Sinaloa vive un nuevo confinamiento social. No es producto del corona virus, sino de uno acaso más cruel y letal: el del crimen.
Hay algo evidente. Sinaloa no tiene estado, pero sí tiene autoridad. No tiene gobierno, pero sí jefes que mandan. No tiene derecho, pero sí ley: la de la selva.
La gente lleva meses en confinamiento. Los recluye en su casa no el riego del contagio, sino de la muerte.
Los datos son de escalofrío.
Según el diario El Noroeste, hay 503 ejecutados en 3 meses. 618 desaparecidos y más de dos mil vehículos robados. Las ONGs hablan de el doble de desaparecidos. La Universidad está sin clases. Los alumnos de educación primaria, secundaria y prepa, no acuden, así las escuelas estén abiertas. El Sector Privado ha calculado sus pérdidas en 18 mil millones de pesos. Comercios incendiados. El empleo se esfuma. Algunos aviones comerciales no pueden aterrizar en el aeropuerto de Culiacán. Más de un millar de cámaras de vigilancia destruidas.
Sinaloa es la necropsia de un estado muerto. Las imágenes de su agonía son memorables y terribles: López Obrador saludando a la mamá del Chapo. Él mismo refiriéndose de usted a los capos. Dando órdenes de liberación a sus hijos. Un general diciendo que el retorno de la tranquilidad depende de los cárteles. Un helicóptero de las fuerzas armadas sobrevolando Culiacán con una bandera blanca: la claudicación.
Reconstruir la gobernabilidad del estado ni será pronto ni indoloro. Por eso hay que empezar ya.
La guerra se desató por el secuestro de El Mayo, pero los orígenes de la descomposición llevan décadas.
Sinaloa no tiene poderes. No existen. No gobiernan. No mandan: obedecen. Desaparecerlos, según es potestad del Senado de la República sería, entonces, una mera formalidad. Habría que hacerlo ya.
No basta. Sería una medida necesaria, pero no suficiente para restituir el estado de derecho y la gobernabilidad.
Antes habría que tomar medidas dolorosas pero, pienso, inevitables.
Se debería reunir toda la inteligencia de calidad, nacional e internacional, para ubicar geográficamente a los diversos niveles jerárquicos de las bandas criminales. También sus redes de financiamiento y lavado.
Hacer nombramientos extraordinarios para tener poderes locales confiables, así sean temporales.
El actual gobernador debería ser procesado así como muchos de sus antecesores. También todos aquellos funcionarios de los tres poderes y los tres niveles que tejieron una densa red de protección a los criminales. El ejemplo de la operación Manos Limpias en Italia puede servir de guía.
Ejecutivo y legislativo deben decretar el estado de excepción con base en el artículo 29 constitucional. La suspensión de garantías no debe espantar a nadie: para los buenos ciudadanos ya están suspendidas.
Las cabezas de las organizaciones delictivas deben ser extraditados a los Estados Unidos.
Restaurada cualquier situación que asemeje a una normalidad debería acompañarse de todo el poder suave del estado: restitución de tejido social, reconexión de hogares con escuelas y empresas, incentivos fiscales y apoyos directos económicos a mipymes, inversiones públicas masivas, planes conjuntos con el sector privado.
En fin.
Las consecuencias de seguir actuando como si fuera un tiempo normal son gravísimas.
Hay que rescatar a millones del confinamiento del terror y a un estado de la República.
Son tiempos extraordinarios. Hay que actuar en consecuencia.
@fvazquezrig
