que no teme este nuevo capítulo de la historia de los EEUU ¡esperemos que así sea! Esperemos que nuestras autoridades hayan contemplado los efectos de cualquier política estadounidense que afecte la seguridad y el bienestar de los mexicanos y cuenten con los instrumentos para mitigar tales daños.
