Si bien la llegada a una democracia efectiva es relativamente reciente en nuestro país, es un hecho que México se ha consolidado como un *país* democrático.
En poco menos de 40 años hemos dejado atrás la hegemonía de un solo partido político, hemos creado instituciones, contrapesos, sistemas de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas.
Gracias a la democracia han nacido movimientos sociales, se han levantado voces, se ha exigido el respeto a los Derechos Humanos y se ha hecho un esfuerzo para crear un piso parejo de derechos frente a la ley para todas las personas que vivimos o transitan por nuestro territorio.
El camino no ha sido fácil ni libre de tropiezos y errores, ha significado una inversión de miles de millones de pesos, de años de trabajo y sacrificio de funcionarios y ciudadanos voluntarios.
Con todas sus posibles deficiencias, es evidente que la democracia en México permite frenar abusos del poder, retrocesos en derechos y obliga a los representantes del poder del Estado -en la mayor de los casos- a ceñirse a la ley.
La evidencia que para ejercer el poder en México se requiere ganar elecciones la tenemos cuando analizamos que grupos de interés, comunidades, delincuentes, partidos políticos e incluso autoridades en funciones, intentan incidir por todos los medios en los procesos democráticos, incluido -cuando la vía de la propuestas y el arrastre popular no alcanza- con la comisión de delitos y el ejercicio de la violencia
Por ello, no sorprende que las pasadas elecciones hayan sido las más violentas de la historia. En el estudio Delitos Electorales y Violencia Política en el Contexto de Pandemia y Crisis Sanitaria por COVID-19 en Mexico, que elaboramos en el Observatorio Nacional Ciudadano, dimos cuenta de 910 agresiones, un 17.5% más respecto al proceso electoral previo y por lo menos 90 homicidios.
Además, se registraron 523 carpetas por delitos electorales -una parte de los cuales están asociados al uso de programas sociales y de vacunación contra la COVID-19 para fines electorales- y 68 casos de violencia política por razón de género.
La violencia se ejerce a través de lesiones, privaciones de la libertad y homicidios, como a través de amenazas, desprestigios, publicación de datos personales y calumnia a través de los medios electrónicos e incluso de los medios de comunicación tradicionales.
Por ejemplo, las agresiones ocurrieron en 525 municipios, casi la tercera parte de los municipios que participaron en elecciones locales. La mayor parte de las víctimas fueron candidatos locales y los integrantes del Consejo General del INE.
Contra estos últimos se desataron amenazas, boicoteo, ridiculización y calumnias, particularmente a partir de la cancelación del registro como candidatos a Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Adela Román Ocampo, precandidatos al Gobierno de Guerrero, así como a Raúl Morón Orozco, candidato a Gobernador de Michoacán, por incumplir con las normas vigentes en cuanto operación y gastos de campaña.
Lamentablemente las agresiones llegaron tanto de militantes de partidos, granjas de bots, como de autoridades. Por ejemplo, el diputado federal con licencia y presidente de MORENA, Mario Delgado y el mismo presidente de la República Andrés López, usaron sus redes sociales y espacios de comunicación pública para desprestigiar al INE, a sus autoridades e incluso al proceso electoral.
Es particularmente negativo que la mayor parte de agresiones, delitos y abusos queden en la impunidad. Ejemplo de ello fue que al finalizar el proceso electoral ni en Campeche, Nayarit, Sonora o Tlaxcala se iniciaron carpetas de investigación en el fuero común por alguno de estos delitos.
En un país como el nuestro acostumbrado al autoritarismo, al uso de instituciones y normas para beneficio de pocos y en daño de muchos, donde la norma no se respeta ni hace respetar y donde la violencia es cotidiana- la única vía para hacer de México un país seguro y justo es la democracia.
La democracia es el único sistema político que vela por la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, que intenta cristalizar los deseos de las mayorías al tiempo que protege los derechos de las minorías, que permite un sistema de competencia capaz de generar contrapesos y atender los cambios sociales con puntualidad.
Por ello, es fundamental que todos los mexicanos manifestemos la necesidad de proteger la autonomía e independencia de nuestras instituciones democráticas.
Los mexicanos debemos exigir que los presidentes y sus huestes saquen las manos de los procesos democráticos; que las instituciones pongan en marcha programas que garanticen que los recursos del Estado no sean usados para fines electorales; que las autoridades garanticen la integridad física y seguridad de las personas; que se ponga atención particular a prevenir y sancionar la violencia política en razón de género.
Es tarea de todos rechazar y levantar la voz en contra de acciones que debiliten a los garantes de la democracia, a mayor razón en momentos como el actual donde el presidente insiste en desaparecer al INE y al TRIFE, reformarlos y cambiar autoridades sólo porque los contrapesos no le convienen.
Si el actual o futuros presidentes de la República, autoridades, grupos de interés o delincuentes insisten en debilitar nuestra democracia el daño será directo para todos los ciudadanos. Será inevitable el retorno a un país donde los autoritarismos, los saqueos de bienes públicos, el abandono de minorías, el crecimiento de la censura hagan de México un país donde sea imposible lograr bienestar y progreso para los individuos, las comunidades y la sociedad en su conjunto.
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL
