La crisis de violencia que sufrimos en México no cede, en tan sólo 132 días -lo que va del sexenio- el conteo diario de homicidios dolosos que publica la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alcanzó las 10 mil víctimas y las 5,170 personas desaparecidas.
Las entidades más violentas en este periodo han sido respectivamente Colima, Morelos, Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Tabasco, Sonora y Quintana Roo.
Si bien es evidente el cambio de estrategia en seguridad y el renovado compromiso por recuperar la paz del gobierno federal, los números son sumamente preocupantes y el reto de reducirlos es titánico.
Pese a que en estos 4 meses la administración federal ha ejecutado muchas más acciones de las que vimos el sexenio pasado, tardaremos mucho en ver reducciones sustanciales de la violencia dada la diversidad de delitos que la originan y la enorme debilidad del Estado por combatirlos.
Definitivamente fue un acierto el nombramiento de Omar García al frente de la SSPC, así como del equipo que lo acompaña. Sin embargo, García se apoya para cristalizar la estrategia federal de seguridad en corporaciones que le pertenece a otras secretarías y a otros gobiernos.
García actúa con una Guardia Nacional (GN) que sigue siendo un proyecto inconcluso con graves defectos de formación y en autoridades locales que se encuentran absolutamente colapsadas.
Recordemos que para disminuir los asesinatos, las desapariciones de personas, los delitos que atentan contra la vida, es necesario recuperar el territorio de manos de la delincuencia, reducir la incidencia de extorsiones; narcotráfico y narcomenudeo; tráfico y trata de personas; secuestros; robo a transporte de carga, de hidrocarburos o en vías férreas; impedir la venta ilegal de especies animales y vegetales; combatir la pesca y la minería ilegal y sancionar todos estos delitos.
Delitos que se deben combatir en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales, donde la participación de las policías y fiscalías estatales es clave.
Por ello, si queremos que en los siguientes 132 días no se sumen otras 10 mil víctimas de homicidio doloso y 5,170 de desaparición, es fundamental complementar las acciones con un crecimiento del 60% de las aportaciones federales a la seguridad. Ello llevaría el gasto en la materia a por lo menos 450 mil millones de pesos por año.
No obstante, no sólo se requiere más dinero en aportaciones federales sino que también se necesita tanto reconfigurar su lógica de distribución, como impulsar mecanismos de recaudación local destinados al fortalecimiento de las policías estatales y municipales y de las fiscalías.
Para que dicha inversión sea más efectiva es fundamental implementar mecanismos de evaluación, de transparencia y de rendición de cuentas sustentadas en indicadores de desempeño y resultado.
Urge completar el proyecto de la GN, es decir capacitarlos adecuadamente con miras a desarrollar competencias policiales en sus integrantes; implementar los controles de confianza y los certificados policiales.
De poco sirve mejorar las acciones de inteligencia, prevención y reacción, si no se logran investigar los delitos y sancionarlos. De tal suerte que resulta imperativo que tanto en la Fiscalía General de la República como en las fiscalías estatales se incremente la efectividad gracias al aumento de su personal -policías de investigación, ministerios públicos, peritos y fiscales-; se modernicen los procesos y se aproveche la tecnología.
Dado que hoy una parte muy importante de los delitos se planean y ejecutan desde los penales, urge recuperar la rectoría del sistema penitenciario.
Se requiere mejorar los mecanismos de cooperación internacional, particularmente con los Estados Unidos tanto para la inteligencia, como para operativos trasnacionales, detenciones y la inhibición del tráfico ilegal de armas y efectivo.
Evidentemente los rezagos son muchos y las necesidades suenan como una carta de deseos irrealizables. Pese a ello, se debe empezar a presionar para que tales necesidades se cubran.
De lo contrario las acciones del gobierno federal y de muchas autoridades locales no serán efectivas y seguiremos sumando mes tras mes miles de víctimas de desaparición, homicidio y lesiones graves dolosas.
