Mañana se cumple un año desde la histórica toma de posesión de la primera mujer presidente de México ¿qué tanto han cambiado las condiciones de seguridad del país en este primer año? ¿Qué avances, qué retos y qué peligros aún persisten?
El primer elemento que se debe reconocer es la clara diferencia entre las promesas y dichos de campaña de la presidenta y sus acciones ya como gobernante.
Sheinbaum, durante el proceso electoral prometió continuidad respecto a las políticas de su antecesor; afortunadamente para todos los mexicanos, dicha promesa no sólo no se ha cumplido sino que hubo un claro viraje de 180 grados en materia de seguridad.
A diferencia de lo que ocurrió con López, el actual gobierno federal ha cumplido con su responsabilidad de enfrentar los delitos y perseguir a los criminales y ha dejado atrás la fracasada política de “abrazos, no balazos” que favoreció el empoderamiento de los grupos delictivos, la consolidación de las redes de corrupción, el abandono de las víctimas y el crecimiento de la violencia.
Indudablemente uno de los principales aciertos de la presidenta, fue el nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García -quien llegó al cargo con un equipo de servidores públicos técnicos y probos-, así como la consolidación de su rol como líder de la coordinación interinstitucional de todo el aparato de seguridad.
Los resultados han sido evidentes, en tan sólo 6 meses, el gobierno de Sheinbaum logró más detenciones, decomisos y aseguramientos respecto a aquellos que se lograron en todo el sexenio de López.
Sus mayores éxitos se han concentrado en el combate al huachicol -tanto el tradicional como el fiscal-, donde las investigaciones y detenciones han llegado a las más altas esferas del gobierno federal.
Si bien hay indicadores de reducciones sustanciales en torno a varios delitos comunes, sigue pendiente la reducción de los robos a transporte de carga, las extorsiones y la desaparición de personas.
Pese a las declaraciones triunfalistas del gobierno federal, el sector productivo se mantiene subyugado por la delincuencia y los ciudadanos por la violencia letal -que incluye los homicidios dolosos, los delitos que atentan contra la vida y la desaparición de personas-.
Uno de los ejemplos más claros de retos que aún persisten en el país, es la situación de violencia que se vive en Sinaloa, una entidad que desde hace 13 meses vive prácticamente en estado de guerra.
Dentro de los aciertos del gobierno de Sheinbaum, destaca el rol del gobierno federal en el combate a los delitos de contrabando y en materia de derechos de autor. Bajo el liderazgo de Santiago Nieto, el IMPI ha retomado el rumbo que por 6 años perdió.
De manera similar, se debe reconocer la voluntad del gobierno federal por combatir de manera coordinada con el gobierno de los Estados Unidos, la delincuencia organizada trasnacional. Dicha política ha sido clave en la detención de cabezas relevantes del narcotráfico, del tráfico y trata de personas, el trafico de armas, entre otros delitos.
En contraste a lo positivo, hay algunos focos rojos muy evidentes. El principal es probablemente la agenda legislativa impulsada por la presidenta.
Ante un análisis atento de sus reformas normativas, es innegable cómo todas ellas erosionan los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
Entre dichas reforma destacan la del Poder Judicial, que mediante una elección evidentemente fraudulenta, permitió la llegada de muchos neófitos, personal sin capacitación y personas de dudosa reputación, que ponen en riesgo el acceso a la justicia para las personas; la Reforma de Telecomunicaciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por un lado inhiben la libertad de expresión y por el otro permiten el espionaje de cualquier ciudadano sin candados ni mecanismos de control; la Reforma a la Ley de Amparo vulnera la capacidad de protegerse ante los abusos de autoridad y la definitiva militarización de la seguridad federal ha favorecido el aumento de casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Además, los recortes presupuestales con los que arrancó el sexenio -y que se mantuvieron en el Presupuesto de Egresos de 2026- siguen debilitando las capacidades institucionales locales.
Dentro de los pendientes más apremiantes se encuentra la falta de un diálogo sistemático con académicos, sociedad civil y colectivos de víctimas, especializados en la materia; la falta de supervisión entorno al empeoramiento de los datos estadísticos de incidencia delictiva; así como la protección de personajes políticos de su partido, pese a las evidencias de que algunos tienen nexos con la delincuencia organizada.
En resumen, el primer año de la primera mujer presidente de México tiene algunos aciertos que deben ser reconocidos, algunos pendientes sobre los que se debe redoblar esfuerzos y algunos focos rojos que ponen en riesgo la libertad, la integridad y seguridad de los mexicanos.
Esperemos que en los próximos años la presidenta siga cosechando éxitos, corrija esas malas decisiones -muchas de las cuales gestó su antecesor y a ella le tocó sostener- que han afectado profundamente el Estado Democrático de Derecho y rompa con esas redes de corrupción que han permitido ese gran empoderamiento de la delincuencia organizada, independientemente de partidos y lealtades políticas.
