En días pasados, llegaron a Colombia tropas norteamericanas con la finalidad de “brindar apoyo para combatir el narcotráfico”, lamentablemente la historia de esas ayudas en el país sudamericano ha dejado amargas experiencias que de nueva cuenta pueden repetirse.
Hay que comenzar por señalar que la presencia militar de Estados Unidos en Colombia es, como en la región, de vieja data, y tiene como momento de mayor incremento el famoso Plan Colombia, que aprobado en 2001, supuestamente tenía como propósito contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico con un componente de ayuda social. Sin embargo, un informe elaborado por la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA) señalaba como dicha presencia no disminuyó el narcotráfico, la estrategia de aspersión para intentar erradicar plantaciones de coca no solo no funcionó, sino que además, originó gran riesgo para la salud de miles de personas; se incrementó el número de víctimas del conflicto interno colombiano; aumentaron las agresiones a campesinos y defensores de DDHH por la militarización que la iniciativa trajo consigo; se dio un fortalecimiento de grupos paramilitares pese al proceso de desmovilización que se intentó con estos grupos y hasta se sabe de la formación de grupos de mercenarios, que a la fecha se mantienen.
Uno de los hechos más delicados se conoció a través del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que denunció, como durante la ejecución del Plan Colombia, entre 2003 y 2007 en dos ciudades próximas a la base militar de Tolemaida, la más importante de Colombia, 53 mujeres habían sido violadas por militares y contratistas estadounidenses, quienes grabaron los abusos y vendieron los videos como material pornográfico. Estas denuncias hoy en día están en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de dichos funcionarios. Otros escándalos fueron; por un lado, que un teniente coronel y un sargento estadounidenses, vinculados al programa de entrenamiento militar del Plan Colombia, fueron detenidos por tráfico de armas; el otro incidente no menos grave, fue la detención de cinco militares, que eran miembros del cuerpo de instructores antinarcóticos de las tropas colombianas, que fueron detenidos por "presuntamente transportar" 16 kilos de cocaína en un avión militar.
En 2009, cuando el gobierno de Álvaro Uribe llegó a un acuerdo para permitir la llegada de militares americanos a siete bases colombianas: Palanquero, Apiay, Bahía Málaga, Tolemaida, Malambo, Larandia y Cartagena. La controversia comenzó porque el acuerdo no pasó por el Congreso como era debido, además del hecho que los militares no tendrían que responder ante las leyes colombianas pues el acceso incluía una cláusula de inmunidad. De ese gobierno, también es famoso el ataque contra el campamento de las FARC-EP en suelo ecuatoriano, donde fue asesinado el líder del grupo insurgente Raúl Reyes, 20 integrantes más y cuatro estudiantes mexicanos, lo que contó con el apoyo del gobierno americano y desató una crisis sin precedentes entre los dos países.
Por las razones expuestas y, que se pueden repetir, es preocupante la nueva presencia de militares americanos. De inicio, su estancia en el país ni siquiera lo informó el gobierno colombiano, sino que se supo por intermedio de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y luego refrendada por el Ministerio de Defensa Nacional.
Se supone que los militares que llegan es una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), adscrita al Comando Sur que aterriza para asesorar y ayudar en operaciones en naciones aliadas. Pero, a diferencia de otras ocasiones, los temores de que estén estos militares son mayores, no solo por el hecho de que es una estrategia para mantener la hegemonía en la región, frenar las relaciones de países latinoamericanos con China, Rusia e Irán, sino en especial, para ponerle presión al régimen de Maduro e incluso crear las condiciones para un futuro derrocamiento.
Que un país como Colombia lleve más de dos décadas facilitando y promoviendo la presencia norteamericana en la región, es muy lamentable para una nación que se dice democrática y que ha logrado consolidar un proceso de paz de alcances internacionales. El apoyo de algunos gobiernos como el actual de Iván Duque, en acciones "intimidatorias" a países vecinos, desdice los principios de no intervención, de respeto a la soberanía nacional, que ha jurado cumplir ante organismos internacionales. No solo es una actitud que lo aísla regionalmente, sino que además, lo muestra como aquello que supuestamente quiere combatir, el autoritarismo.
