Paradójicamente, la importancia de las mega obras del sexenio, han merecido un tratamiento dispar. Mientras el presidente de la República les dedica alocuciones constantes en sus conferencias matutinas; las dependencias federales han sido renuentes a colocar a la vista de la ciudadanía, los principales datos de estas y, con mayor resistencia los detalles.
Así las cosas, la sociedad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia ha tenido que “conquistar información” específica de esas decisiones públicas mediante el ejercicio del derecho de acceso a información y ante las resistencias gubernativas a través del INAI. Invariablemente, el instituto de la transparencia ha dado la razón a los requerimientos de información (mejor conocidos como solicitudes de acceso), reforzando el derecho de la ciudadanía, aunque no siempre lo ejerce a título propio a nombre de personas ciertas sino inclusive utilizando anónimo para evitar represalias a los solicitantes.
Al margen de las polémicas que cada una de las tres obras superiores supone por sus características o justificación frente a otras alternativas, urge mayor explicación sobre su Planeación, ejecución y costo.
De manera especial preocupa -internacionalmente- el impacto medioambiental de la obra de infraestructura ferroviaria que cruzará por las selvas tropicales de la península de Yucatán.
Una sombra de misterio las ha acompañado, especialmente al “tren maya” que ha desatado reacciones de rechazo por las voces de los más diversos grupos de defensores del medio ambiente nacionales y extranjeros.
Además, la duda razonable sobre su conclusión antes de finalizar el mandato del presidente López Obrador.
Las permanentes invocaciones del presidente ante los medios han propiciado cada vez más sofisticadas solicitudes de acceso a la información por lo que la regla (que ha observado en lo general su gabinete ha sido la de negar y/o evitar satisfacer la información reclamada acudiendo a pretextos; y, los solicitantes defraudados acuden al INAI vía recurso de revisión para de esa manera ordenar a las dependencias (sujetos obligados) a cumplir su deber.
Respecto del “tren maya”, el pleno del INAI ha resuelto
Decenas de recursos y, muy seguido alusivas al “tren maya “y la posible degradación del núcleo selvático.
Hablando de vías de ferrocarril, en esa dirección, el miércoles pasado el pleno del Instituto resolvió un recurso del que fue ponente mi compañera, la comisionada Julieta del Río, la exposición que hizo del caso me animó a pedirle me dejara comentarlo aquí.
Se trató de una impugnación planteada por alguien que quiere conocer las resoluciones de impacto ambiental del tramo número 5 del multicitado “Tren Maya”; al parecer hubo variaciones en ese y en otros tramos del proyecto derivados de errores de trazo por cuestiones técnicas como por el riesgo de afectar los ríos subterráneos y/o yacimientos arqueológicos. La Semarnat respondió después del plazo legal y -solo- para reconocer que no contaba con la documentación señalada: ni el resolutivo de la declaración de impacto, ni el cambio de uso de suelo, ni la autorización correspondiente; naturalmente, el INAI como órgano garante resolvió revocar la respuesta y ordenó localizar y entregar la información exigida.
Resulta incomprensible que las dependencias del poder ejecutivo federal nieguen, oculten o pretendan evadir el deber de responder sobre su gestión, aunque se trate de las obras emblemáticas del sexenio.
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