Ayer 3 de febrero la presidenta Sheimbaum y el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Trump, sostuvieron una llamada, donde acordaron que el gobierno mexicano desplazaría 10 mil efectivos de la Guardia Nacional para reforzar el resguardo de la frontera norte de nuestro país y que el gobierno de los EEUU se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México.
Dicho acuerdo permite poner en pausa por un mes los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas que los EEUU implementaron el pasado 1 de febrero como medida coercitiva en contra de nuestro país bajo el argumento que las autoridades mexicanas no hacían suficiente para frenar el trasiego de droga -en lo específico de fentanilo- y de migrantes indocumentados.
Para el gobierno de la presidenta Sheinbaum se vienen días difíciles, habrá que ver cómo evalúa el gobierno de los EEUU el desempeño de nuestro gobierno, si la administración Trump queda satisfecha y qué acciones y represalias puedan poner en acto los grupos delictivos de este lado de la frontera.
Nada garantiza que el incremento de decomisos, la retención de inmigrantes en México o la aceptación de deportados dejen satisfecho a Trump; que tales acciones permitan un diálogo constructivo que evite el incremento de aranceles y siente las bases de una cooperación más efectiva entre los dos países.
Lo que hemos aprendido sobre el actual presidente de los EEUU es que es un hombre imprevisible, que ve a México como adversario y que está dispuesto a imponer medidas que afecten a cualquier país, en cualquier momento, con cualquier excusa, con el fin de cristalizar sus deseos.
Por ello, el gobierno federal tendrá que jugar en dos pistas, atender las órdenes de la Casa Blanca y atender la crisis de violencia en nuestro país.
Una crisis que está empezando a costar políticamente. Tomemos el caso de Sinaloa, donde cada vez es más evidente el hartazgo de la sociedad en contra del gobernador morenista Rocha y que a la presidenta le está costando caro defender.
Al gobierno de los EEUU no le importa si el incremento de migrantes en México tiene efectos adversos; si aumenta la delincuencia común u organizada en nuestro país; si la droga que aquí se quede, permita el incremento de su consumo de este lado de la frontera o si los carteles de la droga responden con más violencia en contra de los mexicanos. Para el gobierno Trump lo importante es que no aumente los migrantes ni llegue la droga a su territorio.
En contraste, la promesa de evitar el tráfico de armas de alto poder hacia México suena a promesa hueca que carece de acciones específicas o indicadores concretos. Resulta difícil pensar que un presidente republicano emprenda acciones que dificulten la compra de armas en su país o invierta recursos para frenar su tráfico hacia el nuestro.
Tampoco suena a declaración entre aliados que su secretario de Defensa, Hegseth, afirme que el gobierno de los EEUU no descarta lanzar ataques militares contra los carteles en territorio mexicano, algo que afectaría profundamente la narrativa nacionalista de nuestras autoridades y que podría desatar aún más violencia a lo largo de nuestro territorio.
¿Vale la pena desplazar 10 mil efectivos a la frontera con tal de frenar los aranceles impuestos por Washington? Probablemente sí, si bien por un lado está el costo económico de movilizar a tantos guardias nacionales y el costo político de doblarse ante tal chantaje, por el otro lado se evita -por lo menos por el momento- el grave daño a la economía nacional que significaría la imposición definitiva del 25% de aranceles para las exportaciones mexicanas.
Lamentablemente nada garantiza que con ello el problema esté resuelto. En México las autoridades de seguridad y justicia se encuentran colapsadas y difícilmente lograrán frenar a los delincuentes; el Instituto Nacional de Migración está quebrado y tiene un pésimo desempeño; los gobiernos locales actúan -así como declaró la Casa Blanca- en contubernio con los grupos delictivos y el gobierno federal suele simplificar en el discurso los problemas, en vez de planear o implementar acciones que atiendan las diversas consecuencias de tales acciones.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano