Este domingo 10 de abril el 17% del padrón electoral salió a votar para la revocación de mandato del presidente.
Este instrumento, implementado en la actual administración, requería de un 40% de participación del padrón electoral para ser vinculante.
Es decir, en términos porcentuales el ejercicio fue un rotundo fracaso pese a que López y sus aliados usaron todos los medios legales e ilegales para hacer de la revocación un refrendo al apoyo y a la popularidad del presidente y su gobierno.
Entre las tantas irregularidades podemos sumar la multimillonaria publicidad en favor del presidente que en los últimos meses tapizó todos los rincones del país -dicho sea de paso, nadie sabe de dónde o quién pagó para tan impresionante inversión-; cómo desde el presidente, hasta los gobernadores, alcaldes y legisladores morenistas, hicieron un proselitismo sin importar cuántos delitos electorales acumulasen; en pleno día de la consulta varias secretarias de Estado subieron mensajes en favor del presidente y sobran las imágenes de personas siendo acarreadas a votar.
Sería interesante analizar qué se pudo haber hecho con los miles de millones de pesos gastados en instalar casillas, imprimir boletas, imprimir publicidad oficial, salarios de los funcionarios involucrados -sin contar todo el dinero que nunca sabremos de dónde se desvió para este ejercicio-, en vez de tirarlo a la basura en un proceso que desde su inicio estuvo plagado de irregularidades y para el cual ni siquiera participó la mitad de personas necesaria para que este ejercicio tuviese algún sentido.
Indudablemente un fracaso para López, para los gobernantes locales, para el partido del presidente, con un alto costo para la misma democracia.
Este ejercicio puso a dura prueba a las instituciones encargadas de velar por que los votos de los mexicanos sean respetados. La Fiscalía en Delitos Electorales (FDE) y la Fiscalía General de la República (FGR) simplemente dejaron de operar y no hay evidencia alguna que se estén investigando los delitos citados.
Por su parte el Instituto Nacional Electoral dio la gran batalla en favor de la legalidad y la democracia: una y otra vez repitió llamados a respetar la ley electoral para garantizar un proceso limpio. Lamentablemente el presidente y sus huestes lejos de respetar la ley, respondieron atacando con virulencia a dicha institución, a sus consejeros y hoy amenazan con destruir los procesos e instituciones que nos han permitido contar con una sólida democracia en favor de una reestructura que le garantice a este gobierno aún más corrupción electoral e impunidad.
En resumen ¿habrá sanciones para todos aquellos funcionarios que violentaron la ley y usaron recursos del Estado para promover el capricho del presidente? Lo dudo.
Debemos recordar que en 2021 tuvimos la elección más violenta de la historia de nuestro país y con la mayor cantidad de delitos electorales. También en ese entonces ni la FDE ni la FGR investigaron los videos que exhibían a la criminalidad organizada interviniendo en favor de Morena; hicieron caso omiso a las denuncias ciudadanas y la federación se deslindó de su responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los mexicanos y negó apoyo ante la solicitud de auxilio de comunidades y autoridades.
Si en los dos últimos ejercicios democráticos lo que ha imperado son delitos, violencia, corrupción e impunidad ¿qué nos espera para las elecciones de este año?
Casi todas las entidades que cambiaron de gobernador en 2021 han visto una escalada de violencia a partir de la llegada de los nuevos gobiernos. Entre los casos más lamentables destacan Zacatecas, Michoacán, Baja California, Colima, San Luís Potosí.
En menos de 90 días los mexicanos seremos de nueva cuenta llamados a votar para renovar seis gubernaturas; el Congreso del estado de Quintana Roo y 39 alcaldías de Durango.
Ante una federación que permite delitos, violencia, corrupción e impunidad y con base en la información de incidencia delictiva y operación criminal de cada entidad, se puede pronosticar una elección plagada de delitos y violencia, que implicará el crecimiento de fenómenos delictivos particulares para cada estado.
1. En el caso de Aguascalientes se debe poner atención al aumento de homicidios dolosos y feminicidios.
2. Durango es una entidad que en los últimos años se ha mantenido en una relativa calma, no obstante, es importante atender el aumento de robo con violencia y poner atención a la penetración de la delincuencia organizada proveniente de Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas.
3. Hidalgo heredará un problema de robo de hidrocarburo y extorsión y a partir de las próximas elecciones, es probable veamos crecer el secuestro.
4. Oaxaca es una entidad con profundos problemas de gobernabilidad política y su cercanía con Guerrero la ha hecho terreno fértil para el control de parte del territorio por parte de la delincuencia organizada. Ello derivará en el incremento de delitos en contra del medio ambiente -particularmente la tala clandestina-, con la consecuente desaparición de personas y el desplazamiento forzado de comunidades.
5. Hace años los pactos y predominancia que existían entre los grupos delictivos habían mantenido a Quintana Roo en una condición de calma generalizada. Sin embargo, en los últimos años Cancún, Playa del Carmen y Tulum han vivido momentos de crisis de violencia . Aunado a secuestros, extorsiones y homicidios, Quintana Roo también verá crecer delitos en contra del medio ambiente como el tráfico de especies protegidas, la tala clandestina y la explotación ilegal de los recursos hídricos.
6. Tamaulipas es una entidad donde la delincuencia organizada ha disputado abiertamente el control del estado. Por años Tamaulipas ha sido una de las entidades más violentas y con instituciones entre las más débiles. La actual administración estatal ha logrado profundas mejoras en las condiciones de seguridad para sus ciudadanos, avances que muy probablemente se perderán al acercarse la jornada electoral. Particularmente debemos esperar el incremento de enfrentamientos armados entre grupos delictivos y autoridades y la desaparición de personas.
El pasado domingo fue la culminación de un periodo en donde el presidente, el secretario de Gobernación, el subsecretario de Seguridad y el comandante de la Guardia Nacional -entre muchos otros funcionarios- se mofaron abierta y públicamente de la ley, abusaron de su poder y privilegios, abandonaron su trabajo para hacer activismo político. Todo ello mientras los ciudadanos vimos empeorar aún más la mayor crisis de violencia de la historia de nuestro país.
Si hubiese compromiso y seriedad de nuestros gobernantes, esperaríamos desde hoy un viraje y resultados en favor de los temas sustantivos de gobernabilidad.
Sin embargo, lo más probable es que, tras una muy breve pausa, de aquí al 5 de junio veamos repetirse delitos electorales, impunidad y el descuido de la seguridad del país. Nuestras autoridades dejarán a un lado su labor sustantiva para concentrarse en la operación política que lleve a Morena a conquistar la mayor parte de gobiernos locales y perfilarse así como el partido que gobierne a más mexicanos en el arranque de las elecciones de 2024.
@frarivasCoL
