En pocos días se cumplen 4 años de la victoria electoral del presidente López. El mandatario logró que 30 millones de mexicanos confiasen en su proyecto y con ello se posicionó como el presidente más legítimo de las últimas décadas.
Tal victoria arrolladora se logró gracias a cómo el desencanto del electorado por los gobiernos del PAN y del PRI empató con el discurso de un candidato capaz de conectar con la ciudadanía.
El presidente enfocó sus promesas electorales en los 3 aspectos que más han generado hartazgo en la población: la corrupción, la desigualdad económica y la violencia que imperan en el país.
Por lo que refiere a su visión sobre los temas de seguridad, el hoy presidente López, estableció (1) una relación vinculante entre pobreza, desigualdad económica y participación de la población en la criminalidad; (2) que el crecimiento de la violencia era efecto de la confrontación entre el Estado y los grupos delictivos y (3) que la corrupción institucional afectó el desempeño de Policía Federal, por ello esta había sido incapaz de pacificar al país.
Es decir, desde la visión del presidente, para reducir delitos y violencia se requerían programas sociales que aumentaran los ingresos de los mexicanos; evitar la persecución de los cárteles y refundar la Policía Federal en un cuerpo incorruptible.
(1) En 2020 en el Observatorio Nacional Ciudadano publicamos un estudio centrado en analizar las causas que permiten el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos.
Así como ya lo señala la literatura internacional, la premisa del presidente resultó imprecisa: no es la pobreza la que impulsa un joven a delinquir sino su cercanía con el delito y la marginación social.
Es decir, transferir dinero directamente a la población no evita que familias, grupos sociales o comunidades enteras se dediquen a delinquir; no reducen la deserción escolar; la precariedad laboral ni la violencia familiar -los factores clave que impulsan a los jóvenes a participar en actividades criminales-.
Si bien desde el arranque de este gobierno federal se han otorgado más recursos que nunca a los “programas sociales”, dichas transferencias directas terminaron por sustituir y eliminar las políticas destinadas al campo, a atender a los más pobres, a mantener las guarderías, los refugios que permitían salvar de la violencia a las mujeres y a diversos programas sociales que atendían a otros sectores en situación vulnerable.
Éstas se focalizaron en las poblaciones urbanas, de pobreza relativa, que viven en los distritos electorales más importantes -es decir, la población que más fácilmente se puede convencer a votar-.
Por ello, podemos afirmar que estos programas exhiben una lógica electoral y no una búsqueda por disminuir la pobreza o atender las causas de la violencia. No sorprende que las evaluaciones nacionales e internacionales demuestren que en 3 años y medio de este gobierno, la pobreza y desigualdad han aumentado en México.
Dicho de otra manera, es falso que la pobreza y la desigualdad por sí mismas sean los factores clave que induzcan a la violencia, así como tampoco es real que las transferencias económicas de este gobierno hayan logrado mitigar la pobreza y la desigualdad social.
(2) La otra piedra angular de la política de seguridad de López es aquella que aseguraba que si el Estado buscase invitar amablemente a los delincuentes a no delinquir, la violencia habría de disminuir. La denominada política de “abrazos, no balazos” tampoco se ha mostrado eficaz -o real-.
Los datos oficiales confirman que a estas alturas del gobierno de López ya se rebasaron los homicidios de todo el sexenio de Calderón y estamos por sobrepasar los de Peña.
Todo ello pese a que el presidente amablemente pidió a la gente que no cometiese delitos; amenazó a los delincuentes con acusarlos con sus abuelos; afirmó que todos debemos decir “fuchi, caca” a la delincuencia; llamó a los criminales “víctimas del sistema neoliberal” y por ende, justificó su actuar; mostró amabilidad con las familias de los delincuentes -una amabilidad que no ha tenido ni con los familiares de las fuerzas federales caídas a mano de esos mismos criminales o con las víctimas de la violencia-; insistió que “hay que proteger los derechos de los delincuentes” -y omitió hablar de los derechos de las víctimas- y nos recordó los miles de millones de pesos que gasta su gobierno en “programas sociales” para que nadie deba delinquir.
De nuevo, los índices delictivos y la forma extrema con la que hoy se ejerce la violencia dan cuenta que nada de eso ha sido efectivo para mejorar la seguridad en el país.
Pese al discurso conciliador de López, es importante subrayar que la política “abrazos, no balazos” en los hechos no se ha cumplido: según datos oficiales hay más muertes por confrontación entre fuerzas federales y grupos delictivos, más casos de desapariciones forzadas, de tortura y de violaciones graves a derechos humanos en esta administración federal que en el total de las dos pasadas.
(3) En campaña López desacreditó una y otra vez a la Policía Federal (PF) e insistió que si esta no funcionaba como debía, era tanto por el grado de corrupción de la institución, como de los policías en lo individual.
Con ello procedió a desaparecerla y crear una Guardia Nacional (GN) que prometió civil y diseñó para ser militar.
En ningún momento se investigaron los presuntos casos de corrupción de la PF, no hubo alguna evidencia de tales declaraciones ni se hizo algún intento por depurar la institución.
Lo que sí intentó el gobierno de López, fue transferir la totalidad de los 38 mil policías federales a la GN.
Lamentablemente esta estrategia resultó un desastre. A quien no estuvo de acuerdo en perder la antigüedad, grado, salario y prestaciones maduradas en la PF para pasar en peores condiciones laborales a la GN, se le corrió por las malas y se le violaron sus derechos. En ningún caso se intentó retener a los mejores, erradicar la corrupción y sancionar a los corruptos.
Pese a ello, la GN ha llegado a componerse de 115 mil elementos -de los cuales sólo 11 mil provienen de la extinta PF-. Si bien la GN se encuentra normativamente bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos quien manda es el Ejército y pronto ésta será transferida oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El connubio entre GN y SEDENA ha permitido que en la actualidad contemos con el mayor número de elementos de las fuerzas federales dispersos por el territorio nacional.
Con base en la información oficial, es un hecho que tal estado de fuerza no ha logrado reducir la violencia. Tampoco existe evidencia alguna que la GN sea menos corrupta que la extinta PF.
Por si fuera poco, las áreas que podrían investigar y sancionar los casos administrativos -los órganos internos de control; la Secretaría de la Función Pública; las oficinas de asuntos internos; las fiscalías especializadas; el Sistema Nacional Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación- han sido debilitadas ante nombramientos políticos o a través de recortes presupuestales que hacen inoperante el sistema, de tal suerte que la corrupción queda impune.
Mientras los delitos se encuentran en máximos históricos, las evaluaciones internacionales sobre corrupción y Estado de Derecho han demostrado que nuestro país hoy está peor que en los sexenios pasados.
A 4 años del triunfo electoral de López y de su autodenominada cuarta transformación, a 3 años y medio del inicio de este gobierno, hay más pobres, más violencia, más víctimas, más violaciones a derechos humanos, más impunidad y más corrupción.
Pese a que 2 años y medio son un tiempo considerable para rectificar los errores, se ve imposible que algo llegue a cambiar antes del final de este sexenio. Ni el presidente ni sus funcionarios reconocen fallas y rechazan la evidencia de su fracaso que está plasmada en los datos oficiales que emite su propio gobierno.
Es así que resulta inevitable que éste concluirá como el sexenio más violento, impune y corrupto de la historia moderna de nuestro país.
@frarivasCoL
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