El domingo pasado, los chilenos salieron masivamente a votar el plebiscito que les permitirá cambiar la constitución de 1980 que fue redactada y aprobada por el régimen militar de Pinochet. Fue la primera vez en la historia de Chile que se preguntó a la ciudadanía si quería o no una nueva Constitución.
La idea de poner fin a ese engendro constitucional, movió a diferentes sectores políticos y sociales que, en distintos momentos durante los últimos 40 años, buscaron por todas las vías lograr ese fin. Si bien se dieron decenas de reformas en donde sobresalen las 58 modificaciones que hizo en 2005 el expresidente Ricardo Lagos, no todas consistieron en cambios relevantes ni de gran envergadura, algunas fueron simples adecuaciones de texto. Es por eso que se había insistido en un cambio total como la propuesta que hizo en 1999 la candidata a la presidencia Gladys Marín, quien planteaba reemplazar la Constitución vigente por una nueva, para lo cual consideraba necesario realizar un plebiscito y que se convocase a una Asamblea Constituyente que elaborara otra constitución. En ese mismo camino, fue fundamental todo el movimiento estudiantil universitario de 2011, que no solo despertó a la sociedad, atacó las raíces del supuestamente exitoso modelo chileno y se integró a los procesos sociales de la región que se daban por aquel entonces, sino que, además, demandaba tres puntos fundamentales: nueva Constitución, Asamblea Constituyente y renacionalización del cobre.
Por otra parte, hay que destacar que, para 2013 Michelle Bachelet como candidata presidencial por la Nueva Mayoría, planteaba como uno de los proyectos más emblemáticos de su segundo mandato, iniciar un proceso para una nueva Constitución. Derivado de ello se dieron innumerables cabildos provinciales y cabildos regionales, por lo que, a menos de una semana de dejar su cargo, Bachelet firmó el proyecto de ley para una Constitución. En julio de 2013 más de 400 personas participaron en una cita en el Congreso Nacional en Santiago bajo un lema: Plebiscito para otra Constitución. Esa intención, como es de suponer, fue detenida y anulada por su sucesor el presidente Piñera y la élite política y económica que representa.
Hay que recordar también lo trascendental que fueron los hechos ocurridos en octubre de 2019, momento en el cual se desataron las mayores protestas y movilizaciones con pocos antecedentes en la historia chilena, que incluso llevaron a Piñera a decretar el Estado de Emergencia. Pero ni eso, ni la represión que ocasionó numerosas víctimas fatales, calmo el estallido social. Al contrario, lo fortaleció a tal punto que obligó al presidente a pedir perdón por esta falta de visión, a cambiar su gabinete ministerial y a que el 12 de noviembre Piñera anunciara lo impensable: cambios a la Constitución elaborada por la dictadura de Pinochet. De esta forma, el 14 de noviembre la mayoría de los partidos políticos de gobierno y de oposición con presencia parlamentaria, firmaron el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución” que convocaría a un plebiscito popular para redactar otra Constitución nacional.
Lo que sucedió el domingo demuestra que todos esos esfuerzos realizados no fueron en vano. El pueblo chileno habló y se manifestó de forma contundente, ahora lo que viene es la construcción de una Constitución digna. Pero si este logro de promover y lograr el triunfo del “si apruebo” es ejemplo para la región, es igual de significativo el derecho que se da a las mujeres de participar en igualdad de condiciones en la constituyente, es esa idea de construir una carta magna con enfoque de género.
Los retos que se vienen no son pocos, un ejemplo es sobre la visión de Estado que se planteará, pues la concepción institucionalizada que ahora se tiene es la noción de “un estado, una nación”, que ha permitido la permanencia de una élite en el poder. La lucha que sigue es por la implementación de un Estado plurinacional que reconozca la existencia de los pueblos indígenas y la diversidad social.
Si bien es cierto una nueva Constitución no es garantía de que las cosas vayan a cambiar en Chile de la noche a la mañana, abre desde ya un camino en materia de mayores derechos políticos, de libertades y reconocimientos sociales, de un mejor marco jurídico y de la construcción de un proyecto económico más equitativo para el pueblo chileno, pero en particular, es la manera en que se acabará con la sombra de la dictadura.
