El pasado 24 de octubre presenté el estudio “Balance y Desaciertos de la política en seguridad, cómo corregir el rumbo”, un análisis objetivo del impacto de la estrategia denominada “abrazos, no balazos”, con miras a brindar recomendaciones para la actual administración.
En dicho documento del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) -que se construyó mediante solicitudes de transparencia, datos públicos y entrevistas a autoridades salientes- se evaluó qué pasó en el sexenio del presidente López en materia de gasto en seguridad, militarización, desempeño institucional de la Secretaría, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), la atención a víctimas, el combate a los delitos, la transparencia y la rendición de cuentas.
Con base en la información pública oficial no hay evidencia de que en la pasada administración federal haya mejorado la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la rendición de cuentas e incluso la incidencia delictiva.
De hecho, fue imposible identificar un sólo resultado positivo, algún avance significativo en mejorar la seguridad de los mexicanos, reducir la impunidad, acotar la corrupción, recuperar el territorio que se encuentra en manos a la delincuencia o tan sólo sentar las bases para que los programas, las políticas públicas y las instituciones en materia, puedan dar resultados en futuro.
Es decir, la administración del presidente López concluyó como la peor si se comparan las tasas por 100 mil habitantes de varias administraciones federales en materia de homicidio doloso, feminicidio, desaparición de personas, delitos que atentan contra la vida, extorsión, delitos que atentan contra la libertad, narcomenudeo, trata de personas, delitos que atentan contra la sociedad, desplazamiento forzado, robo, transporte de carga, robo, de hidrocarburo, violaciones y violencia familiar; al tiempo que rasuró el gasto en seguridad, debilitó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, desarticuló la cooperación tanto internacional como nacional, creció impunidad y corrupción e hizo más opaco al gobierno.
Por ello, el gobierno de la presidenta Sheinbaum recibe una administración pública federal con endebles capacidades institucionales para enfrentar un fenómeno criminal al alza en un contexto de abierta militarización.
Pese a los llamados sociales por revisar la estrategia y operación del gobierno de López, no hubo esfuerzo alguno por corregir. La falta de autocrítica y escucha de la pasada administración federal dejó al país sumido en la peor crisis de violencia, militarizado, con una gran deuda con las víctimas y con una arquitectura institucional disfuncional.
Si la actual administración no quiere repetir el fracaso de su antecesor, debe usar ese inmenso poder que obtuvo en las urnas para pacificar el país.
Por ende, debe empezar por afinar la recién presentada Estrategia Nacional de Seguridad considerando:
1. Crecer el gasto en seguridad, modificar su lógica de gasto y mejorar su evaluación.
2. Revertir la militarización de la seguridad en nuestro país.
3. Corregir los errores de la actual arquitectura institucional.
4. Desarrollar verdaderos programas de prevención del delito.
5. Fortalecer la articulación interinstitucional e impulsar la cooperación con los diferentes actores sociales, nacionales e internacionales.
6. Definir con claridad, acciones para atender a las víctimas, para proteger los derechos humanos, reducir la violencia de género, atacar los recursos económicos de la delincuencia.
Lamentablemente en los primeros días del gobierno de Sheinbaum, podemos observar señales de esa misma cerrazón, soberbia e ineficacia, del gobierno de López.
En el ONC renovamos nuestra disposición en donar nuestro conocimiento para que juntos podamos evitar un nuevo fracaso, un nuevo sexenio perdido en materia de seguridad y justicia.
Director del Obervatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL