A pocos días de que concluya la presente administración federal es pertinente hacer un balance de la gestión en la materia que nos ocupa: el turismo. Ciertamente, la magnitud de lo que ha significado la pandemia requiere no olvidar sus impactos en el análisis.
Un ejercicio de esta naturaleza requiere la ponderación de aspectos positivos y también de aquellos que no fueron atendidos o supusieron impactos negativos.
En mi opinión, hay tres aspectos destacados que podrían reconocerse como los grandes aportes del gobierno actual, aunque su materialización no se deriva de elementos de una política turística. En primer término y, de lejos, como lo más destacado está la decisión de no cerrar fronteras a los visitantes en la pandemia, lo que, sin duda, sentó las bases para una reactivación relativamente acelerada; un segundo aspecto positivo es la mejora de las condiciones laborales en sueldos y prestaciones, lo que contribuye y contribuirá a un mayor acceso a la práctica del turismo de los trabajadores del país. La tercera cuestión destacada es la construcción de algunas obras de infraestructura entre las que, previsiblemente, la de mayor beneficio es el aeropuerto de Tulum.
En la lista de acciones y omisiones con un mayor impacto negativo se incluyen, entre otras, la cancelación de la inversión pública en materia de promoción turística y la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. No se debe olvidar que el surgimiento de estas dos herramientas obedeció a un acuerdo de Estado alcanzado hace 25 años y su anulación obedeció a una decisión unilateral.
En la misma línea de decisiones unilaterales se debe incluir la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuyos costos —económicos y de mercado— seguirán pasando factura por muchos años.
Al realizar un balance de esta naturaleza no se puede ignorar que el producto turístico es un conjunto de bienes y servicios públicos y privados; en consecuencia, las decisiones sobre los temas anteriores en las que no se incorporaron consultas y acuerdos con el sector privado suponen importantes desequilibrios estratégicos que afectan la operación presente y futura de la industria turística, poniendo en riesgo beneficios para decenas de miles —por decir lo menos— de familias mexicanas. Muestra concreta de las afectaciones es que las llegadas de turistas por vía aérea en julio pasado no sólo no crecen, sino que se encuentran por debajo del registro del mismo mes de 2022.
En todo caso, y sin que los ejemplos expuestos se encuentren desvinculados por completo, las mayores ausencias han sido la falta de una política turística eficaz y la incapacidad de articular un esfuerzo conjunto del Estado en favor del turismo.
Tal como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, la política turística de la administración saliente se circunscribió a la construcción del Tren Maya, en detrimento de los intereses de otras 27 entidades del país y, en general, de los retos y prioridades del sector.
Uno de los mayores pendientes es la falta de atención a Fonatur, entendiéndole no como un organismo encargado del mantenimiento de algunos centros turísticos, sino en su capacidad de constituirse como agencia de desarrollo del turismo mexicano. Dicho de otra manera, hoy seguimos cosechando en materia turística lo que se empezó a sembrar hace unos 50 años, pero no hay visos de que se siembre para el futuro.
Por lo que hace a la insuficiente capacidad de articular el esfuerzo de las agencias públicas, esto se puede ejemplificar con la pérdida de unos 800 mil turistas en los últimos años provenientes de Sudamérica, específicamente de Brasil, Ecuador y Perú, al implementarse una política migratoria restrictiva para sus ciudadanos.
Director del Sustainable Tourism Research Center (STARC) Anáhuac Cancún
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